RAWSON - Se trata de Graciela Suárez García. En 2010 se ocupó de la denuncia de una mujer que había escapado de un prostíbulo de Puerto Rawson. Según la acusación en su contra, la investigadora archivó el expediente sin ordenar medidas básicas. El tema estuvo a punto de quedar impune. Irá a jury.

La fiscal de Rawson, Graciela Suárez García, será sometida a un jury de enjuiciamiento por mal desempeño debido a su trabajo en un caso de trata de personas en la capital. La acusan de no haber investigado como debía la denuncia de una mujer que en febrero de 2010 escapó del prostíbulo “La Sirenita” en Puerto Rawson, al que había llegado engañada y de donde logró escaparse.

Pese a la gravedad de los maltratos y abusos sexuales que relató la chica una vez rescatada en la Comisaría de la Mujer, Suárez García no ordenó medidas elementales como pericias psicofísicas a la víctima y al acusado, secuestros de historias clínicas o allanamientos en los lugares sospechados.

La fiscal prefirió el archivo de la denuncia con el argumento de que no se había podido identificar a los presuntos autores y era manifiesta la imposibilidad de reunir evidencias. Luego se supo que no era así y QUE esa conducta casi deja impune el caso.

Todo terminó con la condena de Cristóbal Barboza, el conocido empresario de la noche de Trelew, a tres años de prisión. El tema lo terminó resolviendo la justicia federal. Ya en su momento, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia incluyó en la condena a Barboza un reto para la fiscal: “Estas omisiones no sólo perjudicaron la pesquisa sino al sentenciable”, dijeron.

En su última sesión en Trevelin y por voto dividido, el Consejo de la Magistratura decidió el enjuiciamiento de Suárez García. El sumario del caso lo realizó Martín Montenovo, representante de los magistrados por la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia. Tras su pesquisa, Montenovo recomendó devolverle el expediente al procurador general Jorge Miquelarena para una sanción. Pero el resto del cuerpo opinó que la falta era demasiado grave. Excepto por el sumariante, todos votaron por el jury. Hubo un planteo de prescripción del tema, que no prosperó.

Miquelarena admitió que Suárez García no obedeció los protocolos para casos de trata que la Procuración instruyó a sus fiscales hace años.

Según la condena a Barboza de los jueces Pedro de Diego, Enrique Guanziroli y Nora Cabrera de Monella, “otro final hubiera tenido este proceso sino hubiera sido por la oportuna y leal presentación del secretario del Consejo Provincial de la Niñez, Daniel Rodríguez”.

Si no fuese por su advertencia el delito hubiese quedado impune. Este funcionario coordinó de madrugada la primera atención para la joven de parte del Servicio de Asistencia a la Víctima. La mujer regresó a su Corrientes natal pero Rodríguez dudó tras enterarse de que Suárez García había archivado el expediente. Se entrevistó con Miquelarena y le advirtió lo que podía suceder. Así, el caso pasó al fiscal federal Fernando Gélvez, que sí impulsó la pesquisa.

“Las actuaciones policiales iniciales, dirigidas por la autoridad local superior (por Suárez García), efectivamente no hicieron operativos contemporáneos sobre el lugar, como vigilancias, seguimientos, allanamientos de domicilios o interceptaciones telefónicas al denunciado”, dijo el TOF.

Tampoco hubo secuestro de elementos de la víctima ni se corrigió a tiempo la falta de oportuna y adecuada revisación médica “y su triste desprotección, asegurando rápidamente la prueba aún sumaria de la existencia de sucesos tan graves”.

Fuente: Jornada