Tres fiscales investigarán a los ministros del STJ de Chubut por denuncias de sueldos irregulares y abuso de poder
Lucas Papini, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, encabeza el trabajo para dilucidar las acusaciones contra los integrantes de la Corte Provincial.
El procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, dispuso la conformación de un equipo judicial especial para investigar a los seis miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), tras la denuncia presentada el pasado 26 de junio por la Asociación de Magistrados, que acusó a los ministros por manejo irregular de sobresueldos, pasajes aéreos, contrataciones sin concurso, remociones de personal y resoluciones administrativas no publicadas.
El jefe de los fiscales aceptó el pedido del titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Omar Rodríguez, de sumar a los fiscales Lucas Koltsch (Trelew) e Ivana Berazategui (Puerto Madryn) al equipo encabezado por Lucas Papini, que es el segundo en la mencionada unidad.
La incorporación de los fiscales de distintas circunscripciones, según había argumentado Rodríguez, citado por diario Jornada, responde al “tenor institucional” del caso y a la necesidad de dar “una respuesta más acabada sobre el asunto”, además de garantizar que las tareas avancen sin demoras. Así, y con consenso entre los jefes de fiscalías, Koltsch y Berazategui fueron propuestos para reforzar a Papini y su equipo, quienes ya están abocados a la causa.
La denuncia –documentada en un extenso informe de 49 páginas– incluye acusaciones formales contra los ministros Silvia Bustos, Camila Banfi, Javier Raidan, Andrés Giacomone, Ricardo Napolitani y Mario Luis Vivas. Los señalados deben responder por la presunta percepción de sobresueldos, adjudicación irregular de pasajes, contratación sin concurso, remoción arbitraria de empleados y la emisión de actos administrativos sin la debida publicidad.
En los próximos días se avanzará con la recolección de documentación, testimonios y los primeros pasos oficiales del procedimiento judicial.
Qué dice la acusación contra los ministros del Superior Tribunal
La denuncia penal presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut marcó un nuevo escalón en la crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial. El escrito, de 49 páginas, acusa a seis ministros del Superior Tribunal de Justicia de incurrir en una serie de maniobras irregulares, entre ellas aumentos salariales autoasignados, designaciones sin concurso, uso discrecional de fondos públicos y despidos sin sumario previo. Los abogados Alfredo Pérez Galimberti y Raúl Heredia patrocinaron la presentación.
Uno de los puntos más graves que expone la denuncia refiere a incrementos salariales aprobados por los propios ministros a través de acuerdos plenarios dictados en marzo y mayo de este año. Según se detalla, el presidente del STJ, Javier Raidan, recibió un aumento del 50%, mientras que sus vicepresidentes, Camila Banfi y Ricardo Napolitani, accedieron a subas del 45%, y los demás ministros, del 20%.
La presentación sostiene que estos aumentos (luego retrotraídos por los ministros, tras un informe de ADNSUR en el que puso en evidencia la serie de maniobras y el escándalo desatado) violaron la Ley de Proporcionalidad Salarial, que exige replicar cualquier mejora en toda la estructura judicial, por lo que se trataría de un acto de defraudación al Estado.
Otro eje crítico de la denuncia apunta a la autoasignación de 72 pasajes aéreos por año –12 por cada ministro– para vuelos entre Trelew y Buenos Aires, sin respaldo normativo ni justificación institucional.
“El Superior Tribunal a veces tiene que acudir a reuniones en representación, pero 72 ocasiones en el año parece una cosa exagerada y habría que fundamentarla en cada caso”, dijo el abogado Pérez Galimberti, al detallar la denuncia, en diálogo con Actualidad 2.0.
“Hay cuestiones que son una falta de ética a la austeridad republicana, como el hecho de comprar 6 vehículos de alta gama para ministros que no tienen mucha necesidad de desplazarse, salvo una que otra vez, o fijarse viáticos de más de 300.000 pesos diarios, pareciera de una actitud no republicana y obviamente no austera, como lo ha sido el tribunal en sus 50 años precedentes”, advirtió.
También se cuestiona la compra de vehículos de alta gama, la fijación de viáticos diarios de hasta 300 mil pesos, tanto para ministros como choferes. La AMFJPCH plantea que todo responde a un patrón de “abuso sistemático de poder”, alejado de los principios de austeridad y transparencia que deben regir en el Poder Judicial.
El escrito también denuncia designaciones sin concurso, como las de Mariano Pardini, Diego Maceratesi, Roberto Gambuza y Gustavo Aguilera, así como posibles casos de nepotismo, como el de Marina Obregón –supuesta pareja del ministro Giacomone– nombrada secretaria particular del STJ.
Finalmente, se señala el despido arbitrario de dos empleados de Prensa, tras acceder a mensajes privados de WhatsApp donde se habrían expresado críticas internas. La Asociación sostiene que esa remoción viola derechos constitucionales básicos y configura una persecución institucional inadmisible.
