Tras la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner, cómo están actualmente las rutas entregadas a Lázaro Báez en Santa Cruz

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la provincia de Santa Cruz recibió un volumen sin precedentes de obra pública vial: el 80% fue adjudicado a Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez. De las 51 licitaciones ganadas por su grupo, muchas nunca se terminaron y hoy, a casi una década del derrumbe del negocio, las rutas siguen dando testimonio del colapso y la corrupción.

La Corte Suprema confirmó recientemente la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude en perjuicio de la administración pública. El eje de la causa, conocida como “Vialidad”, está en estas rutas. Jueces y fiscales acreditaron que hubo direccionamiento sistemático de fondos hacia Báez, quien también cumple prisión domiciliaria por lavado de dinero y podría volver a la cárcel común si se avanza en la sentencia firme de la causa “Ruta del Dinero K”.

Santa Cruz, con su geografía inhóspita y baja densidad poblacional, necesita rutas funcionales más que otras provincias. Hoy, muchas de esas trazas están inconclusas o en pésimo estado. Obradores fantasmas, terraplenes a medio hacer y estructuras abandonadas flanquean caminos por los que se transita con extrema precaución. De las 24 obras que Austral dejó sin concluir en 2015, solo una tuvo continuidad parcial.

Uno de los puntos más críticos es la Ruta Nacional 40, columna vertebral del turismo y de la conectividad cordillerana. Tiene tramos que se pavimentaron durante los gobiernos kirchneristas, pero otros –como los 73 kilómetros entre Tres Lagos y Lago Cardiel– siguen siendo ripio inestable. Esa obra fue adjudicada en 2009 por $259 millones y, pese a que se informó un 78% de ejecución, no tiene un solo kilómetro asfaltado. En el último verano, una decena de accidentes –incluido el fatal de un turista coreano– reflejaron la peligrosidad del tramo.

Otro caso emblemático son los 82 kilómetros entre Rospentek y Bella Vista, adjudicados por $616 millones en cinco licitaciones diferentes. Solo se ejecutaron parcialmente y, tras las nevadas de 2023, el trayecto quedó prácticamente intransitable. Incluso pueblos como Lago Posadas, que dependen de rutas como la provincial 39, continúan aislados cada invierno pese a que la obra de enripiado fue “finalizada” con un sobreprecio millonario.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el kirchnerismo local responsabilizó a Nación por la paralización de las obras. Sin embargo, fue Alicia Kirchner quien pidió la rescisión de los contratos de Báez. Más adelante, en 2022, anunció una reactivación de la ruta 39 por más de $4700 millones. La empresa CPC, de Cristóbal López, comenzó las tareas, pero abandonó el proyecto en noviembre de 2023.

En localidades turísticas como El Chaltén o El Calafate hubo avances parciales. El acceso asfaltado a los glaciares y al Parque Nacional Los Glaciares, por ejemplo, se completó recién después de 2004. Pero la otra cara de la moneda sigue siendo el atraso estructural en zonas menos turísticas. Las obras adjudicadas en 2023 para pavimentar las rutas provinciales 41 y 43 por $10.000 millones, que incluían la mejora del acceso al aeropuerto de El Calafate, nunca se iniciaron. Son proyectos que siguen en los papeles mientras los caminos continúan deteriorándose.

Otro punto crítico es la inconclusa autovía entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Con 4238 vehículos por día, la Ruta Nacional 3 es un eje clave para la industria petrolera y el tránsito regional. Tras varios intentos fallidos de ejecución y rescisión de contratos a empresas ligadas tanto a Báez como a López, la obra fue incluida en el presupuesto 2025 con $15.614 millones. A pesar de esa asignación, en junio aún no hubo avances concretos ni reinicio de obras.

Mientras tanto, se firmó un nuevo convenio entre Nación y la administración provincial para tareas de mantenimiento en rutas nacionales como la 281, 288, 40 y 3, especialmente de cara al invierno. El acuerdo apunta a sostener la transitabilidad mínima ante las fuertes nevadas, pero no resuelve el problema de fondo: el abandono estructural y el colapso de una red vial cuya financiación quedó marcada por la corrupción.

Como muestra del deterioro institucional, el hecho más simbólico de este año fue la remoción del monumento al escritor y periodista Osvaldo Bayer, ubicado a la vera de la Ruta 3 cerca de Río Gallegos. El episodio no tuvo explicaciones oficiales y derivó en el desplazamiento del jefe de distrito de Vialidad Nacional, Paulo Croppi. Para muchos, fue una metáfora del desmantelamiento, tanto físico como simbólico, que atraviesa la infraestructura vial de la provincia.

Santa Cruz aún carga con el peso de obras inconclusas, contratos opacos y decisiones políticas que priorizaron los intereses privados por sobre las necesidades públicas. El caso Vialidad dejó condenas judiciales, pero también dejó caminos que todavía no conducen a ningún lado.

Con información del diario La Nación, editada por un periodista de ADNSUR.