COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Secretaría de Energía de la Nación convocó a audiencia pública para el próximo 15 de marzo, a fin de tratar el aumento de tarifas para el servicio de distribución de gas natural, en una instancia que deberá definir un porcentaje de ajuste que para el secretario Darío Martínez “no puede subir por encima de los salarios”. El mismo funcionario nacional había anticipado que los precios subirán más para sectores con mayor capacidad de pago. ¿En cuánto deberían subir los subsidios del Estado nacional para sostener el servicio?

“Hoy el Estado subsidia el 51% del costo general de la energía; y el 49% restante se paga en la factura; eso hay que empezar a equilibrarlo, pero es un proceso que va a llevar mucho tiempo”, dijo Martínez, en declaraciones a la agencia Telam.

El desequilibrio al que hace referencia se basa en el crecimiento de los aportes que cada año debe hacer el Estado nacional para sostener la prestación del servicio. Durante el año 2020, a raíz de la pandemia, el gobierno nacional resolvió congelar las tarifas de gas y electricidad (el primero incide también en el mercado eléctrico, ya que más de la mitad de la generación se realiza a través de máquinas abastecidas con gas).

Esa decisión de evitar los aumentos, necesaria para los sectores empresarios y laborales afectados por la paralización económica, demandó un mayor esfuerzo del Estado nacional para cubrir la diferencia, entre los costos de generación y el valor pagado por los usuarios, ya sean residenciales o industriales.

Más de 6.000 millones de dólares en subsidios

Un informe elaborado desde la consultora Econométrica, en diciembre último, plantea un complejo problema para los próximos meses: los subsidios energéticos, para cubrir la diferencia entre el costo real y lo que pagan los usuarios residenciales e industriales por los servicios esenciales, demandarán en 2021 unos 6.100 millones de dólares, con una incidencia del 3% sobre el PBI. Si se confirma la decisión de congelar hasta fin de año, advertían en ese momento los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo, el retraso tarifario alcanzaría el 80 por ciento.

Vale recordar que hay un punto de tensión entre distintos sectores del gobierno nacional: de un lado, en el ala más cercana al ministro de Economía Martín Guzmán, del que ahora depende el área de Energía en lo formal, se admite la necesidad de que se requiere readecuar las tarifas, para disminuir el peso de los subsidios. Del otro, en sectores más cercanos a Cristina Fernández, quien tuvo alta incidencia en la designación del nuevo secretario de Energía, el tema tarifario no debería tocarse en un año electoral, o al menos no en la medida del retraso actual.

Por eso se especula con un camino intermedio, pero más cercano al cálculo electoral: un aumento por debajo del 10 por ciento en esta etapa de marzo y algo similar en octubre, para mantener las tarifas por debajo de la pauta inflacionaria de este año, que el gobierno ha proyectado en un 29 por ciento.

Claro que la decisión de pisar las tarifas no es “gratuita”, sino que implica que el Estado nacional deba incrementar el aporte de subsidios para sostener el sistema. Según advierte el informe de Econométrica, hasta noviembre del año pasado los subsidios ya habían alcanzado los 5.574 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 29% en relación a igual período de 2019, ya que las tarifas quedaron fijas durante todo 2020, a raíz de la pandemia.

El problema no sería tan grave si el país contara con los miles de millones de dólares para sostener el sistema en funcionamiento.

Vale repasar un concepto, advertido por los economistas y también reconocido desde el ámbito político nacional: los subsidios no implican un beneficio para las compañías, sino que apuntan a cubrir la diferencia entre el costo de producir gas y electricidad frente a lo que se recupera por dicho producto. Parte de esos recursos son los que deben cubrir el plan Gas 4 o Gas Ar, para incentivar la producción gasífera en todas las cuencas del país, a fin de reducir la importación de ese fluido. Según el informe de Econométrica, ese sistema de incentivos demandará no menos de U$$ 1.500 M.

Una frazada siempre corta

Entre los puntos salientes del informe de Econométrica, se pondera que durante el gobierno de Cambiemos se apuntó a reducir los subsidios a la energía. Con esa finalidad, hacia febrero de 2019 el precio pagado por los usuarios en sus facturas de electricidad cubría el 82 por ciento del costo de generación, mientras que en el gas natural se elevaba al 90 por ciento. Esto fue así a partir de los sucesivos ajustes tarifarios aplicados, sistemáticamente, desde febrero de 2016.

Un  argumento en contra de esa relación ha sido expresado recientemente por el ex vicepresidente de Cristina, Amado Boudou, quien sostiene que “con las ganancias acumuladas por las empresas en el período anterior, no necesitan aumentos de tarifa”. Ese análisis, sumado al planteo del interventor del ENARGAS para profundizar el conocimiento del costo real de la generación de energía en el país, permite anticipar por dónde pasarán los argumentos del sector del gobierno que buscará resistir los aumentos.

El informe de Econométrica deja otros datos: tras el congelamiento de 2020, la relación entre de costos de producir energía y el recupero a través de las tarifas volvió a caer fuertemente,  a niveles del 15 por ciento para la electricidad y del 60 por ciento para el gas. Esa diferencia debió ser cubierta con subsidios estatales, que impactaron en un 2,3 por ciento del PBI, causando la mitad del déficit fiscal del año pasado.

Los subsidios no llegan a todos los sectores de la cadena. Esto explica por qué las distribuidoras de electricidad tienen una deuda de 140.000 millones de pesos con CAMMESA (entre ellas, las cooperativas de Chubut, con alrededor del 10 por ciento de ese monto adeudado a la empresa mayorista). Las distribuidoras de gas, por su parte, adeudan a las productoras un monto que asciende a más de 57.000 millones de pesos. Entre éstas, la compañía Camuzzi Gas del Sur, con fuerte presencia esta región, adeuda algo más de 14.200 millones de pesos, según el mismo informe.

Martínez: “Hay sectores que necesitan subsidios”

Claro que la decisión de mover tarifas choca contra un contexto social sumamente adverso, a partir de los efectos económicos de la pandemia y las medidas de restricción que terminaron impactando sobre la economía.

Por eso, en la Secretaría de Energía de la Nación piensan en un esquema segmentado, para que paguen más los sectores no tan afectados por la crisis, o que pudieron sostener su capacidad de generar ingresos.

“Necesitamos una política de subsidios más eficiente –le dijo Darío Martínez a ADNSUR en oportunidad de entrevistarlo a poco de asumir el cargo-. Hay un porcentaje de la población que puede hacer frente al costo de la energía, sin subsidios y otro sector que de ningún modo podría afrontar un aumento. Hoy tenemos herramientas ágiles, que nos ha dejado la pandemia, para verificar cuáles son los sectores sociales más afectados y a cuáles se necesita subsidiar, protegiendo a los más vulnerables”.

En la misma línea, profundizó: “Luego, hay un sector de la sociedad que puede ir acompañando un esquema tarifario en función de sus ingresos, pero lo que tenemos que tratar es que no deje de consumir otros bienes y servicios, para poder pagar la energía, sino que pueda mantener un poder adquisitivo. Esto es lo que vamos a analizar”.