COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Entre 2016 y 2019 el aumento de las tarifas de luz y de gas se convirtieron en un verdadero martirio para los argentinos –dijo Fernández durante su discurso-. Las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas, sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”.

Las tarifas de servicios públicos quedaron congeladas desde octubre de 2019. Fue la decisión adoptada por Macri en su intento de revertir la derrota electoral de ese año. Posteriormente, cuando en abril de 2020 debía volver a tratarse el aumento (el esquema anterior dispone ajustes semestrales en cada año), la emergencia por la pandemia motivó que se prorrogara el congelamiento, en forma sucesiva, hasta abril de este año.   

“Si siguiéramos con el sistema de Revisión Integral Vigente que heredamos del anterior gobierno, el gas debería haber aumentado un 80 % en octubre de 2019 y debería aumentar un 130 % en abril de este año. La electricidad, por su parte, debería aumentar un 168 % en el próximo mes de abril”, precisó Fernández.

Tarifas: descongelamiento gradual para gas y electricidad  

Sin embargo, admitió que la medida del congelamiento no podrá prorrogarse, aunque el descongelamiento no tendrá la magnitud de impacto de esas proyecciones: “Ahora llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo”, reconoció.

“Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren”.

Emergencia y desdolarización de servicios públicos

Fernández admitió que la conformación del nuevo cuadro tarifario, basado en la capacidad de pago de los usuarios, “va a demandar meses”, por lo que anunció que se marcará un sendero de precios para los servicios de luz, gas y otros esenciales para el año próximo.

Con esa finalidad, anticipó el envío de un proyecto de ley que declare “la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”.

El objetivo chocará contra un límite fijado por la cartera energética del mismo gobierno: este año se ha lanzado el plan GasAr, que reconoce un precio de 3,70 dólares por unidad de medida del gas (Millón de BTU) para recuperar la producción de ese fluido y reducir la necesidad de importaciones en el próximo invierno, que a su vez tendrán precios por encima de esa referencia fijada a nivel nacional: lo que no paguen los usuarios, tanto de gas como de electricidad, deberá ser cubierto por el Estado a través de subsidios.

Tal vez por eso se habla en ámbitos energéticos de que se destinará una partida de 60.000 millones de pesos para cubrir los subsidios que necesitarán Enedor y Edesur, las distribuidoras que prestan el servicio en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). ¿Llegarán también los subsidios nacionales, para las distribuidoras del interior del país?