RAWSON (ADNSUR) - En materia político-económica, y más allá de la acuciante realidad que marca el incremento de casos positivos de COVID19, terminó una semana marcada por el incremento de movilizaciones de gremios estatales, con pedidos de reuniones urgentes por parte de la cúpula judicial, todo sumado a la paralización de la actividad legislativa, e incluso a la novedad de una medida cautelar que fija un plazo perentorio de depósito de haberes a una magistrada.

Ante este crítico panorama, el dato más caliente que está en condiciones de anticipar ADNSUR es que en la conducción del gobierno chubutense se trabaja contrarreloj en el armado de un nuevo proyecto de endeudamiento como la única solución inmediata para afrontar el pago de la deuda a los trabajadores, que asciende a dos meses y medio de salarios y que también incluye una deuda retroactiva en concepto de “cláusula gatillo”.

Los números de la provincia marcan que en materia salarial hacen falta 17 mil millones de pesos de manera inmediata para quedar al día con los 64.300 agentes públicos, sumando activos y pasivos.

Esta cifra surge de sumar dos masas salariales de $ 5.000 millones, más un medio aguinaldo de $ 2.500 millones, más $ 4.500 millones que se deben por la cláusula gatillo pendiente de las paritarias de 2019. Este saldo retroactivo se debe a casi todos los estamentos del Ejecutivo (salud, policía, viales, administración central, etc.) con la única excepción de los docentes, por un acuerdo firmado en febrero pasado por el entonces ministro de Educación, Andrés Meiszner, con el objetivo nunca cumplido de destrabar el inicio de clases.

 

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

El problema estructural que afrontan los números de Chubut, tal como explicó ADNSUR el último miércoles, es que se mantiene un déficit de $ 2.400 millones mensuales. Este desfasaje entre ingresos y egresos que viene de arrastre, se vio agravado este año por la pandemia, que generó que durante casi dos meses de parálisis total, los recursos bajaran a la mitad.

Por lo tanto, como ya ocurrió con la toma de deuda con el Fondo Fiduciario en el mes de junio (se recibió el equivalente a una masa salarial), pedir más dinero sólo es un paliativo momentáneo, porque el rojo de las cuentas hace que inmediatamente al mes siguiente se vuelva a caer en el mismo problema.

Es decir que la solución para ordenar las cuentas pasa por un “combo” que incluye la refinanciación de la deuda anterior en dólares –proceso que se inició pero llevará tiempo-; achique de gastos –la opción más difícil, porque implica un ajuste drástico que nadie quiere tomar-; mejora de ingresos, sea por dos variables externas como la suba del barril de petróleo o una devaluación, o por la variable interna del aumento de la recaudación de tributos provinciales, que demanda un trabajo a largo plazo; o en todo caso, el aumento de ingresos podría surgir producto de una nueva fuente de recursos, como podría ser una nueva actividad productiva.

Según cuentan a esta columna los voceros autorizados de Casa de Gobierno, el objetivo que desvela al gobernador Mariano Arcioni y su equipo, y con el que pretenden terminar el actual ejercicio 2020, se define con una palabra: “previsibilidad”.

En las reuniones con la dirigencia gremial quedó claro que, para ordenar su economía doméstica, el empleado público quiere cobrar todos los meses y en una fecha precisa.

Algo parecido a lo que se logró en los últimos meses de 2019: fechas fijas de pago escalonado, donde cada rango sabía con certeza que en una semana determinada a lo largo del mes iba a tener su sueldo depositado. Ese “veranito” explotó por la decisión de pagar el medio aguinaldo de manera completa en enero y luego se agravó por el depósito de la cláusula gatillo a los docentes, que obligó a sacar recursos de otras áreas, y terminó de detonar la bomba con el parate del coronavirus.

IDEA EN MARCHA

El primer dato a tener en cuenta y que ya es una definición, es que en el gobierno ya no pensarían en pagar la deuda a los empleados públicos con un bono, que fue una idea que circuló en algún momento y que, según pudo averiguar esta columna, estaría descartada.

El retroactivo de 4.500 millones que se debe a la mayoría de los empleados del Poder Ejecutivo, no se pagará con un “papelito de colores”, una especie de Ticket Canasta canjeable en mercados, que por otra parte iba a desfinanciar la caja.

Tampoco se está pensando en tomar una deuda para pagar esa cifra, sino que formaría parte de un acuerdo con los gremios para, probablemente, hacer un prorrateo en una serie de cuotas que se sumarían al salario mensual.

Y otra de las decisiones masticadas por estas horas pasaría por pagar cash, en efectivo, y de una sola vez, el medio aguinaldo, que en alguna oportunidad el gobernador Arcioni reconoció públicamente que se pensaba pagar en 6 cuotas.

En vez de esos 6 tramos hasta diciembre, la idea es tratar de conseguir el dinero para cancelarlo de una vez, teniendo en cuenta lleva una demora de 60 días, a lo que se suma el atraso de casi dos masas salariales, ya que a la de julio se agrega en pocos días la del mes de agosto. Todo eso implica, como ya se ha dicho, un total de 12.500 millones de pesos.

Y ante este escenario, hay una coincidencia general en que la única alternativa pasa por enviar a la Legislatura un proyecto de Ley que autorice un nuevo endeudamiento, algo que ya se está hablando hace días con diputados del oficialismo y la oposición.

En las intensas reuniones que hubo esta semana en Fontana 50 por esta cuestión, se discute qué cifra plasmar en ese proyecto, y según trascendió, hubo quienes plantearon que se debería pedir un monto máximo de hasta $ 15 mil millones.

De concretarse, será un proyecto que tendrá una objeción de entrada: tomar endeudamiento para pagar gastos corrientes está prohibido por Ley. Pero la respuesta ya está preparada: hay sobrados ejemplos en el pasado reciente de estas excepciones, como los bonos Bocade y Bopro, que fueron destinados al pago de sueldos de los municipios. Incluso un tramo de endeudamiento de 32 millones de dólares fue pedido por el ex ministro Pablo Oca a la Legislatura anterior, que lo autorizó a destinarlo a gastos corrientes.

Lo que el gobierno pretende es que la Cámara lo autorice a tomar una deuda a mediano plazo, es decir con vencimientos de aquí a 3 o 5 años y no tener que recurrir a una herramienta con la que ya cuenta, que es un fondo disponible del Programa de Letras, que la habilita a tomar financiación por hasta 190 millones de dólares. Ocurre que son fondos que deberían ser devueltos en los próximos 60 o 90 días, es decir, pan para hoy, hambre para dentro de cinco minutos.

 

 

 

De todos modos, más allá de este festival de cifras, las fuentes consultadas aclaran lo siguiente: no se termina todo el problema en la autorización de la Legislatura, sino que el monto final y las condiciones, las marcará luego el mercado.

Por ejemplo, este mes no hubo posibilidad de colocar nuevas letras, y los sueldos se pagaron casi en su totalidad con recursos propios, con el consecuente atraso en las fechas. Es decir que con la ley en la mano como primer paso, Chubut debería salir luego a ver cuánto consigue, a qué plazo y con qué interés.

Una provincia que hoy está intentando renegociar a cinco años su deuda en dólares con los acreedores, porque se le hace cada vez más difícil afrontarla en tiempo y forma, y con un importante déficit estructural.

 

OPCIONES EN DANZA

El gobernador Mariano Arcioni estuvo en las últimas horas a agenda completa en Buenos Aires abocado a la tarea de empezar a preparar el terreno para el arribo de más fondos.

Según pudo reconstruir esta columna, el mandatario mantuvo reuniones en el Congreso de la Nación y en el Ministerio del Interior, para conseguir un nuevo apoyo financiero. La mejor alternativa, la “opción A”, depende de un gesto político: que Nación autorice al Fondo Fiduciario a bajar más fondos a Chubut, como hizo en un acuerdo firmado en mayo que fue votado por la Legislatura en junio. En ese caso fueron $ 5 mil millones a devolver en tres años, que sirvieron para cancelar una masa salarial.

Ahora el objetivo de máxima, sería que dentro de ese mismo esquema, Nación autorice $ 15 mil millones para saldar la deuda con los empleados públicos, que permita llegar con oxígeno a fin de año.

Fuentes cercanas al gobernador afirmaron que Arcioni llevó todas las carpetas con los números de la provincia, y las presentó en los lugares indicados, a la espera de una respuesta, un “gesto” de apoyo político a la gestión. Habrá que esperar novedades en los próximos días.

Si no es a través de este fondo, la herramienta deberá buscarse en el mercado financiero, sea a través de letras o de un nuevo bono. Lo que está claro es que el dinero deberá surgir de un nuevo préstamo a devolver en los años sucesivos.

Y para eso, hará falta una nueva señal de apoyo de la Cámara de Diputados, algo similar a lo que ocurrió con la renegociación de la deuda, en el marco de lo que se ha dado en llamar la “nueva etapa de diálogo y consenso”.

Mucho trabajo tienen por delante Javier Touriñán, José Grazzini y Juan Pais para lograr el apoyo a esta nueva ley que necesitará votos de la oposición, y también el consenso de parte de los gremios estatales.

Algunos dirigentes sindicales ya fueron “sondeados”, según reconocieron a esta columna, y darían su aval como única manera de cancelar la deuda con sus representados. Y algunos diputados de la oposición que también dialogaron con ADNSUR, admitieron que hablaron con el gobierno y que la idea no les simpatiza, pero que no parece haber otra salida. ¿Llegarán más fondos frescos a Chubut? Una cosa es cierta: no se ve un Plan B en el horizonte, y la paciencia de los estatales parece estar agotándose.