COMODORO RIVADAVIA (Especial para ADNSUR / Por Raúl Figueroa) El Día del Trabajador encuentra a la región en un delicado momento, inmerso en los cambios que vive la economía del país y con particularidades propias que se suman por la crisis del petróleo. Fuentes inobjetables confirmaron a ADNSUR en las últimas horas que por efecto de esta situación hay alrededor de 2.000 desvinculaciones en el ámbito laboral petrolero (incluyendo sectores de la construcción en yacimientos), algo que podría elevarse en función de que estimaciones al año pasado daban cuenta de una posible sobre dimensión de 3.000 puestos laborales en la actividad.

A ello se sumarían los vaivenes de otras actividades que sufren el impacto indirecto: en el comercio, se dijo desde el gremio, hay una rotación no inferior a 150 seguros laborales por mes.

Vale recordar, en la mayoría de los casos no se trata de despidos en el sentido taxativo de la palabra, sino que son desvinculaciones acordadas, previstas por uno de los artículos de la ley de Contrato de Trabajo.

“No son ni despidos ni renuncias”, explica una fuente cercana a este tipo de operatorias. Con acuerdos homologados en la Secretaría de Trabajo o en Escribanías públicas, esto implica que el trabajador recibe una indemnización superior a la que correspondería por la extinción laboral, de allí que quizás en lo inmediato no se siente el impacto negativo en la economía local.

Una situación similar a la que se vivió entre los años 1991 y 1993, cuando los “retiros voluntarios” y las altas indemnizaciones permitieron disimular durante un tiempo la crisis, que impactaría más crudamente antes de la mitad de aquella oscura década.

LA CRISIS

Quienes se desempeñan cerca de la industria petrolera y monitorean este tipo de tramitaciones, sostienen que el número podría ser mayor: estimaciones trazadas sobre fines del año pasado daban cuenta de que la sobredimensión del mercado laboral petrolero, según quienes participan de esas negociaciones y escuchan en forma directa a responsables de la industria, oscila los 3.000 puestos laborales.

En ese marco, continúa el trabajo entre sindicatos y operadoras para avanzar en la jubilación de operarios que reúnen las condiciones para hacerlo (la certificación de 25 años de servicio y el haber cumplido 50 años de edad). A ello se suma el sostenimiento de puestos de trabajo en operadoras con Tecpetrol, donde se acordó una reducción salarial del 30%.

CASOS IRRESUELTOS

También hay situaciones críticas en otros sectores laborales. Por caso, en la semana se conocerá cuál será el destino de los 78 trabajadores de Lufkin, que la empresa (absorbida por General Electric) busca cesar en base a la reducción de la actividad; o los casi 40 puestos laborales en una empresa histórica como Rectificaciones Rivadavia, tratándose en ambos casos del sector laboral abarcado por la Unión Obrera Metalúrgica.

A ello se suman las alertas encendidas en el sector del comercio, que es la principal rama de ocupación laboral y la que reacciona más sensiblemente a los vaivenes petroleros: el dato manejado desde el sindicato, sobre el otorgamiento de 150 seguros de retiro mensual, es un indicador si no de despidos directos, de una alta rotación de personas, producto de la inestabilidad y la consabida baja en las ventas.

INFLACIÓN, GANANCIAS Y TARIFAS

La movilización del último viernes, por parte de las centrales obreras nacionales lideradas por Moyano y Micheli, plantearon el primer signo de alerta al gobierno nacional de Mauricio Macri, en reclamo de buscar algún tipo de límite a la aplicación del impuesto a las ganancias, que combinado con la inflación vía aumentos de tarifas, sigue erosionando el poder adquisitivo de los salarios.

La movilización de sectores gremiales en la ciudad tuvo su cara más visible en el sector de los docentes universitarios, que completaron una semana entera de paro en un conflicto que amenaza con prolongarse de modo más grave aun: no hay muchas perspectivas de acercamiento entre el 15% de aumento salarial ofrecido por el gobierno y el 45% reclamado por los docentes.

También el sector público estuvo representado, con reclamos no sólo hacia el ámbito nacional, sino el provincial. Al respecto, fue llamativo el posteo en redes sociales de trabajadores nucleados en ATE, rama salud, a propósito de la guerra declarada al narcotráfico: la falta de gas en uno de los centros de día de Comodoro, para ayudar a personas adictas, contrasta fuertemente con aquellos enunciados.

En Comodoro Rivadavia, con una canasta básica total situada por encima de los 28.000 pesos, la suba de tarifas eléctricas (que impacta en alrededor del 70% en el monto final de la factura) y de las tarifas de gas (en la que el valor del metro cúbico pasará de valer 20 centavo a 80 centavos ó 1 peso) esos reclamos adquieren aun mayor énfasis.

En ese punto, hay que hacer una salvedad: no es lo mismo que un usuario en Capital Federal, que pagaba 25 pesos por mes, multiplique por 5 el monto de la tarifa mensual, a que lo haga un usuario de la Patagonia, que pagaba, por ejemplo, 300 pesos por mes. La cuenta, como es obvio, da un resultado ampliamente diferente.

En el caso del gas hay algunos temas para observar más de cerca. El aumento de tarifas implicó una transferencia importante de recursos desde los sectores domiciliarios hacia las empresas productoras de gas.

Un estudio del consultor Miguel Bein sostiene que el nuevo valor de referencia, de 5 dólares por Millón de BTU, es casi el doble que el valor que se utiliza como referencia en el mercado de Estados Unidos, situado hoy en 2,5 dólares, totalizando una transferencia de recursos del orden de los 3.500 millones de dólares. No hay dudas de que las tarifas requerían una readecuación; pero los aumentos se aplicaron sin que se conozca participación de órganos de contralor, capaces de analizar y argumentar a favor de los usuarios, al menos para que el impacto pudiera amortiguarse en el tiempo.

CAMBIO PRODUCTIVO

El economista Nelson Pérez Alonso disertó en la ciudad el viernes último, en el ciclo “Expectativas Económicas 2016-2017”, en una instancia en la que propuso abrir la mirada a la generación de energías limpias y otras posibilidades de la región, siempre que “se puedan articular intereses comunes entre el gobierno, empresarios y sindicalistas. La Patagonia es una de las regiones de mayor crecimiento en los últimos años”, dijo el consultor durante una entrevista en el programa Actualidad 2.0.

El salto hacia ese nuevo estadio no será inmediato ni mucho menos, sencillo. Un punto intermedio es la búsqueda de agregar valor al petróleo que hoy se produce en la región, mediante su transformación en combustible para generar energía eléctrica y exportarla, con una gran incorporación de valor, hacia el resto del país. “Habrá posibilidades de financiamiento, hay un enorme potencial con el tema energético –insistió Pérez Alonso-, el tema es no esperar a que otros tomen la decisión de hacerlo, sino que alguien tome la decisión de liderar este proceso”.

Parece complejo, pero no imposible. Basta pensar que hoy el Estado nacional y provincial están destinando más de 2.000 millones de pesos anuales en subsidios a la exportación de petróleo, que no tiene demanda en el mercado interno y sale al mundo a enfrentar precios que no compensan la totalidad del costo de extraerlo en esta región.

El gobierno de Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya anunciaron que ese esquema no se mantendrá más allá del final de este año. La planificación estratégica para el futuro debería proyectar cómo exigir que el mismo esfuerzo fiscal, en miles de millones de pesos, se vuelque para generar condiciones de generación de energías limpias, o la producción de energía con alto valor agregado. El problema es que el mediano y largo plazo no pueden satisfacer las urgencias inmediatas.

Hay quienes dicen que la crisis actual puede encerrar una oportunidad para la región. Es posible. Por ahora, el humo de los piquetes no permite ver con toda claridad ese horizonte.