CHUBUT (ADNSUR) - David González reconoció el viernes último haber sido designado en el cargo durante la última sesión de Legislatura del período anterior, a partir de una propuesta del bloque del Frente para la Victoria, lo que fue avalado por la totalidad de la Cámara, pese a que ese sector contaba con sólo 9 integrantes.

Lo insólito es que el defensor de la tercera edad provincial no está cumpliendo ninguna función específica, ya que, según argumentó, “no me han asignado una oficina en Legislatura, donde debe funcionar la Defensoría”, al tiempo que indicó que tampoco le designaron los dos asesores que necesita para desempeñar el cargo, según detalló en diálogo con Actualidad 2.0.

“El vicegobernador Ricardo Sastre me ha recibido y recibió el pedido de la oficina y el nombramiento de los dos asesores, esto fue el 4 de marzo, pero después empezó la pandemia”, justificó.

González reconoció que está cobrando la dieta correspondiente al cargo, para el que fue designado el 5 de de diciembre de 2019 y debería haber comenzado a desempeñar desde el día 11 de ese mes, al concluir su mandato como diputado provincial. Aunque las versiones indican que el monto que percibe es de 240.000 pesos mensuales, el defensor se negó a reconocer si esa cifra es correcta.

“Sí, estuve cobrado porque estoy nombrado, pero no voy a entrar en la discusión del monto, que larguen los números que quieran, no voy a ser contestario –indicó ante la consulta concreta sobre el monto-. Lo único que voy a dejar en claro es que la Defensoría es un ámbito mucho más abarcativo, no sólo sobre lo salarial, sino por problemas de prestaciones y muchos problemas que sufren los jubilados y pensionados”.

Evalúan si la designación cumple con la la ley

Fuentes del ámbito legislativo anticiparon a ADNSUR que ha comenzado un proceso de revisión de la designación, ya que la ley establece mecanismos claros sobre el modo de elección y las características que se requieren para el cargo. La situación tuvo eco tanto en el bloque que responde al gobernador Arcioni como en el PJ, desde donde se inició una verificación del procedimiento y las características para ejercer el cargo.

Es que el artículo 6 de la ley 5768, que creó el cargo, establece en su inciso C que “la persona designada deberá acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las y los adultos mayores”, requisito que no se verifica en este caso. Es que si bien David González tiene trayectoria y experiencia en el ámbito sindical, como titular del SOEM (sindicato que representa a empleados municipales), no se desempeñó en relación a la temática específica de los adultos mayores.

Ese rol gremial, por otro lado, podría ser un inconveniente para el ejercicio de la función.

El artículo 8 de la ley, precisamente, establece las incompatibilidades:

El cargo de Defensor y Defensor Adjunto de los Derechos de las y los Adultos Mayores es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública y vedada la actividad política partidaria”, señala expresamente la ley.

En base a estos elementos, se ha comenzado un proceso de revisión, en tanto en algunos pasillos legislativos se llegó a mencionar la posibilidad de que si la designación fuese revocada, el defensor que no ha cumplido funciones específicas debería restituir al Estado provincial las remuneraciones que llegó a cobrar durante los meses que lleva en el cargo.