RAWSON (ADNSUR) - A través de una nota enviada  desde el Ministerio de Economía, el gobierno chubutense calificó de "inexacta" e "improcedente" a la nota enviada hace 20 días por el estudio jurídico Latham & Watkins, que fuera publicada por ADNSUR el último viernes, en la que advertía que los tomadores de bonos del Bocade que ellos representan, no iban a acceder a un reperfilamiento de la deuda y advertían sobre posibles medidas judiciales.

De acuerdo al texto de la nota de respuesta firmada desde Economía a la que tuvo acceso de manera exclusiva  ADNSUR, se expresa "con relación a su nota de fecha 21 de enero de 2020" que sus términos son rechazados "en su totalidad por ser inexactos y palmariamente improcedentes". Asimismo, responde que "como debiera ser de su conocimiento, en el ejercicio del patrocinio letrado de sus clientes en la Provincia del Chubut, República Argentina, al dirigirse a las autoridades públicas debe cumplir con los requisitos del derecho público local".

El texto de la nota además expresa a modo argumental que "entre otros aspectos, debe acreditar en legal forma la personería que dice invocar, así como certificar el carácter de los clientes que dice representar, adjuntando los certificados de sus custodios, indicando las tenencias de bonos provinciales de cada uno de ellos".

La respuesta oficial del gobierno al estudio jurídico con domicilio en Nueva York,  además señala que: "solicitamos amablemente para que en el plazo perentorio de 10 días hábiles cumpla con las formalidades correspondientes, en virtud de la legislación vigente en el territorio nacional y provincial, a fin de poder dar curso a su nota".

El sitio especializado en energía EconoJournal, público días atrás que el estudio jurídico Latham&Watkins envío al gobernador Mariano Arcioni una carta en la que, en representación de los fondos tenedores de los títulos de deuda de la provincia, advierten que “nuestros clientes no renegociarán los términos del contrato ni eximirán a la provincia de sus obligaciones contractuales”.

La carta, además del gobernador, fue dirigida a su vice, Ricardo Sastre, como también al ministro de Economía, Oscar Antonena y de Hidrocarburos, Martín Cerdá, entre otros.

El tono del escrito avanzaba además en una advertencia formal de una posible acción judicial, al señalar "en caso de que la provincia no cumpla con sus obligaciones con los titulares de los Títulos de Deuda de 2026 (cuando entendemos que la garantía en sí es más que adecuada para cumplir con estas obligaciones) nuestros clientes harán cumplir los términos del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Fideicomiso Argentino en virtud de las leyes argentinas y estadounidense. Para ello, nuestros clientes utilizarán todas las vías disponibles a su disposición, incluida la búsqueda de todos y cada uno de los recursos disponibles en la ley y en la equidad en los tribunales de Estados Unidos y Argentina”.

El texto agrega que una decisión de estas características por parte de la provincia perjudicaría no sólo a Chubut por las eventuales consecuencias legales, sino también a otras provincias y al país en su conjunto, debido a que dañaría la estructura del fideicomiso creado para atraer inversiones.