Pros, contras, y entreveros: qué dice el acuerdo con jueces

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / EL ANALISIS DE LA NOTICIA) - El proyecto de ley por el cual el gobierno de Mario Das Neves apunta a resolver parte de la deuda mantenida con jueces de toda la provincia origina una serie de polémicas de compleja comprensión. En la discusión interviene no sólo en el ámbito legislativo, sino también hacia dentro del propio Poder Judicial, ya que a la oposición de los empleados judiciales se suma también la postura de la Asociación de Magistrados, que en su momento expresó su rechazo a este proyecto. Del mismo modo, también es cierto que el Estado provincial ha perdido un juicio contra los jueces provinciales y debe dar un cierre al tema, de allí la alta complejidad del problema.

El proyecto enviado por el Ejecutivo busca saldar la deuda reconocida por el Estado provincial, en un acuerdo firmado en el año 2012 por el entonces fiscal de Estado, Blas Mesa Evans, con la Asociación de Magistrados. Por ese instrumento, se acordaba un mecanismo de pago de las sentencias adversas que había tenido la provincia, ante una serie de juicios iniciados por los magistrados: estos exigieron la equiparación de sus salarios con la media percibida por sus colegas del resto de la Patagonia, al detectar que se encontraban por debajo de dicho parámetro.

Aquel acuerdo no fue cumplido por el gobierno anterior, por falta de fondos y porque también en su momento el sindicato judicial planteó un recurso de amparo, denunciando la inconstitucionalidad del mismo. Es que ese convenio reconocía el aumento salarial a favor de los jueces, pero excluyó a los trabajadores tribunalicios, pese a que la llamada ley de Porcentualidad les reconoce el derecho a percibir aumentos cada vez que hay mejoras en la parte más alta de la pirámide, es decir desde la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia hacia abajo.

Al quedar suspendido ese primer convenio, los jueces continuaron trabando embargos sobre las cuentas provinciales, en base a las sentencias favorables que habían obtenido en aquel reclamo iniciado en la década pasada (en una situación con otro componente extraordinario: como no se puede ser “juez y parte”, las sentencias debieron ser resueltas por conjueces, es decir abogados particulares que actúan como juez al no poder intervenir la totalidad de los magistrados de la provincia, ya que una eventual sentencia a favor los beneficiaría con un aumento salarial).

El proyecto de ley que impulsa el gobierno apunta a una nueva propuesta de pago para saldar aquella deuda: reconoce un incremento cercano al 27% en los salarios de los jueces, a pagar en 12 cuotas.

Los cuestionamientos que ha recibido se basan en los siguientes puntos: no incluye a todos los funcionarios y auxiliares (abogados que se desempeñan como auxiliares de fiscalías y defensorías, médicos forenses, etc), según el reclamo de la Asociación de Magistrados (que también representa a aquellos); y excluye nuevamente a los empleados (que también tendrían derecho al aumento, de aplicarse la ley de Porcentualidad). A su vez, algunos jueces podrían percibir, vía embargos (es decir, aplicando la ejecución de las sentencias en su favor) montos superiores a los de esos acuerdos, que partían de la base de aplicar una quita a la pretensión planteada por vía de los juicios.

Desde el plano legislativo, las dudas más razonables de la oposición (más allá del componente político que siempre está presente en el juego de poder entre oposición y oficialismo) se dan en torno a que se desconoce el monto final de la deuda reconocida: es que el mismo proyecto contiene una cláusula que deja entrever que los jueces que no se den por satisfechos con el pago, podrían acordar otras compensaciones posteriores, que el Estado reconocería a través de títulos de deuda pública. A su vez, daría lugar a nuevos juicios contra el Estado, por caso el de los trabajadores.

El sindicato judicial, por su parte, impulsa una propuesta adicional (reconociendo el aumento de los jueces a favor de todos los integrantes del sistema), que consiste en aplicar la ley de Porcentualidad en forma gradual, de manera que el impacto en la masa salarial, que llegaría al 55% de incremento, se aplique en forma paulatina, a lo largo de tres presupuestos.

Quienes defienden la postura del gobierno, esgrimen que con este proyecto se busca evitar que los jueces continúen trabando embargos contra las cuentas provinciales, ya que esto implica una dificultad adicional sobre el siempre precario equilibrio de las cuentas públicas. Y más allá de que los magistrados aducen de que el salario tienen un “componente alimentario”, es ocioso recordar (sin objetar la legalidad de los reclamos) que no se trata de uno de los sectores sociales que precisamente carezca de medios para la subsistencia. Ese problema, por lo general, lo enfrentan los eslabones más débiles de la larga cadena de servicios que dependen del Estado provincial.