CAPITAL FEDERAL - La diputada nacional del PRO, Soher El Sukaria, presentó un proyecto de ley para suspender los planes sociales, programas y subsidios nacionales, provinciales o municipales a personas y organizaciones sociales que usurpen terrenos privados o fiscales a nivel nacional. 

"La grave crisis social y económica que estamos atravesando tiene consecuencias gravísimas en el crecimiento del crimen y la ilegalidad, como es el caso de las tomas de tierra”, argumentó la autora del proyecto de ley y agregó que "estas situaciones no solo vulneran el derecho primordial de protección de la propiedad privada sino que, además, generan profundos conflictos sociales y habitacionales allí donde suceden”.

Según publica Infobae este martes, el proyecto establece que quienes participen o instiguen las tomas de tierras no podrán acceder a planes, prestaciones o subsidios otorgados por el gobierno nacional, provincial o municipal, vinculados al acceso a la tierra, a la mejora o ampliación de la vivienda o la regularización dominial, quedando exceptuados todos aquellos planes, programas, prestaciones o subsidios que estén directamente vinculados con el desarrollo, protección y cuidado de la niñez y la adolescencia.

“Los legisladores nacionales no desconocemos la crisis de vivienda que está atravesando la Argentina. Con casi 60% de la población sumergida en la pobreza, el déficit habitacional se ve profundamente agravado. Sin embargo, el accionar ilegal de muchos grupos organizados para tomar terrenos no es la solución, y el gobierno no puede y ni debe convalidarlo. El Estado debe dar una respuesta a quienes necesitan una vivienda pero también debe asegurar que los derechos individuales de todos sus ciudadanos no se vean vulnerados o ultrajados”, agregó la vicepresidenta del bloque PRO de la Cámara de Diputados.

La iniciativa además prevé que el fiscal que intervenga en la causa deberá corroborar con las empresas prestatarias que la conexión de servicios se haya realizado de acuerdo con lo establecido. Caso contrario, deberá solicitarse su desmantelamiento.

“Señor Presidente, el Estado debe dar una respuesta a quienes necesitan una vivienda pero también debe asegurar que los derechos individuales de todos sus ciudadanos no se vean vulnerados o ultrajados”, expresó la legisladora. Para “poder hacer efectiva la medida en todo el territorio nacional, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente legislación”, agregó el proyecto.