RAWSON (ADNSUR) - Entre las repercusiones que generó la decisión del gobierno de depositar los haberes ayer lunes a todos los trabajadores del Poder Legislativo para destrabar el inicio de las Sesiones Ordinarias, una de las consecuencias más importantes fue la medida de fuerza iniciada por los 50 empleados de la Contaduría General, que decidieron no autorizar ninguna orden de pago hasta que no cobren sus haberes con el cuarto rango.

Como se sabe, la Contaduría General es un organismo de control, que debe dar el visto bueno a cada uno de los pagos que emite el Ministerio de Economía y cada área del gobierno, por lo que ante esta decisión, ningún acreedor o proveedor del Estado va a percibir un solo peso hasta que los empleados -prácticamente la totalidad incluidos en el rango superior a los 150 mil pesos- perciba sus haberes.

Hay que poner de relieve que este área aún no tiene un responsable con acuerdo legislativo como establece la Constitución, ya que desde la renuncia de Mario Glades el año pasado, el gobierno no logró designar a un sucesor, debido a que el pliego enviado hace meses atrás con el nombre de Alejandro Garzonio nunca logró los votos necesarios en la anterior Cámara de Diputados. Por lo tanto, la Contaduría General está a cargo hoy de un hombre de planta, como es el contador Mario Owen.

La medida de fuerza se suma a la que realizaron ayer lunes los trabajadores de Canal 7 de Rawson, quienes no transmitieron la sesión inaugural, y al reclamo del Poder Judicial que hablo de "discriminación" y que incluso puede derivar en una denuncia penal de la Asociación de Magistrados contra el gobierno. Se trata de nuevos reclamos de sectores que tienen a la mayoría de sus trabajadores en los rangos 3 y 4, que surgieron al conocerse que el Ejecutivo pagó a tods los empleados del Poder Legislativo -incluida la planta política y los diputados- antes que a otros sectores del Estado, para destrabar el paro que impedía el inicio de las Sesiones Ordinarias.

Hasta el momento el gobierno no realizó ningún anuncio de una fecha estimada de pago de lo que resta pagar a activos del tercer rango, lo que demandará unos 1200 millones de pesos -descontando jubilados y legisativos- no tampoco la fecha en la que se podría depositar el cuarto rango, dónde hacen falta 556 millones para pagar los sueldos superiores a 150 mil pesos.