COMODORO RIVADAVIA  (ADNSUR) - Con la agenda pública provincial casi exclusivamente centrada en la próxima fecha para el pago de salarios a empleados públicos –que volverán a ser en forma escalonada, tal como anticipó ADNSUR-, el proyecto de ampliación presupuestaria contempla una suba de ingresos por algo más de 14.000 millones, mientras que la diferencia debería cubrirse con más endeudamiento provincial.

Según esa iniciativa, los recursos se incrementarán en 5.792 millones de pesos por recaudación de impuestos, mientras que algo más de 3.000 corresponde a aumento en la coparticipación federal. Más de 5.300 se suman por regalías hidrocarburíferas, entre los principales ítems.

En rigor, no se trata de un aumento de los fondos disponibles, sino del “blanqueo” de ingresos que debe concretarse a raíz de que la ley de presupuesto 2019 había sido vetada por el propio Ejecutivo provincial, en un hecho bastante extraño para la historia de la administración pública provincial. En la práctica, se trata de una especie de “parche administrativo” sobre el presupuesto que se viene aplicando desde años anteriores, según confió uno de los legisladores que comenzó a estudiar el tema.

Igualmente, el próximo martes la Legislatura daría tratamiento a otra compensación de partidas, de menores montos, para poder completar los fondos para hacer frente a los salarios de julio, cuya fecha se podría conocer entre lunes y martes de esta semana.

Más deuda

En la ampliación por 20.000 millones de pesos, la diferencia entre recursos y gastos debería cubrirse con más deuda. En efecto, las fuentes financieras para cubrir las obligaciones asumidas (en su mayor parte, “servicios sociales”, lo que engloba el pago de salarios) se elevan en 5.900 millones de pesos, de los cuales 5.300 deberán solventarse con “Endeudamiento público e incremento de otros pasivos”, según se establece en el artículo 3 del proyecto de ley.

En ese monto se incluiría la colocación de letras por 1.500 millones de pesos, mientras que otros 3.500 millones corresponden al respaldo para los Ticadep (Títulos de cancelación de deuda con proveedores).

En cuanto a la deuda en dólares con tenedores externos de los bonos colocados por la provincia, el ministro Luis Tarrío anticipó que dio inicio a negociaciones con entidades bancarias en busca de prorrogar los vencimientos. Vale recordar que la provincia debe devolver más 1.000 millones de dólares hasta el año 2026.

Parte de la tarea pendiente es una auditoría exhaustiva sobre el origen y destino que se le dio a cada dólar ingresado y por el que hoy debe responderse con intereses.

En cuanto a la distribución de los recursos que se suman al presupuesto, el Ministerio de Educación aparece en las planillas anexas con 8.213 millones de pesos, seguido por algo más de 3.000 del Ministerio de Gobierno, en el que la mayor parte se destina a la Policía provincial, con 2.670 millones. Dentro del Ministerio de Infraestructura, con 1.057 millones, la mayor parte se asigna a Vialidad Provincial, con 455 millones de pesos.

Aumentar sueldos o cumplir el ajuste

La encrucijada en que se encuentra el gobierno parece responder a una decisión que, aun con errores, optó por atender al reclamo salarial de sus trabajadores, antes que a los criterios del ajuste que impone la política nacional y el endeudamiento con el FMI.

Los sectores más críticos sostienen que hubo demagogia electoral en los acuerdos salariales vigentes, sumado al interés re-electoral que motivó el desdoblamiento de elecciones y el consiguiente costo a cargo de la provincia, de algunos cientos de millones de pesos.

Sin desatender aquellos argumentos, no es menos cierto que la inflación acumulada y el impacto sobre los salarios públicos no dejaban mucho margen para decidir: sin aumentos salariales, la provincia hubiera estado igualmente cruzada por los conflictos, casi como está hoy, precisamente porque no se sabe cómo pagar los compromisos asumidos.

Dilucidar si hubo imprevisión, desconocimiento o negligencia (por no atender a todas las variables económicas en juego), o falta de responsabilidad a la hora de cerrar esos acuerdos (a ambos lados de la mesa de negociación) no es algo que ahora sirva para destrabar el problema, si bien la respuesta es más que obvia, según se trate de defensores o detractores.

El complejo panorama provincial parece inexorablemente atado al escenario electoral nacional, en el que la provincia es apenas un barco de papel en aguas demasiado turbulentas, pero sometido a los vientos de sus propias decisiones.

La foto del gobernador con Alberto Fernández, reconocen hoy en los despachos provinciales, no hizo más que dificultar las asistencias financieras que hoy se esperan, pero que difícilmente lleguen. Entre ellos, la postergación de un vencimiento de 740 millones de pesos que Provincia debería devolver a Nación en esos días.

Lo que viene puede completar el círculo: “¿no pensaron activar la minería?”, cuentan que preguntó uno de los legisladores en la reunión con el gobernador y su ministro de Economía. 

“Es un tema a discutir, pero ésta no es la reunión para hacerlo”, fue la respuesta desde el gobierno. 

La pregunta que quedó flotando es si esa discusión podría darse antes de finalizar el actual período legislativo, con el costo político a ser afrontado por diputados que, en su mayoría, culminan su mandato.