RAWSON - Un sector de los diputados del Frente para la Victoria está conforme con las modificaciones hechas en el borrador y acompañará la sanción de la Ley, mientras que desde Cambiemos persiste una postura firme en contra de que se avance con la herramienta.

El Gobierno baraja tanto el modelo de un DNU modificatorio adreferendum de la Legislatura, como la posibilidad de realizar un llamado a extraordinarias si es posible antes de que finalice el mes de diciembre. En ese caso, las alternativas serían el lunes 28, el martes 29 o el miércoles 30, ya que 31 será asueto administrativo.

Uno de los hombres del FpV que está manejando el borrador que acercó el Gobierno con los cambios propuestos es el rawsense Alfredo Di Filippo. El hombre fuerte durante la primera gestión de la intendenta Rossana Artero, se mostró optimista en que se pueda llegar a un acuerdo en estos días para sancionar la iniciativa.

Di Filippo entiende que las demandas del bloque del FpV han sido escuchadas y se vieron plasmadas en el borrador que acercó el Gobierno Provincial. “Hay buena predisposición de todas las partes. Yo creo que con estos modificaciones que fueron escuchadas va a ser acompañada por gran parte de nuestro bloque”.

El legislador acotó que “si bien pueden existir ciertos matices, no escuché a ningún diputado del FpV que se oponga a avanzar con este mecanismo”. Consideró que los aportes de parte de la oposición fueron tenidos en cuenta. “Fue incorporado que el Ejecutivo realice un informe trimestral sobre el uso de los fondos del endeudamiento, algo que nosotros pedimos”. Y expresó que las prioridades de obras deben ser definidas ntre el Gobierno y los intendentes como plantea el Ejecutivo: “Los diputados ahí no tenemos nada que hacer”.

Otra de las sugerencias del bloque mayoritario fue que la ley no lleve el nombre de “Emergencia”, sino de un reordenamiento del Estado.

El dirigente tomó una frase del propio Perón para graficar su postura: “La conducción política es indelegable de quien ejerce la primera magistratura, para que después tome las decisiones administrativas”. En ese sentido acotó que “las 2/3 partes de la Cámara somos peronistas, así que no creo que haya inconvenientes”.

Puntualizó Di Filippo que “hay que darle las facultades al Estado, las herramientas. Chubut, al igual que tantas otras provincias atraviesan una situación muy crítica. Estoy seguro que si esto se hace con seriedad, el Estado Provincial se puede ahorrar mucho dinero”.

Indicó por su parte que frente al análisis del borrador de la Ley ha cruzado mails con Touriñán: “Él tiene una decisión de peso porque es el jefe de bloque, pero entiendo que va a estar acompañando al igual que la gran parte de nuestro bloque”.

LA OPOSICION DE CAMBIEMOS

Cambiemos tiene la posición más dura. Consideran que los cambios realizados por el Ejecutivo no alcanzan y que ciertas cuestiones medulares que no han sido tenidas en cuenta.

El jefe de bancada, Eduardo Conde, opinó que “el borrador no tiene cambios sustanciales. En lo particular voy a insistir con incluir algunos párrafos modificatorios. Pero si no hay una respuesta favorable, no podemos acompañar esta norma”.

“Nosotros queremos conformar una Comisión de Seguimiento del endeudamiento, algo que no ha sido escuchado por el Gobierno. No nos alcanza con que el Estado trimestralmente dé un informe de lo que va a haciendo. Queremos un listado detallado de las obras que se van a realizar en los próximos 4 años”.

Así y todo, el dirigente radical mostró su negativa a sacar nueva deuda: “Esto puede comprometer a la provincia por los próximos 10 años si le sumamos la deuda que ya viene arrastrada de la anterior gestión”.

Otro punto en el que se mostró en desacuerdo es sobre las sentencias judiciales: “Se insiste en la suspensión de las sentencias en ejecución. Y hay que honrar estas deudas. Existe una decisión judicial sobre esto ya”.

BORRADOR CON MODIFICACIONES

El Ejecutivo elaboró un borrador donde intodujo algunos de los cambios sugeridos por los bloques de la oposición. En primer lugar, se tuvo en cuenta el cambio en el nombre de la iniciativa. “Más allá de una cuestión terminológica, la declaración del estado de emergencia económica y financiera puede impactar en el riesgo reputacional del Estado Provincial, habiéndose sugerido por los Señores Legisladores la omisión de esta terminología”. Y en el Artículo 1 se uso el nombre de “reordenamiento económico, financiero y administrativo del Estado Provincial”.

Dentro del Artículo 11, también se incluyen cambios respecto al endeudamiento por 650 millones de dólares que solicita el Gobierno y la información que debe ser brindada a los diputados sobre el uso de dichos recursos: “El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, deberá informar trimestralmente a la Legislatura acerca del avance de la utilización de los fondos obtenidos mediante las operaciones de crédito público autorizadas por la presente Ley”.

Pese a las correcciones del Artículo 4, es allí donde existen más polémicas por parte de la oposición. “Por el plazo establecido en el artículo 2º, se suspende la ejecución de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al “Estado Provincial” al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero.Quedan también suspendidas las medidas cautelares y las medidas de ejecución, cualquiera sea la naturaleza del crédito”. Queda claro que siguen sin ser tenidas en cuenta las necesidades de sectores del sector judicial que reclaman tanto desde Cambiemos como del FpV.

En todos los casos, se expresa que la Cámara deberá refrendar el DNU. “Teniendo en cuenta el actual receso legislativo, la naturaleza de la situación torna inconveniente seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Provincial para la sanción de las Leyes, por darse en el caso razones de necesidad y urgencia que ameritan el dictado del presente acto administrativo, el que será sometido a ratificación legislativa en forma inmediata, requisitos éstos que, según la doctrina más calificada, justifican el dictado válido de actos de ésta naturaleza”.

También en la nueva redacción, se incluye facultar “al Poder Ejecutivo para promover la extinción de los contratos de obra y de consultoría celebrados por cualquiera de los integrantes del Estado Provincial con anterioridad a la vigencia de esta norma. La extinción contractual que resulte del uso de esta facultad no procederá en aquellos casos en que sea posible la continuación de la obra o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre comitente y contratante o contratista que se inspire en el principio del esfuerzo compartido.”

Fuente: Jornada

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