CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El senador nacional Juan Mario Pais presentó un nuevo proyecto de ley con el objetivo de establecer sistemas de control y supervisión interna de las empresas prestadoras de servicios públicos, proveedoras y contratistas del Estado nacional. “La propuesta establece los presupuestos mínimos en materia de control corporativo interno, una materia todavía pendiente en el régimen jurídico argentino vigente y que significa un importante avance en materia de transparencia y legalidad”, explicó el senador.

La iniciativa –que aparece como complementaria al proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria actualmente en debate en el Senado- busca dotar de mayor transparencia en las contrataciones públicas, erradicando prácticas empresarias que tiendan a llevar adelante transacciones o cuentas no registradas (“en negro”) o cualquier otra que no contribuya a la prevención del cohecho.

Asimismo, prevé la adopción de normas de conducta y procedimientos internos en las empresas que fomenten la transparencia, como la utilización de auditores externos para evaluar las cuentas de las compañías y sus estados financieros y los controles internos.

Cumplimiento

El proyecto destaca que ya hay muchas compañías que han establecido sistemas de control y supervisión interna, tendientes a prevenir y detectar potenciales incumplimientos o comportamientos que no se adecúen al régimen legal vigente.

De hecho, en los últimos años se ha extendido a nivel empresarial el uso del término inglés Compliance, que se refiere a los programas que tienen las empresas u organizaciones para establecer los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo.

“No se busca imponer nada nuevo, sino establecer un cuerpo normativo que uniforme los distintos mecanismos adoptados para que las personas jurídicas recepten estándares mínimos de control interno en pos de la legalidad y defensa de la transparencia”, puntualizó el senador chubutense.

“En definitiva, constituye un avance en la dirección de la transparencia contractual, favoreciendo al mismo tiempo al empresariado, al Sector Público Nacional y fundamentalmente a los ciudadanos, que en definitiva resultan los destinatarios de los bienes y servicios que por medio de las contrataciones públicas les son puestos a disposición”, remarcó.

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