Defensoría del Pueblo confirmó que analizará estrategias para frenar el nuevo incremento. Fue tras conocerse la resolución que implica un pago a partir de enero del año que viene en 24 cuotas.

RAWSON (ADNSUR) – El defensor del Pueblo, Héctor Simionatti, adelantó a ADNSUR que mantendrá una reunión con Vanina Ferretti, directora de Defensa del Consumidor, donde se analizarán estrategias para anticiparse a los anuncios de nuevos aumentos en la tarifa de gas. Ante el pago retroactivo por un diferencial de contrato entre empresas que deberá abonarse a valor dólar, Simionatti consideró que “es cuestionable y vamos a analizar qué es lo que podemos hacer desde la Defensoría y desde el gobierno”.

Nuevo aumento del gas: Defensoría del Pueblo y del Consumidor evalúan presentaciones

“La reunión la programamos antes de la resolución del gobierno, porque estábamos viendo de realizar acciones en conjunto vinculadas a los cortes y tener en claro algunos temas que hacen a la tarifa del gas. En el medio salió esta resolución que implica un pago a partir de enero del año que viene en 24 cuotas. Es un diferencial del valor en dólar al momento en que las empresas distribuidoras hicieron el contrato con las productoras del servicio”, indicó.

Simionatti indicó que “la primera acción que interpusimos fue en 2016 y ésa tuvo una medida cautelar; la última fue una acción de inconstitucionalidad en conjunto con la provincia, cuestionando la falta de audiencia para el incremento en boca de pozo”.

Además, planteó que “como hoy en día el sistema está vinculado al sistema colectivo, las acciones en representación de un número determinado de usuarios, van a tramitar todas en Buenos Aires. Esto es por una reglamentación de la Corte que exige que todas estas tramitaciones sean resueltas en un solo juzgado".

"Por lo tanto, si bien interpusimos en el juzgado federal, esa causa irá a Buenos Aires y lamentablemente perdemos la inmediatez y la posibilidad de conseguir una medida cautelar", explicó.

Por tal motivo, sostuvo que “veremos con la otra medida que tenemos para analizar. Se va a aplicar a partir de enero. Es una medida que debería revertirse”.

Consultado sobre la posibilidad de interponer un amparo, aclaró que “no es lo que estamos previendo, pero si resulta necesario, sí lo haremos” y agregó que “el último tema donde planteamos la inconstitucionalidad, también se planteó en el fondo del asunto que no hubo audiencia y se fijó un precio en dólares excesivo. Creo que si no existe una reconsideración de parte del Ejecutivo, el único camino que queda es judicial y las acciones van a quedar como un embudo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.