Nación modificó la ley de Migraciones: limitan las condiciones en salud, educación y endurecen las deportaciones

El Gobierno nacional oficializó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que modifica sustancialmente la Ley de Migraciones N° 25.871. La nueva normativa, impulsada por la administración de Javier Milei, representa un cambio de paradigma en materia de derechos para personas extranjeras en la Argentina. Entre los puntos más controvertidos se encuentran el arancelamiento de la educación universitaria para no ciudadanos, la posibilidad de cobrar por atención médica no urgente y nuevas restricciones para el acceso a la ciudadanía argentina.

Hasta ahora, la ley garantizaba el acceso irrestricto a la salud y a la educación pública sin importar la situación migratoria. También promovía la integración de migrantes mediante políticas de inclusión, con el objetivo de poblar el territorio nacional y enriquecer la vida cultural del país. Con la nueva reglamentación, muchos de estos principios quedan relativizados.

El Ejecutivo argumenta que los cambios responden a un contexto global distinto al de décadas anteriores. En el texto del decreto se menciona el aumento del flujo migratorio y se cita como ejemplo la política de deportaciones de Estados Unidos. Según el Gobierno, la “facilidad” para acceder a servicios públicos en Argentina podría atraer a personas deportadas de otras naciones, lo que tendría “un impacto en la economía y en los servicios esenciales”.

Cambios en el acceso a la salud y la educación

El nuevo decreto establece que, salvo en casos de emergencia, los extranjeros deberán contar con un seguro de salud o pagar por los servicios sanitarios que soliciten en hospitales públicos nacionales. Sólo los residentes permanentes estarán habilitados a recibir atención gratuita en condiciones equiparables a los ciudadanos argentinos.

En el plano educativo, se habilita a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no sean ciudadanos argentinos nativos, por opción o con residencia permanente. Aunque se mantiene el derecho a la escolarización en los niveles inicial, primario y secundario, la ley elimina garantías para los niveles superiores.

Además, se modificó el artículo 36 de la Ley de Educación Nacional (N° 26.206), eliminando el acceso irrestricto a todos los niveles del sistema educativo para personas migrantes sin DNI, limitándolo a los niveles básicos.

Nuevas condiciones para la ciudadanía

Anteriormente, los extranjeros podían solicitar la ciudadanía argentina tras dos años de residencia continua, y ese plazo podía reducirse si habían brindado servicios relevantes al país (como empleo público, servicio militar, innovación tecnológica o emprendimientos productivos). El nuevo texto elimina estas excepciones y sólo permite el acceso a la ciudadanía a quienes acrediten dos años continuos y legales de residencia, sin haber salido del país en ese lapso, o a quienes demuestren haber hecho una "inversión relevante" en el país.

La residencia precaria también fue acotada: pasó de 180 días a solo 90, lo que puede dificultar la regularización migratoria de quienes llegan sin documentación completa.

Endurecimiento de las deportaciones

En materia de deportaciones, el Gobierno refuerza lo establecido por la ley original. El nuevo decreto confirma que quienes ingresen al país en situación irregular serán rechazados de forma inmediata. Aunque esta medida ya estaba contemplada en los artículos 29 y 35 de la ley vigente, el DNU le otorga un marco de mayor ejecución inmediata y reduce las instancias de apelación o revisión judicial.

Por otra parte, el artículo 6 de la ley, que anteriormente aseguraba el mismo nivel de protección y derechos para inmigrantes y nacionales, fue modificado para subordinar el acceso a servicios públicos a la categoría migratoria del extranjero, limitando así su alcance.

Las modificaciones han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, expertos en derecho migratorio y sectores vinculados a la educación y la salud pública. Advierten que se trata de una regresión en materia de derechos adquiridos y de un cambio que contradice los principios históricos de la legislación migratoria argentina, reconocida internacionalmente por su enfoque garantista.

Con estas modificaciones, el Gobierno de Javier Milei da un giro drástico en la política migratoria nacional, en línea con discursos restrictivos que se han impuesto en otros países del hemisferio. Los próximos días se anticipan con intensos debates sociales y judiciales sobre la legalidad, constitucionalidad y humanidad del nuevo régimen migratorio.