El diputado nacional por Chubut, Gustavo Menna, firmó el dictamen en disidencia del bloque de legisladores nacionales, en relación al proyecto que el oficialismo buscará aprobar este jueves, para sumar a otros 3.100.000 habitantes de distintas provincias del país bajo el mismo beneficio que hoy incluye a la Patagonia.

“Se pone en riesgo el beneficio en la Patagonia”, advirtió el legislador chubutense, que adhirió al dictamen que plantea que se corre el riesgo de desfinanciar el fondo que hoy cubre los subsidios al gas para los 849.000 usuarios de la región que pagan un precio del 50 por ciento inferior al resto del país.

El proyecto que impulsa el diputado nacional Máximo Kirchner apunta a incluir a una serie de municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, además de otras ciudades de San Juan, Córdoba, Salta y la totalidad de Mendoza, que hoy tiene el beneficio sólo en Malargüe.

La propuesta apunta a incrementar el cargo actual, que pagan todos los usuarios de la red de gas natural del país, que subiría desde el 4,46 por ciento adicional, hasta un 5,5 por ciento. Con ese leve incremento de la recaudación, se tendría que financiar un sistema que se estaría multiplicando por más de 4 veces su demanda actual.

Menna: “Sumar más zonas en el subsidio al gas pone en riesgo el beneficio para la tarifa en la Patagonia”

En efecto, el universo de usuarios alcanzados por el beneficio se elevaría desde los actuales 849.000 frentistas, hasta casi 4 millones de ciudadanos de otros puntos del país. De ese total, 2,3 millones serían beneficiados con un 30 por ciento del costo del gas, mientras que el resto pagaría sólo la mitad de su factura actual, al igual que los usuarios patagónicos.

Dictamen en disidencia

Según informó Menna, el despacho que impulsan los legisladores de Juntos por el Cambio no desconoce la necesidad de discutir la ampliación del beneficio, pero requieren una discusión más profunda en cuanto al modo de financiamiento. De esa manera, proponen sólo aprobar la prórroga por 10 años al subsidio patagónico y la inclusión de la provincia de Mendoza en su totalidad, pero dejando fuera del sistema al resto de las provincias previstas por el proyecto del oficialismo.

“La ampliación del beneficio a áreas de nuestro país que no revisten esa condición supone  por un lado que otros usuarios estarán realizando el esfuerzo de contribuir a sostener tarifas reducidas donde no es imperativo por cuestiones climáticas –advierte el dictamen en disidencia-, como así también la afectación de aquellas zonas frías y muy frías que verdaderamente necesitan el subsidio y podrían ver mermar los fondos disponibles en favor de zonas templadas cálidas”.

Otra diputada de la oposición, Jimena Latorre, de la provincia de Mendoza, advirtió que el costo total del sistema podría alcanzar los 40.000 millones de pesos, mientras que la recaudación treparía sólo hasta unos 25.000 millones, según declaraciones publicadas por El Cronista.

Riesgo para el beneficio patagónico

Los diputados de la oposición señalaron en su dictamen que con la ampliación de solo un punto en el cargo adicional, se genera la duda sobre la “sustentabilidad financiera de lo que se propone, ya que resulta difícil comprender de qué forma se podría ampliar en casi cinco veces el número de  usuarios beneficiarios –que de 849.000 pasarían a 3.949.000- con un incremento tan exiguo del  cargo que pagan los usuarios para sostener el subsidio”.

Y añaden la advertencia de un efecto no calculado en el proyecto: “Lo anterior nos conduce a que en realidad el incremento previsto para el cargo será muy superior –de hecho la alícuota del 5,44% no se desprende ni está plasmada en el texto del  proyecto-, o bien resultará que el Fondo quedará desfinanciado y con ello se terminará licuando el beneficio que hoy reciben los usuarios de las provincias patagónicas, que de esta forma terminarán resignando, una vez más, un beneficio que resulta esencial en la región más fría del país, y que además es la principal productora del gas que consumen los argentinos”.

Además de Menna y Latorre, el dictamen lleva las firmas de Alfredo Cornejo, Roxana Reyes, Omar de Marchi y Martín Berhongaray.