COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Una vez definido el escenario electoral a nivel nacional y municipal, las variables de la economía y la escalada del dólar, con el consiguiente efecto inflacionario, dejarán abierto el interrogante sobre cómo desactivar la amenaza de las tarifas de servicios públicos

En el plano local, la factura de electricidad y el boleto de ómnibus, se anotan entre las primeras incógnitas a despejar, aunque no son las únicas. A nivel país, los combustibles y el gas cargan con presiones alcistas que, con matices ideológicos según cuál sea el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre, no podrá evitar discutir un camino para desdolarizar los servicios públicos.

¿Puede llegar el boleto de ómnibus a 50 pesos en Comodoro Rivadavia? No hay una respuesta precisa hoy para esa pregunta, pero la cifra mencionada es una de las opciones posibles, pudiendo ser algo menor o mayor, según la capacidad con que cuente el municipio para incrementar el aporte de subsidios desde sus propias arcas.

Si se tiene en cuenta que el costo real del boleto, sin ningún subsidio, hoy se ubicaría en torno a los 90 pesos, la cuenta a partir de ese tope sólo puede bajar si hay aportes del Estado.

Como Nación ya no envía esos fondos por el pacto fiscal firmado con Provincia y ésta a su vez no absorbió el aporte total que llegaba hasta el año pasado, es el municipio el que debe resolver hasta cuándo podrá sostener el precio actual (de 22 pesos), que implica un subsidio estatal de más de 800 millones de pesos en el año, pero que inevitablemente superará los 1.000 cuando se sumen otros insumos (precios del gasoil o paritarias de choferes a principios de 2020).

Igualmente, para definir el tema y contar con las estructuras de análisis necesarias para el debate, será imprescindible la normalización del Ente de Control de Servicios Públicos, que quedó desintegrado a mediados de año.

 

Electricidad, agua y cloacas

La electricidad en el mercado mayorista acumula una suba tarifaria del 2.000% desde febrero de 2016 en el mercado mayorista, lo que ha sido posible a partir de la vinculación directa del precio de la energía con la evolución del dólar (que incide a su vez en el precio del gas, insumo que utiliza la mayor parte del sistema de generación en el país). 

Esas subas han sido trasladadas de modo parcial a los usuarios residenciales y comerciales en la ciudad (aun cuando la tarifa se actualizó fuertemente en los últimos años), pero lo cierto es que queda pendiente una adecuación de tarifas que ha sido largamente reclamada por la SCPL al municipio, en su carácter de poder concedente. 

Por eso, la entidad ha solicitado volver a un sistema de actualización automático, lo que no se podría aplicar por la normativa vigente actual: “La última actualización es de julio de 2018 y respondía al aumento de precios mayoristas de diciembre de 2017 –explicó Fernando Lebrún, uno de los gerentes de la entidad-, por lo que no hemos podido actualizar la tarifa en base a la inflación de los últimos 2 años”.

Aunque no se mencionan cifras ni porcentajes, vale recordar a título informativo que la inflación acumulada en dos años ronda el 110%.

También en este caso, será necesario el análisis del Ente de Control, a fin de discutir los indicadores que presenta la prestataria, que además apunta a actualizar los valores de los demás servicios que presta (distribución de agua y mantenimiento de redes cloacales). Con un déficit promedio de 140 millones de pesos por mes, la entidad presentará su balance en la asamblea que prevé para el próximo 23 de noviembre.

 

Combustibles  y gas

La discusión tarifaria de servicios locales estará necesariamente determinada por lo que ocurra con las definiciones nacionales en materia de combustibles, cuyo congelamiento vence el próximo 14 de noviembre, al igual que lo que se determine en torno a las tarifas de gas, que quedaron congeladas hasta el mes de enero 2020.

El modo en que se salga de esos esquemas de precios fijos temporales dependerá del cúmulo de definiciones que debe tomar el próximo gobierno nacional, cualquiera sea el resultado electoral.

Esa discusión estará necesariamente atada a morigerar la incidencia del dólar sobre las tarifas de servicios esenciales (aun desde una visión liberal de la economía, el actual gobierno terminó apelando a medidas de emergencia para atenuar el impacto devaluatorio sobre la inflación), incorporando la discusión sobre la incidencia real de cada uno de los componentes de las estructuras de costos. 

En ese análisis resulta indispensable tener en cuenta qué insumos dependen directamente del dólar (como los componentes importados) y cuáles no (como los salarios de los trabajadores que se desempeñan en cada uno de los servicios).

Para ello, como también para afrontar el grave problema económico que implican la inflación y la pobreza, se requiere un gran acuerdo nacional, que ojalá el país pueda encontrar al concluir el proceso democrático que se celebra hoy.