Según expresó Luque ante la consulta de ADNSUR, su postura apuntaba a que se proteja los salarios de los trabajadores (que debían aportar el 50% del costo del canon), pero que no se derogue la ley que exige el cobro a los empresarios pesqueros.

“Con las necesidades que tiene nuestra provincia en materia educativa, de seguridad y empleo no estamos en condiciones de resignar recursos, respecto a un sector que tiene ingresos extraordinarios producto de la explotación de un recurso que es de todos los chubutenses”, dijo el jefe comunal, más allá de que Comodoro Rivadavia no está alcanzado por los beneficios de esa recaudación.

“Una cosa es proteger el salario de los trabajadores, que somos los primeros defensores, y otra cosa es liberar del pago de un tributo que beneficia a la provincia y a las tres ciudades portuarias, respecto a un sector que se beneficia de un recurso natural existente en nuestra provincia. Más allá que con el producto de lo recaudado no se beneficie a Comodoro –remarcó-, creo que puede ser de importancia tanto para los habitantes de nuestra provincia, como para las ciudades tres ciudades portuarias”.

Los intendentes costeros aceptaron la derogación, pero esperan ser compensados

“Nosotros estábamos de acuerdo con el Fondo Ambiental Pesquero, porque entre el 60 y 70% del presupuesto de Camarones depende de ese ingreso, del que hicimos un buen uso”, dijo hoy la intendente de esa localidad portuaria, Claudia Loyola, quien si bien lamentó la próxima derogación de la ley, aceptó que “hay una decisión política del gobierno y tampoco queremos que la actividad se paralice”.

La jefa comunal de Camarones fue clara en su reclamo para que haya una compensación, desde Provincia, por los recursos económicos que dejará de recibir el municipio con la anulación de la ley, de la que defendió su aplicabilidad a partir de medidas judiciales que había presentado el municipio y que le dieron la razón.

Del mismo modo, se mostró expectante con el mecanismo de pago de la deuda acumulada en los últimos tres años por parte de las embarcaciones que no cumplieron con el pago, que para las arcas de su municipio estimó en 135 millones de pesos, “sin contar intereses y sin contar lo que va del año 2022”, según precisó, en diálogo con Actualidad 2.0.

A diferencia de los otros municipios involucrados, Camarones había logrado cobrar parcialmente el canon a algunas empresas, a partir de acciones judiciales específicas, por lo que también diferenció esa situación respecto de Madryn y Rawson, que no accionaron legalmente para exigir el cobro.

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, también coincidió en que la ley se derogará en una sesión convocada para el 1 de septiembre por parte de Legislatura, luego del acuerdo alcanzado con el gobierno provincial, tal como anticipó ADNSUR este martes.

Los intendentes esperan obtener una compensación a través del canon pesquero que por otra parte se viene aplicando sobre la pesca del langostino, por el derecho de explotación de ese recurso, que grava con un 2% el kilogramo del langostino capturado en aguas de jurisdicción provincial.

Tanto Sastre como Damián Biss, de Rawson, expresaron la expectativa por el cobro de la deuda generada, mientras que también se abordó durante la reunión con el gobernador la necesidad de que se compense parte de los ingresos que perderán los municipios al desaparecer este Fondo.

Vale recordar además que las cámaras empresarias plantearon su expectativa de que la nueva ley no se demore hasta el próximo 1 de septiembre, sino que sea tratada rápidamente en una sesión especial el próximo lunes, ya que de lo contrario las plantas seguirán desabastecidas, debido a que las embarcaciones no podrán ingresar a puertos chubutenses hasta que la ley que exige el pago del canon quede sin efecto.

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