MENDOZA - El Senado aprobó la sanción final al proyecto por el cual se le quitan beneficios a quienes usurpen tierras en la provincia de Mendoza. La propuesta, que tuvo 19 votos positivos, 14 negativos y tres abstenciones, ya contaba con la sanción de Diputados, por lo que fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La senadora Cecilia Juri criticó que la propuesta solo fue aprobada en la Cámara Baja por el bloque oficialista. "Hay más de 11 notas de distintas organizaciones que han sido presentadas. Lo que han solicitado es que se pueda escuchar sus opiniones previo al tratamiento en la Legislatura", manifestó.

Según informa El Sol, dentro del oficialismo, el senador Ernesto Mancinelli no acompañó la propuesta y expresó: "Otras soluciones que se han buscado en estos días, como la represión en Guernica, menos aún lo resuelven y agravan más la crisis. El problema del déficit habitacional es un tema no solo a nivel local sino también nacional".

Fernando Alin, del Partido Socialista, expresó que no está de acuerdo con la iniciativa: "La falta de vivienda es la mayor falta de dignidad que puede tener el ser humano. Creo que esta ley no soluciona nada", afirmó.

También se abstuvo en la votación el senador Hécto Bonarrico, al igual que Alin.

Mientras tanto, el senador Juan Carlos Jaliff defendió la iniciativa del diputado Jorge Difonso. "De cierta manera los que me han precedido en el uso de la palabra nos están mostrando la razón. Pretendemos que aquellos miles de mendocinos que no usurpan y que no cometen ningún delito tengan una situación diferente respecto de la ayuda del Estado", precisó.

QUITA DE BENEFICIOS A USURPADORES

El texto aprobado dispone como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.

Además, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.

Difonso sostuvo en la fundamentación del proyecto que "resulta preocupante el creciente número de casos de usurpación y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires".

“Así también, hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación, de que existen algunos casos que ya ocurrieron en el sur de nuestro país, incluso con la venta de tierras usurpadas”, añadió.

Fuente: El Sol