La Legislatura del Chubut le dio este martes estado parlamentario a un proyecto presentado por los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera, por el cual se expresó el “más enérgico repudio” al accionar violento de grupos en las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén. Además, se manifestó la “pasividad” tanto del Gobierno Nacional como del Provincial para garantizar la seguridad de la población en general.

Se trata del proyecto de Resolución N° 106/21 que en la sesión ordinaria de este martes fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia; y a la Comisión Especial del Parlamento Patagónico.

El proyecto busca que la Legislatura exprese “su más enérgico repudio y rechazo al accionar violento y delictivo de distintos grupos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y los derechos de transitar y trabajar en las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén”.

Además repudia “la pasividad por parte de los Gobiernos Nacional y Provincial” a la hora de tomar “medidas conducentes a garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos de las zonas afectadas por actos delictivos perpetrados por grupos organizados que intimidan a la población en su conjunto”.

En este marco, Pagliaroni y Aguilera propusieron “exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a que adopte medidas de intervención urgentes en la zona cordillerana afectada” por estas acciones que “afectan la propiedad privada, condicionan la producción, impiden la libre circulación e incluso ponen en peligro la integridad de los ciudadanos”.

De manera complementaria solicitaron al Parlamento Patagónico que “se pronuncie fijando posición, dada la afectación conjunta de las provincias patagónicas por esta situación”.

“Rechazan la soberanía”

“La violencia y la comisión delictiva de actos en contra de la propiedad privada, la libre circulación de las personas y ataques contra la integridad física de ciudadanos son algunos de las características que describen a la zona de la Cordillera patagónica en el último tiempo”, enfatizaron Aguilera y Pagliaroni, quienes especificaron que estos actos “son llevados adelante por quienes abiertamente rechazan la soberanía de nuestro país y se autodenominan grupos de resistencia”.

Entre las acciones, mencionaron los legisladores radicales, se incluyen “incendios de propiedades privadas, portación ilegal de armas de fuego, bloqueo de tránsito en rutas provinciales y nacionales, ataques a vehículos, incendios en espacios protegidos como Parques Nacionales”.

En los fundamentos del proyecto, Aguilera y Pagliaroni recordaron la respuesta (“No es una función del Gobierno Nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”) que el presidente Alberto Fernández le dio a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, cuando pidió la intervención del Estado Nacional.

Y también agregaron como prueba del aliento por parte de Nación a los grupos la defensa que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, hizo de uno de los líderes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, preso desde 2018 en el vecino país por su participación en varios de los hechos violentos.

Pasividad y silencio

Por ello plantearon que “el Gobierno Nacional parece ignorar los mecanismos institucionales y legales con fines a proteger a los ciudadanos de Chubut, como así de todas las provincias patagónicas afectadas. Abandona a los patagónicos de una forma deliberada y se posiciona en una suerte de defensa de los perpetradores de tales actos ilícitos mediante la inacción y la pasividad expresa”.

Y agregaron que, de la misma manera, “el Gobierno Provincial también permanece en silencio avalando el accionar ilícito de los violentos que parecen sentirse los dueños de la zona y está a las claras que no se ha adoptado ni una política pública al respecto e ignora los reclamos de los vecinos del lugar”.

“La alineación política que adoptan los Gobiernos Nacional y Provincial resulta gravosa en la protección de derechos fundamentales de orden constitucional”, dijeron.

Y finalizaron: “Como Poder del Estado debemos expresar nuestra clara posición y exigir que las autoridades se ajusten a sus atribuciones constitucionales y tomen urgentes medidas para evitar el creciente avance delictivo y de violencia”.

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