COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Yo te entiendo y tenés razón en el reclamo, pero si empezás esta demanda, directamente asumo con una bomba atómica”. Palabras más, palabras menos, serían las que expresó Alberto Fernández semanas atrás al gobernador Mariano Arcioni, cuando evaluaban el planteo de Chubut para impulsar el reclamo por diferencia de regalías petroleras y otros conceptos, por unos 2.400 millones de pesos, disparadas a partir del decreto que congeló los combustibles desde el 13 de agosto. 

¿Puede haber negociación por las retenciones a la exportación?

Cierto es que la demanda de Chubut no es la única que puede generar dolores de cabeza a la nueva administración nacional, de cara a la asunción del 10 de diciembre. También Neuquén, Santa Cruz y Río Negro tienen el mismo derecho a reclamar y de hecho lo hicieron: el recurso está planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si el máximo tribunal sigue el mismo criterio que ya adoptó para la quita del IVA y otros recursos coparticipables, debería ordenar al Estado nacional que compense a las provincias por la merma de ingresos que deberían haber recibido si el petróleo y los combustibles se hubiesen mantenido totalmente liberados.

Parece haber una cuestión de escalas. Chubut celebró la restitución de 82 millones de pesos, en cuotas de 800.000 pesos diarios, por la eliminación del IVA sobre productos alimenticios, que dispuso la administración Macri en su desesperado intento, tras las PASO de agosto, por revertir un resultado electoral que quedó sellado el domingo 27 de octubre a favor de Alberto Fernández. Sin embargo, poco se dijo de la decisión de no avanzar en una demanda similar, con un resultado a favor casi cantado, para que la provincia también sea compensada por la merma de ingresos en regalías petroleras, como consecuencia del decreto 566, que dispuso el congelamiento de combustibles (pese al aumento autorizado desde el 1 de noviembre, siguen arrastrando un retraso de entre el 15 y 20% frente al tipo de cambio oficial).

Según las cifras que divulgó el gobierno de Arcioni al momento de cuestionar esa medida, la provincia pierde ingresos por casi 2.400 millones de pesos: en ese monto se incluye la merma recaudatoria en Ingresos Brutos sobre el crudo producido y la venta de combustibles a menores precios, por 411 millones, más otros 1.900 en que se habría reducido la recaudación esperada en materia de regalías (según la presentación hecha por el gobierno provincial el 3 de septiembre último ante intendentes de la provincia).

Negociación por retenciones a la exportación

Quienes presenciaron aquella charla entre Arcioni y Fernández sostienen que el mandatario provincial aceptó el razonamiento del presidente electo (en ese momento todavía faltaba la disputa de la elección definitiva de octubre). 

Esa apreciación tiene respaldo en un hecho concreto: Arcioni no está dispuesto a avanzar en la demanda contra el Estado nacional, según confió a sus círculos cercanos. 

No es que la “bomba atómica” imaginada por Alberto pueda ser originada sólo por un reclamo de Chubut: mucho más alto es el riesgo que implica hoy el retraso del mercado petrolero en general, la suspensión de 3.000 puestos laborales en Vaca Muerta y el rebote inflacionario que podría acarrear el reacomodo de precios de los combustibles. Una mancha más no le hubiera hecho tanta mella al tigre, pero el reclamo chubutense volvió para atrás.

Y si no lo hizo antes de conocer el resultado de la elección, mucho menos lo hará ahora, porque una cosa era pelearse con Macri en retirada y otra distinta con quien está a punto de asumir y del que se espera algún tipo asistencia para salir de la crisis que mantiene paralizada a la provincia.

No es un monto para pasar por alto. 2.400 millones de pesos equivale a más de la mitad de una masa salarial estatal.

Confía, el gobernador, en obtener otra ventaja a cambio en esa negociación: el decreto que impone retenciones a la exportación de petróleo tiene vigencia hasta diciembre de 2020. 

Por esa vía, los ingresos de la provincia también se recortan, ya que incide sobre el precio final de liquidación de regalías del petróleo exportado (entre 30 y 40 barriles por cada 100 producidos en la provincia). Si consigue al menos la quita de ese gravamen, podrá decir que no fue en vano la renuncia. Aunque los 4 pesos por cada dólar exportado hoy aparecen licuados (frente a un tipo de cambio ubicado en 60 pesos, la retención baja desde el 10 % hasta cerca de un 6%) siempre podrá que “algo es algo”.

En rigor, no es la primera vez que Chubut renuncia a reclamo contra Nación por regalías petroleras. Lo mismo se hizo en 2013, cuando la provincia renunció a una demanda por un monto similar, cuando el alineamiento con el gobierno kirchnerista llevó a dejar de lado esa demanda por la diferencia de regalías de esos años. En todo el período 2003-2015, vale tener presente, la provincia dejó de percibir más de 2.000 millones de dólares. Esa diferencia surgió porque en años en que el barril de crudo cotizaba a 100 dólares, o más, a la provincia se le pagaban regalías sobre un barril de 42, a partir de la política de retenciones aplicadas en esos años.

Reperfilamiento y auditoría de deuda

Con todo, el 10 de diciembre marcará el nuevo rumbo que necesariamente debe revitalizar la administración de Arcioni. 

En la nueva conformación de la Legislatura se preparan para trabajar en torno a lo que podría ser un proyecto largamente postergado: la reestructura de la deuda externa provincial, que para 2020 prevé vencimientos por 125,6 millones de dólares. 

Si no logra reprogramar esos plazos, es probable que el escenario de febrero y marzo del año próximo sea igual, o peor, al que está concluyendo 2019, con la mayor parte de las escuelas sin actividad y con los estudiantes de todos los ciclos con la mitad de las clases que les hubiera correspondido tener.

En ese marco, hay quienes esperan que el gobernador Arcioni dé un paso novedoso: estaría evaluando ordenar una auditoría sobre la deuda provincial, para definir con precisión qué se hizo con cada dólar que el Estado salió a tomar prestado, que explica en gran parte la insuficiencia de fondos para reparar escuelas o pagar en tiempo y forma los salarios de estatales.

Salvo que tenga temor a efectos colaterales, sería un buen paso para empezar a recuperar legitimidad en un gobierno provincial que apenas se estrenará en 4 semanas, pero que hoy carga un nivel de desgaste similar al de una gestión a punto de terminar.

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