La presentación de Arcioni al STJ puso en duda la sesión de este jueves en la Legislatura

RAWSON (ADNSUR) - La declaración de certeza que el gobernador Mariano Arcioni presentó junto al abogado particular Guillermo Corneo ante el Superior Tribunal de Justicia y que ADNSUR adelantó este martes en carácter de primicia, complicó las negociaciones que se venían llevando adelante en la Legislatura para lograr el quórum y aprobar la autorización para utilizar 15 millones de dólares de un remanente del Bocade para ser destinados al pago del último tramo de sueldos del mes de julio.

Los pasillos de la Legislatura eran un hervidero esta mañana, y los diputados de los distintos bloques se mostraban sorprendidos por lo que consideraban -a micrófono cerrado- una “torpeza” en la estrategia del Ejecutivo de la doble presentación, buscando por un lado la aprobación legislativa, pero al mismo tiempo la tranquilidad en el terreno judicial de que la maniobra no viola la Constitución.

La mayoría de los legisladores consultados admitieron su sorpresa ante la noticia, ya que ninguno dijo estar enterado de la presentación judicial, y en el oficialismo –donde ayer eran absolutamente optimistas en conseguir el número necesario de votos para sesionar y aprobar el proyecto- hoy mostraron cara de preocupación ante la resistencia que comenzaron a notar en las bancadas de la oposición, que ahora plantean dudas y admiten el temor de quedar entrampados en un error que les genere una denuncia penal en su contra.

El artículo de la Constitución que cita la presentación del gobernador ante la corte chubutense es clarísimo, y no admite dudas en la prohibición expresa de utilizar fondos de un empréstito de este tipo para gastos corrientes, aunque algunos recordaban por estas horas que esta misma Cámara ya aprobó una autorización similar a los intendentes para que los municipios pudieran pagar sueldos con hasta el 50 % de estos fondos, incluso ante la postura negativa en su momento del ex gobernador Mario Das Neves y su entonces ministro Pablo Oca, quienes en un primer momento vetaron esa posibilidad.

Diputados justicialistas consultados por esta columna reconocieron sus dudas, y si bien dijeron que ahora deben tomar una definición como bloque, a nivel personal tiene miedo de que puedan sufrir en su contra una denuncia penal por violar la Constitución, algo que ya tuvieron que soportar hace unos meses al aprobar designaciones de vocales en el Tribunal de Cuentas que no reunían los requisitos constitucionales, en una denuncia que aún tiene en su poder el fiscal Osvaldo Heiber.

Una alternativa que podría barajarse es esperar que el Superior Tribunal defina el tema y luego sesionar, pero hay dos cuestiones a tener en cuenta: primero, la corte se está conformando con camaristas que oficiarán de conjueces recién a partir de hoy, por lo que el fallo va a llevar un tiempo precioso del que el gobierno no dispone, ya que debe depositar el tercer tramo de sueldos este viernes. Y en segundo lugar, lo más probable que suceda es lo que plantea el procurador general en su dictamen: que la justicia diga que sólo puede actuar ante un hecho consumado, y no ante una posibilidad a futuro.

Ante este panorama incierto, un diputado del Chusoto confesó a esta columna que hasta el momento cuenta sólo con 8 firmas para convocar a la sesión, que requiere de al menos 14 diputados para llevarse a cabo. La única alternativa que le quedaría al Ejecutivo, sería pedir a la oposición del PJ y de Cambiemos que presten al menos su presencia para lograr mañana el quórum, sin que esto implique una aprobación de su parte, ya que las manos levantadas correrían por cuenta de los diputados del oficialismo, que con todo el viento a favor podría llegar a un número de 9 (García, Ingram, López, Andén, Johnson Táccari, De Luca, Albaini, Torres Otarola y Brúscoli) y sumar también a Di Filippo, quien en su momento fue el impulsor de habilitar a los municipios a utilizar estos fondos para gastos corrientes.