COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Antonio Cimadevilla, enfatizó que ese organismo no tiene facultades para realizar una auditoría de la deuda externa de la provincia de Chubut.

“Entiendo que acá el poder Legislativo es el que tiene las facultades para autorizar al Ejecutivo a endeudarse y también tiene las facultades para controlar ese endeudamiento, lo dice claramente la Constitución Provincial”, puntualizó en diálogo con ADNSUR, en torno a la posibilidad de establecer con claridad en qué se gastaron los 650 millones de dólares del BOCADE.  Recordó que en la denuncia sobre obras públicas en el interior se involucra a obras financiadas por ese bono.

Cimadevilla se refirió a las declaraciones del ministro de Economía, Oscar Antonena, quien al ser consultado si impulsaría una auditoría sobre la deuda, señaló que esas funciones pueden caberles al Tribunal de Cuentas y a la contaduría general de la provincia.

“Voy a comentar cuáles son los organismos de control y los poderes que pueden ejercer controles, porque a veces la gente se olvida, sobre todo los funcionarios y le tiran la pelota al Tribunal de Cuentas, como si nosotros tuviéramos super poderes”, respondió el integrante del TCP sobre los dichos del ministro.

“Hay organismos que ejercen controles –enumeró-, como el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General, Fiscalía de Estado, Oficina anti corrupción y servicios administrativos que son muy importantes. Pero también hay poderes que ejercen controles y entiendo que acá el poder Legislativo es el que tiene las facultades para autorizar al Ejecutivo a endeudarse y también tiene las facultades para controlar ese endeudamiento, lo dice claramente la Constitución Provincial en su artículo 135 inciso 15, cuando habla de que puede autorizar al poder Ejecutivo a endeudarse y respecto del control  lo dicen también el articulo 134 y 135”.

En ese marco, citó las normas constitucionales, entre las que se habilita a formar “comisiones de investigación con el fin de encaminar la gestión de los funcionarios y el artículo 135 de la C.P, en su inciso 8, habla de aprobar o desechar la cuenta de inversión que el poder Ejecutivo le remite al Legislativo. La cuenta de inversión –añadió, en diálogo con Actualidad 2.0- tiene ahí determinada información como la deuda, el seguimiento o evolución, tanto de corto como de largo plazo. Me parece que está más que claro que la primer facultad constitucional de controlar este tema en particular es del poder Legislativo, porque su naturaleza es controlar al Ejecutivo”.

Obras financiadas en el interior bajo sospecha

Cimadevilla reiteró que el TCP realiza un control de forma, pero no de fondo, de manera posterior a los pagos realizados por la provincia. De ese modo, precisó que el contacto que el organismo ha tenido con fondos del BOCADE fue por la investigación y denuncia que realizó el Tribunal sobre obras públicas en comunas de la provincia, que fueron financiadas con fondos provenientes de ese bono.

“En la denuncia que hicimos ante la Oficina Anticorrupción, por presuntas irregularidades, vimos que varias de las obras de las comunas fueron financiadas con fondos provenientes del BOCADE”, indicó.

Si bien hasta ahora la denuncia no ha llegado a una etapa conclusiva, señaló que la Oficina Anticorrupción está trabajando y “he escuchado a uno de los fiscales decir que el trabajo del Tribunal de Cuentas fue contundente, que fue muy bueno y que las pruebas que hemos presentado no da lugar a dudas y que seguro lo van a presentar en la justicia”.