RAWSON (ADNSUR) - En un año y medio, la masa salarial de Chubut, es decir, el costo total para el Estado de los sueldos de los empleados públicos provinciales, se duplicó. Es decir que, en un lapso de 18 meses, el gobierno pasó a pagar en salarios el doble de lo que pagaba a fines de 2018, y todo producto de la paritaria cerrada en marzo-abril de 2019, que además de elevar los sueldos básicos entre un 30 y un 40 %, puso en práctica las llamadas “cláusulas gatillo”, un sistema automático de ajuste trimestral de acuerdo a la inflación, que a la postre resultó suicida.

El impacto de aquel acuerdo cerrado hace más de un año genera que -por ejemplo- en lo que va de 2020, cuando las negociaciones están “congeladas”, igualmente la masa salarial siga subiendo todos los meses. Sin ir más lejos, en la última liquidación correspondiente a mayo, la masa total asciende a $ 5200 millones, es decir, $ 1000 millones más que lo que se pagaba en el mes de enero.

El dato del incremento de la masa salarial es aún más asombroso si se lo compara con los ingresos provinciales: el pago en tiempo y forma no se pudo cumplir porque la recaudación nunca estuvo a la altura de la “cláusula gatillo”, que subió con la inflación un 12 % en el trimestre que venció en julio, otro 12 % en el trimestre de octubre y finalmente otra cifra similar en el trimestre que venció en enero. Es decir que se firmó un acuerdo que implicaba una suba del 36 % en 9 meses, cuando los conceptos de regalías petroleras, impuestos provinciales y coparticipación nacional, nunca estuvieron a la altura de ese número.

El panorama ya era terrorífico en enero, cuando el ministro de Economía, Oscar Antonena, brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en la que anticipó que el déficit anual proyectado para 2020 con el cumplimiento de estos aumentos firmados en paritarias en 2019 sumando el pago de la deuda, superaba los $ 30 mil millones. Ni que hablar con el impacto económico de la pandemia a partir de fines de marzo, que hizo bajar los ingresos -que ya de por sí no alcanzaban- a menos de la mitad.

Si se observa ese escenario, no suena raro que los sueldos se estén pagando con una demora de 45 a 60 días, y que el gobierno esté proyectando el pago del aguinaldo en cuotas.

De todos modos, en su último discurso sobre el tema, el gobernador Mariano Arcioni fue tajante en su postura de que prefiere pagar con demora y no dejar una sola familia en la calle, en alusión a la posibilidad de aplicar un ajuste y achicar la planta de empleados públicos, que hoy supera los 65 mil.

Para tratar de acomodar un poco ese número, el gobierno envió el año pasado una Ley a la Legislatura con un sistema de “baja del débito laboral” para incentivar a que se jubilen unos 5 mil empleados que están en sus últimos años de aportes, pero no tuvo éxito hasta el momento, a pesar de que se escucharon versiones de que iba a tratar de hacerlo de manera compulsiva, algo que hasta ahora no se verificó.

Otra de las medidas anunciadas, que no es nueva y vuelve a repetirse año tras año y gestión tras gestión, es que se pide al gabinete un ajuste de los gastos vinculados a la política: menos cargos de subsecretarías y direcciones generales, menos costo de viáticos, uso de telefonía celular, de automóviles oficiales y de alquileres, pero más como un gesto hacia la sociedad que un impacto concreto en las cuentas públicas.

De todos modos, el número de ministerios sigue siendo de 11, el más alto de la historia, si se compara con los 5 ministerios que había en 2003, cuando los empleados públicos eran menos de 30 mil.

Y finalmente, la última medida en la cabeza del gobierno en la que se está trabajando, es el denominado “tope salarial”, para fijar un techo a los sueldos del Estado que no supere lo que cobra el gobernador de la provincia, es decir, unos $ 230 mil mensuales. El proyecto ya ha generado rechazo de dirigentes sindicales de la Justicia, la Legislatura y los organismos de control, así como de magistrados y funcionarios.

De todos modos, funcionarios de gabinete siguen adelante en la búsqueda de consensos, y habrá que ver cómo queda plasmado el proyecto de ley que se enviará a la Cámara de Diputados, ya que hay distintas posturas dentro del equipo gubernamental.

Un dato político de color, en el cierre de nuestro informe: el pago de la “cláusula gatillo” fue uno de los motivos de la interna de cierta parte del gabinete con Andrés Meiszner, quien hace dos semanas se fue del gobierno. Todo empezó allá por noviembre pasado, cuando el último Ministro Coordinador que tuvo la gestión Arcioni, Federico Massoni, tenía la postura más dura de aplicar descuentos por los días de paro y no pagar la cláusula gatillo, por considerarla de imposible cumplimiento.

Ante la gresca protagonizada con la detención del dirigente de Atech, Santiago Goodman, Massoni debió dejar su lugar, y al arribar Andrés Meiszner al ministerio de Educación, resolvió destrabar el paro docente devolviendo los días y comprometiendo el pago de la cláusula gatillo. Para muchos miembros del gabinete, allí comenzaron los problemas más serios, ya que al pagarle a los maestros, hubo que hacerlo con todo el resto de los estatales. Hoy la masa salarial está en 5200 millones de pesos, y es probable que aún continúe subiendo, y Meiszner ya no está.