RAWSON (ADNSUR) - En la sesión que mañana a primera hora llevará adelante la Legislatura, se abordarán buena parte de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo conocidos como el "paquete de medidas" para mejorar los ingresos provinciales, entre los que se encuentran la moratoria impositiva, la baja del débito laboral y la nueva Ley Tributaria con aumentos en las alícuotas de los Ingresos Brutos. Sin embargo, el gobierno no logró el apoyo de la oposición para avanzar en el cobro de tributos a la transferencia gratuita de bienes, tampoco para aprobar la creación de una nueva tasa a la actividad pesquera, y no tuvo votos en la intención de aplicar un impuesto extraordinario a los campos improductivos.

En la jornada de este miércoles se reunieron las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Hacienda, y emitieron los principales dictámenes que se tratarán en la sesión de mañana jueves.

Dos de los temas que tendrán aprobación serán el Presupuesto 2020 del Poder Judicial, que no había sido tratado en particular por la anterior Legislatura, y cada uno de los pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura para cargos de jueces, fiscales y defensores.

Respecto al paquete de temas que fueron reservados para mañana, que llevan los números del 2 al 9/20, figura la nueva Ley Tributaria que -al quedar derogado el anterior Pacto Fiscal- ahora permite la suba de las alícuotas de Ingresos Brutos, que junto a la Moratoria las pymes y los nuevos tributos que pagarán sectores como el campo, se cree que pueden generar ingresos por 2 mil millones de pesos en el año.

Cómo ya informara en su momento ADNSUR, así como el Gobierno Nacional y nueve provincias ya pusieron en práctica moratorias para sus contribuyentes morosos, el gobierno chubutense considera urgente hacer el lanzamiento de un plan de regularización de impuestos provinciales adeudados, que hoy suman aproximadamente unos $ 1300 millones, de los que estima se podrían recuperar en un primer tramo al menos $ 500 millones.

El Régimen Especial de Regularización Tributaria alcanza a quienes adeudan impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Rural y Tasas Retributivas de Servicios. Entre las principales disposiciones, se establece que podrán optar por alternativas de pago con distintos beneficios. Por ejemplo el pago al contado otorga una condonación del 80% de los intereses, mientras que para acceder al pago en cuotas, se deberá abonar en concepto de anticipo el 5% del monto de la deuda consolidada. Luego el proyecto discrimina de acuerdo a los planes de pago: por ejemplo, para la cancelación hasta en 6 cuotas, una condonación del 60% de los intereses y reducción del 50% de la tasa de interés aplicable. Según el proyecto, estos beneficios disminuyen de manera paulatina a mayor cantidad de cuotas, que pueden llegar a ser hasta 60.

Según trascendió, al no estar ya vigente la Ley de Emergencia para el sector comercial, ahora quedó abierta la posibilidad de que el Estado inicie acciones judiciales para cobrar las deudas, algo que estaba vedado hasta diciembre.

DEBITO LABORAL Y JUBILACIONES

Por otra parte, la cuestión del fomento de las jubilaciones y la baja del débito laboral tiene para el Ejecutivo la lógica de achicar la planta de trabajadores activos que hoy genera obligaciones salariales todos los meses, que son imposibles de afrontar. De acuerdo a los números que maneja el gobierno, hay en estos momentos 413 jubilados que están prestando servicios como contratados, lo que demanda un costo mensual de 44 millones, que salvo fundadas excepciones, la idea es que una vez vencidos sean dados de baja.

Por otra parte, hay 3504 casos de agentes que siguen como activos pero que exceden la edad para jubilarse y que demandan una suma salarial mensual de 263 millones. En estos casos, el gobierno tendría decidido intimarlos por carta documento, para que inicien sus trámites de manera inmediata.

Además de estos 300 millones que en el Ejecutivo consideran que son los más fáciles e inmediatos de achicar, hay otros 500 millones de pesos que se pagan mensualmente en agentes a los que les falta muy poco tiempo para jubilarse, y es a quienes apunta el proyecto de Ley, o en todo caso el decreto que está en ciernes.

Según datos oficiales, hay 869 casos de agentes a los que les falta un año para jubilarse (una masa salarial de $ 77millones al mes), y hay 967 casos de empleados a los que le faltan 2 años para jubilarse, ($ 88 millones mensuales). Y el tramo que demanda más fondos es el de agentes a quienes les faltan de 3 a 5 años para jubilarse, que son en total 5323 casos, cuyos salarios demandan 424 millones mensuales.

En los primeros dos casos, lo que dice la medida es que los agentes que reúnan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria de aquí a dos años, pueden elegir de manera voluntaria la adhesión a la baja del débito laboral y percibirán como prestación un haber equivalente al 70% móvil de la remuneración del cargo desempeñado al momento del acogimiento al régimen y hasta la fecha en que se encuentra en condiciones de acceder al régimen de la jubilación ordinaria; debiendo realizarse también los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social determinados sobre el 100% móvil de sus remuneraciones.

Por otra parte, para los agentes que reúnan los requisitos para jubilarse dentro de 3 y hasta 5 años, y soliciten la incorporación a ese régimen, percibirán como prestación un haber equivalente al 55% móvil de la remuneración del cargo.