COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Tras la denuncia sobre la designación del abogado Francisco Romero como Juez Penal de Comodoro Rivadavia a pesar de tener la matrícula suspendida; el diputado y presidente de Asuntos Constitucionales, José María Grazzini, aseguró en diálogo con ADNSUR, que al momento del concurso “el antecedente no lo conocíamos” y sostuvo que “en la entrevista personal que Romero tuvo con todos los miembros de la comisión de los diferentes partidos, no hizo mención a esto”. A su vez, Grazzini cuestionó al “Colegio de Abogados de Comodoro porque no ha tenido la interpretación, más sabiendo que ellos tienen la posibilidad de impugnar al candidato”. Por tal motivo, tal como el miembro del Consejo de la Magistratura Oscar Massari adelantó ADNSUR, se analiza si “hubo una omisión de parte del candidato y en este momento el Consejo de la Magistratura deberá evaluar si hubo una malicia de querer ocultar este tipo de sanción. Y además, el Colegio de Abogados de Comodoro deberá hacerse responsable”, indicó Grazzini. Y agregó que “si la declaración jurada de Romero omitió el dato, el postulante estaría falseando sus datos y seguramente se deberá tomar una acción dentro de la justicia y dentro del ámbito administrativo para que esta persona no pueda hacerse con el cargo de juez”.

“El antecedente no lo conocíamos, revisamos todo el expediente, y tuvimos la entrevista porque esta Legislatura, a partir de la nueva integración, ha decidido entrevistar a todos los candidatos elegidos por el Consejo de la Magistratura”, afirmó Grazzini.

A su vez, indicó que el doctor Romero “en la entrevista personal que tuvo con todos los miembros de la comisión de los diferentes partidos, no hizo mención a esto. Y las en certificaciones que existen dentro del expediente, figura que la sanción estaba suspendida y que por el tiempo transcurrido ya había finalizado porque era un expediente del 2013”.

“En el expediente dice cese de la suspensión y tampoco informó al Consejo de la Magistratura al momento de rendir el examen. Esto no está informado pero creo que también hay una falta del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, porque cuando los postulantes se inscriben en un concurso, existe una etapa que se llama impugnación donde cualquier ciudadano y más el Colegio de Abogados tendría que haber notificado e impugnado la postulación de esta persona”, remarcó.

Por tal motivo, Grazzini consideró que “acá pareciera que hubieran fallado los sistemas de seguridad y articulación para impedir que una persona sancionada pudiera llegar a ser juez” pero “eso no ha fallado porque los controles han sido dados, pero sí falló la articulación de las personas que vienen hoy y tarde a decir que esta persona tiene una sanción”.

Grazzini remarcó que “el Consejo de la Magistratura no ha hecho correctamente las cosas y tampoco el Colegio de Abogados de Comodoro ha tenido la interpretación, más sabiendo que ellos tienen la posibilidad de impugnar al candidato y no hicieron uso de ese privilegio constitucional que tienen como tampoco se aceraron a la Legislatura para impugnar o pedir a la comisión una reunión para no tratar este pliego e informar a la comisión sobre este hecho”.

De esa forma, aseguró que cómo diputados no contaron con la información y “el momento era antes. Cuando el Consejo de la Magistratura abre la etapa de impugnaciones, incluso da la posibilidad para que te hagas presente y ratifiques esa impugnación delante del postulante para que tenga derecho a su defensa para decidir si se da lugar a que siga el candidato dentro del concurso o directamente anular la participación del candidato. Evidentemente los controles no fallaron, acá hubo una omisión de parte del candidato y en este momento el Consejo de la Magistratura deberá evaluar si hubo una malicia de querer ocultar este tipo de sanción, y el Colegio de Abogados de Comodoro hacerse responsable de que no hizo utilización de los recursos constitucionales que tiene como el poder impugnar al candidato”.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ANALIZA LA DESIGNACIÓN

Hasta que Romero no jure no asume como juez, por ello, Grazzini aseguró que “tengo entendido que el Consejo de la Magistratura está analizando antes de ponerlo en funciones y evidentemente tendrán que pensar muy bien y  citar a esta persona para ver si hubo una malicia, omisión o si él interpretó que a partir de que todavía la medida cautelar seguía vigente, y que el Colegio de Abogados dice que a partir de mayo la sanción quedó efectiva y el concurso fue en junio”.

Por tal motivo, “se deberá responder ante eso y el Consejo de la Magistratura debería de chequear la declaración jurada que presentó este candidato ante el Consejo para ver si esa declaración está o no”.

“Si la declaración jurada omitió el dato, el postulante estaría falseando sus datos y seguramente se deberá tomar una acción dentro de la justicia y dentro del ámbito administrativo para que esta persona no pueda hacerse con el cargo de juez”, concluyó.
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