RAWSON (ADNSUR) - La Cámara de Diputados del Chubut volverá a desarrollar este martes desde las 9 una nueva sesión con la misma modalidad que venía desarrollando las anteriores, es decir, sin concurrir al recinto en Rawson, si no con los diputados conectados por videoconferencia desde sus casas.

Según pudo saber ADNSUR, la idea es continuar con este sistema hasta fin de año, por el peligro que implica la gran cantidad de casos a causa de la pandemia. Si bien se espera un intenso trabajo en comisiones en estos días, no está previsto abordar tampoco esta semana la autorización que pide el gobierno para permitir un nuevo endeudamiento en Letras a dólar linked para gastos corrientes a 30 meses, ya que el oficialismo no ha insistido al respecto.

Otro tema que tomó gran relevancia en los últimos días y se instaló en la agenda de los diputados fue un posible proyecto de zonificación minera de la provincia anticipado en declaraciones por el gobernador Mariano Arcioni, pero aún la Cámara no tiene ningún proyecto ingresado para dar tratamiento. De todos modos, se cree que puede haber algún tipo de expresión en la sesión de martes o jueves por parte de algún legislador en la Hora de Preferencia.

Uno de los temas que viene motivando mayor cantidad de reuniones en la comisión de Legislación Social en los últimos días, es la reforma a la ley vigente que regula la actividad de las farmacias en Chubut, que desde el Ministerio de Salud fue objetada y en determinado hubo un intento del oficialismo para que sea derogada, lo que no prosperó. Los diputados trabajan en convocar a las partes, tanto desde el gobierno como los dueños de cadenas comerciales y representantes del Colegio de Farmacéuticos, para tratar de consensuar las modificaciones a los artículos que generan mayor polémica. Es difícil arriesgar si esto se logrará para esta semana, o aún habrá que esperar 15 días más.

FICHA LIMPIA

Un tema que se cree puede tener avance esta semana es la iniciativa legislativa que prevé incluir una reforma en la Ley de Partidos Políticos para incluir inhabilitaciones a personas para presentarse a precandidaturas, así como para ejercer cargos partidarios, en los casos en los que tengan condenas en segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos y otros delitos dolosos contra la administración pública.

Como se recordará, la semana pasada se realizó una videoconferencia de la que participó el vicegobernador Ricardo Sastre, junto al diputado nacional Gustavo Menna, de diputados provinciales de distintos bloques y referentes del movimiento ciudadano Ficha Limpia, referido a la entrega a la Legislatura de las casi 370.000 firmas de aval que el proyecto de ley recogió a nivel nacional y que en Chubut presentó el año pasado el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni.

La presentación de las firmas en la Legislatura se hizo a través de un encuentro virtual, coordinado por la diputada de Juntos por el Cambio María Andrea Aguilera, y con la presencia del presidente del bloque de Chubut al Frente, Juan Pais, las diputadas Xenia Gabella, del mismo bloque, y María Cativa; el impulsor del movimiento ciudadano Ficha Limpia, Gastón Marra, la periodista Fanny Mandelbaum como activa participante de ese espacio, la referente de la iniciativa Maite Bazterra; y el representante de la web Change.org, Gastón Wright, entre otros.

JUICIOS POLITICOS

Por otra parte, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales resolvieron empezar a analizar los antecedentes de cada uno de los pedidos de juicio político que se fueron acumulando desde el año pasado, para ver si se emite un dictamen aconsejando a la Cámara que sean derivados a la Sala de Acusar, o si directamente son archivados.

Lo que se resolvió es que más allá del ingreso de 27 denuncias contra los ministros Federico Massoni y Fabián Puratich en los últimos días, que se sumaron a los que estaban presentados hace meses al gobernador Mariano Arcioni y al mismo Massoni, se deberá dar tratamiento a los pedidos en un orden que estará marcado por la fecha de ingreso.

Por esa razón, se determinó que el más antiguo para comenzar a analizar en primer lugar, es el que ingresó en septiembre del año pasado contra los ministros del STJ, Alejandro Panizzi y Miguel Donnet –quien ya renunció- y también contra el procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández, por el trámite seguido en la denuncia contra el entonces juez Martín Alesi, quien también ya ha renunciado.

En su momento, la solicitud fue ingresada por Adriana Elisabeth Rogers, Angela Yanina Arrieta, María Alejandra Antilef, Sabrina Joana Ovelar, Cecilia Izarriaga, Yanina Vanesa Riberos, Miriam Dolores Miranda, Carolina Yevenes, Natalia Elizabeth Délia, Romina Inés Silvestre, Patricia Elisabet Rizzo y Mariana Valpreda Burgos, además de Oscar Jerónimo Díaz.

Allí se aludía que “el ministro Mario Vivas, del Superior Tribunal de Justicia, denunció en mayo de 2018 que en horas del almuerzo en un restaurant de la ciudad de Trelew, el juez Alesi le habría impedido el paso, ejerciendo luego presión sobre uno de sus brazos y lo llamó ‘censor’ a los gritos, reprochándole la actitud asumida por el STJ, que días antes le impidió asistir a una invitación de la Legislatura para exponer sobre materias de su conocimiento”.

En la presentación puntualizaron que el entonces presidente del STJ, Alejandro Panizzi, “dispuso la formación de un sumario designando como instructor a su par Donnet”, convirtiéndose “por primera vez en la historia del Superior Tribunal de Justicia, y de cualquier otra Corte de este país, en designar a los propios pares del denunciante para la substanciación y resolución del sumario”.

En cuanto a Porras Hernández, las denunciantes alegaron un presunto mal desempeño que deriva por no cumplir con lo que dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Aseguran que “convalidó el procedimiento inconstitucional de usurpación de funciones del Consejo de la Magistratura; ratificó que Alesi debía ser expulsado del Poder Judicial por haber incurrido en una inexistente falta grave en el ejercicio de sus funciones; avaló que el promotor del proceso de remoción de Alesi -Panizzi-, ejerza sin reproche alguno el cargo de presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, en abierta violación al derecho a un tribunal imparcial”.