La Cámara de Diputados aprobó este jueves de manera unánime el presupuesto para el funcionamiento del Poder Judicial de Chubut durante 2023, que asciende a casi 34.000 millones de pesos, de acuerdo con la previsión de gastos realizada en la iniciativa que se giró a la Legislatura Provincial a fines de noviembre último.

El cálculo implica una suba del 70 por ciento en relación a lo que se había presupuestado para año en curso, cuando tras una serie de polémicas no se aprobaron las partidas específicas para creación de nuevos cargos. Sin embargo, al considerar las ampliaciones posteriores para gastos corrientes, la actualización de este año se reduce a alrededor de un 50 por ciento.

La previsión de gastos consignada por el Superior Tribunal de Justicia para el año 2023 asciende a un total de 33.699 millones de pesos, para poder asegurar el funcionamiento, lo que significa un 70 por ciento de incremento frente al proyecto de 2022, que se había ubicado en 19.916 millones de pesos.

En el proyecto 2023 se fija el total de cargos en 2.244 agentes, correspondiente a la planta de personal, mientras que la posibilidad de crear nuevas estructuras se vincula con la cobertura de juzgados vacantes, ante el crecimiento poblacional.

El presupuesto fue aprobado por unanimidad por el pleno de los legisladores provinciales.
El presupuesto fue aprobado por unanimidad por el pleno de los legisladores provinciales.

El presupuesto presentado para el próximo año se compone por 19.869,3 millones de pesos para el ámbito de la Judicatura; 6.968,2 pesos para el Ministerio de la Defensa Pública; y 6.861 millones de pesos para el Ministerio Público Fiscal.

Según la nota firmada por la presidenta del STJ, Camila Banfi Saavdera, el Presupuesto “contempla una previsión del gasto necesario para atender la planta distribuida incluyendo el crecimiento natural del gasto más los cargos nuevos previstos en 130 agrupando Judicatura y los Ministerios Públicos. Que allí se incluyen, además, los cargos no cubiertos por los distintos organismos como también la dotación incluida en el presupuesto 2022 dado que no fueron aprobados por la Legislatura”.

Indicó que “esta previsión ha sido ajustada, tomando corno base lo solicitado por el Ministerio de Economía y Crédito Público, en virtud de lo cual, la estimación realizada por cada organismo del Poder Judicial incluye una reducción expresada en cifras conforme los parámetros fijados desde el citado Ministerio, por lo que la previsión inicial para este inciso debió resultar equivalente -en términos absolutos- al presupuesto vigente a diciembre de 2022 más un incremento del 60%”.

RECORTE

Según los informado por Banfi, “la pauta de incremento impuesta obligó a hacer extensivo el ajuste, alcanzando a los cargos nuevos en su totalidad más una previsión sobre aquellos cargos que aun cuando forman parte de la planta aprobada por Ley, se encontraban vacantes al momento de presentar el proyecto que espera aprobación, con el agregado de aquellos cargos que a criterio de cada uno de los organismos que conforman el Poder Judicial podrían resultar vacantes a lo largo del ejercicio 2023”.

Indica la presidenta de la corte que “la reducción incluida por cada SAF no solo es muy significativa en términos económicos (supera los seis mil millones en conjunto) sino que, ha sido incorporada bajo la premisa de que durante el ejercicio 2023, se han de ajustar las necesidades de ampliación de la pauta presupuestaria estimada, y las previsiones de cargos  nuevos, así como las coberturas de aquellos cargos que se encuentran vacantes en la  actualidad incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2023, pues contemplan una necesidad que inevitablemente deberá atenderse en el transcurso de este  año, toda vez que los fundamentos que le dan origen persisten”.

Además explicó que “durante el ejercicio 2023 se planificó avanzar en la conformación de las nuevas oficinas de gestión unificada en el fuero no penal siendo el mismo un programa plurianual que se extenderá en los próximos 5 años, y donde la primera experiencia, fue la Oficina de Gestión Unificada de Familia en Comodoro Rivadavia”.

La Presidenta del Poder Judicial brindó un informe detallado de los gastos .
La Presidenta del Poder Judicial brindó un informe detallado de los gastos .

“El proyecto -agrega la nota- promueve un cambio cultural en la gestión y organización del servicio de justicia. También se han previsto las necesidades que pudieran demandar la implementación del sistema de Juicios por Jurados en la provincia (Ley XV N° 30), la cobertura de los cargos vacantes en los juzgados de la provincia y que se encuentren en concurso ante el Consejo de la Magistratura; la puesta en marcha de las Unidades de Gestión Administrativa creadas para hacer más eficiente y profesionalizada la gestión de los procesos de apoyo centrales en cada Circunscripción”.

También se planificó “la integración del Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional -creado en 2020- para atender las necesidades en materia de enfermedades laborales. La dotación necesaria para afrontar la entrada en vigor de la Ley XV Nro 27, la puesta en marcha de todos los organismos jurisdiccionales correspondientes a la Circunscripción Lago Puelo (Ley V Nr015) y el fortalecimiento de los servicios que se brindan en las oficinas de las defensorías civiles y asesorías de familia, entre otras”.

NUEVO FUERO

Según el informe que realizó Banfi, “en materia de gestión de personal, solamente se ha podido continuar con algunos procesos destinados a la cobertura de vacantes que se venían desarrollando en el ejercicio 2021, más otros que se implementaron a partir de las nuevas vacantes producidas durante el ejercicio 2022” por lo que “durante el periodo 2023 se ajustaron las necesidades, tanto en la Judicatura como en el M. Público Fiscal y el M. de la Defensa Pública solo para atender lo posible, sin perjuicio de que ello apenas ha permitido asistir y reforzar las situaciones más urgentes pero que de igual modo no resulta suficiente”.

Indica además que “la reciente sanción de la Ley de los Juzgados Contenciosos Administrativos en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, que en su articulado establece la creación de cuatro juzgados en lo Contencioso Administrativo que entenderán en la materia, localizados estratégicamente en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Rawson, y una Cámara en lo Contencioso Administrativo que tendrá asiento en la ciudad de Trelew, nos motiva a repensar algunas de las premisas tenidas en cuenta al  enviar el proyecto de ley de presupuesto en noviembre de 2022”.

Esto se debe a que “la implementación de este nuevo fuero en el año 2023, y un plazo tan breve como el que prevé la ley de creación, y sin los recursos ni las herramientas necesarios disponibles para una gestión eficiente que permita optimizar el servicio de justicia y acercarlo en la mayor medida a toda la población, exige contar con la aprobación de la ley de presupuestos de gastos y recursos del Poder Judicial, aprobada”.

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