La Justicia citó a funcionarios y dirigentes de Santa Cruz denunciados por difundir noticias falsas
Deberán concurrir a una audiencia de conciliación en el marco de una demanda presentada por el padre Juan Carlos Molina, quien los acusó de compartir en las redes un video con calumnias en su contra.
Siete funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo de Santa Cruz deberán presentarse ante la Justicia por una causa de calumnias e injurias, a raíz de una querella impulsada por el padre Juan Carlos Molina. La audiencia de conciliación fue convocada por la Cámara del Crimen de Río Gallegos y tendrá lugar el próximo martes 8 de julio por la mañana.
Según informaron fuentes del caso, los citados son Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación; Jazmín Macchiavelli, secretaria de Igualdad e Integración y exministra de Desarrollo Social; Gabriel Giordano, abogado; Daniel Vidal, dirigente sindical; Julio Bujer, presidente de Vialidad Provincial; Manuel Miranda, delegado del Ministerio de Trabajo en El Calafate; y el concejal Juan Carlos Rueda.
La denuncia sostiene que los involucrados difundieron de manera pública y dolosa un video a través de redes sociales, en el que se le atribuyen al sacerdote delitos de extrema gravedad como fraude al Estado, corrupción con menores y enriquecimiento ilícito, sin respaldo judicial alguno. Desde la querella se subraya el impacto negativo que esta acción generó sobre las comunidades terapéuticas y escolares de la Fundación Valdocco, que Molina dirige en El Calafate.
El escrito judicial califica de falsas las imputaciones vertidas en el video y señala que su difusión masiva respondió a una estrategia deliberada de desprestigio político, en un contexto de creciente hostigamiento hacia referentes sociales vinculados a la gestión anterior. Además de la querella penal, se presentó una demanda civil por daño moral.
La presentación también advierte sobre la posible falta ética de los querellados, en tanto funcionarios públicos, y sugiere que sus acciones podrían contravenir los principios de legalidad, prudencia y respeto institucional que establece la Ley de Ética Pública y el Código de Conducta del Estado.
