La justicia busca subastar más de 20 propiedades vinculadas a Cristina Fernández por la causa Vialidad
El fallo de la Corte Suprema reactivó el reclamo por el resarcimiento económico al Estado. En los próximos días, podrían iniciarse ejecuciones patrimoniales si los condenados no restituyen los fondos.
La causa Vialidad se convirtió en el expediente judicial más emblemático de la última década en la Argentina. La trama de corrupción vinculada al direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que involucró a empresarios y altos funcionarios del kirchnerismo, derivó en condenas de alto impacto político, entre ellas la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El fallo de la Corte Suprema dado a conocer el martes 10 de junio por la tarde, que confirmó su sentencia dejó sin margen de apelación y habilitó la etapa de ejecución. Ahora, la Justicia avanza sobre los bienes de los condenados con el objetivo de recuperar parte del dinero defraudado al Estado. La causa estima un perjuicio de alrededor de 85 mil millones de pesos.
Con la condena firme en la causa Vialidad, la Justicia se prepara para ejecutar una de las medidas más esperadas del proceso. El decomiso y subasta de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, su familia y el empresario Lázaro Báez. En este contexto, el fiscal federal Diego Luciani solicitará que los condenados restituyan los fondos al Estado en un plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución de sus patrimonios.
CUÁLES SON LOS BIENES
Entre los bienes afectados figuran 27 propiedades vinculadas a la exmandataria, cinco cocheras en el lujoso edificio Madero Center, y dos empresas del núcleo familiar: Hotesur y Los Sauces. En esas firmas se integran hoteles y otras propiedades que pasarían a remate si no se cumple con la restitución.
También están bajo la lupa fondos congelados: 4,6 millones de dólares secuestrados en Hotesur a nombre de Florencia Kirchner y otro millón depositado en una cuenta bancaria. La Justicia considera que parte del patrimonio de los hijos de Cristina, Máximo y Florencia, podría estar comprometido, ya que habrían recibido cesiones de bienes por parte de su madre.
Lázaro Báez, considerado organizador de la red de corrupción, enfrenta el posible decomiso de más de 60 inmuebles, la mayoría ubicados en el sur del país. El fallo judicial sostiene que el 50% de las obras adjudicadas a su empresa fueron abandonadas, aunque se cobró la totalidad de los contratos, con avances que no superaban el 36% en promedio.
El reclamo por resarcimiento había quedado frenado durante los años de gobierno de Alberto Fernández. Ahora, con el aval de la Corte, la Justicia busca avanzar rápidamente para recuperar parte del dinero perdido.
QUÉ ES LA CAUSA VIALIDAD
Investiga el presunto direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. El caso se centra en la adjudicación del 80% de los contratos viales nacionales a empresas del empresario Lázaro Báez, cercano al entorno kirchnerista.
La justicia sostiene que hubo una estructura de corrupción para beneficiar de forma irregular a Báez, con supuestas maniobras de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
