COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los títulos públicos por los que se pedirá un plazo de gracia hasta el año 2025 fueron colocados por el gobierno de Mario Das Neves, en el año 2016. Vale recordar que este año se terminó de cancelar el Fideicomiso Financiero, creado en 2010, por otros 150 millones de dólares.

Además, en octubre del año pasado la provincia canceló el bono BODIC 1, de 120 millones de dólares, colocado por el gobierno de Martín Buzzi. Y queda por cancelar el BODIC 2, por 89 millones de dólares, también colocado en 2013, que este año devolvió 23,1 millones de dólares, mientras que el año próximo terminará de pagarse, con otros 5,6 millones de dólares.

Quienes siguieron de cerca el tema de la deuda no creen que el gobierno pretenda renegociar ese título, ya que está próximo a finalizar y además tiene una tasa del 4 por ciento, lo que sería difícil de mejorar en una hipotética renegociación.

En busca de oxígeno

En ese marco, la renegociación quedaría sujeta a los tenedores de la deuda tomada en 2016, ya que representa los vencimientos más pesados. Por ejemplo, los pagos más fuertes de este año, fueron a favor de tenedores del BOCADE: en julio se cancelaron 12,5 millones de dólares solamente en concepto de interés, mientras que en octubre espera otro ‘cisne negro’ para la economía provincial, con 27 millones de dólares en concepto de amortización y 12,5 millones de dólares en intereses.

Una vez que la Legislatura autorice al Ejecutivo para iniciar las negociaciones con los acreedores, habrá un lapso difícil de precisar, pero en distintos ámbitos se da por descontado que no será posible evitar los vencimientos programados para la segunda mitad de 2020.

De ese modo, la expectativa se centra en reprogramar los pagos que deben afrontarse en 2021. En enero se deben abonar 39,1 millones de dólares por el BOCADE, más otros 38,6 millones en abril y 38,1 millones de dólares en octubre. Sumados a los 11,3 millones del BOPRO y 5,6 millones del BODIC 2, en 2021 el total a pagar es de 170,4 millones de dólares.

El proyecto que se dispone a tratar Legislatura hoy apunta a posponer vencimientos hasta el año 2025, aunque originalmente el proyecto del Ejecutivo proponía suspender hasta 2023. Será un tema a discutir con los acreedores, de los que se necesita el 75 por ciento de acuerdo, al igual que lo ocurrido en la negociación de la deuda nacional.