RAWSON (ADNSUR) - Luego de la viralización de un audio en el que asegura que hubo diputados que cobraron $ 10 millones para votar a favor de la ley que habilita la actividad de la minería en la meseta, en la mañana de este viernes, la diputada de Chubut al Frente, Leila Lloyd Jones, presentó un escrito ante la Procuración General en el que amplía toda la información que tiene sobre el tema.
Según la información a la que accedió ADNSUR de fuentes que accedieron a la denuncia, la legisladora plantea allí conocer datos sobre convocatorias a reuniones de parte de operadores y lobbystas mineros a los que nombra con nombre y apellido, y pide que se investigue todo lo relacionado al tema, aunque sin puntualizar nombres de diputados, ya que no tiene constancia de que alguno haya accedido a esos ofrecimientos.
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Este último dato es central, ya que en la sesión que se desarrolló esta mañana, la diputada dijo que ya había ido a la justicia y había aportado nombres, lo que fue interpretado por los diputados del oficialismo, Juan Pais y Roddy Ingram, como algo muy grave, ya que daba a entender que conocía quiénes eran diputados corruptos que habían sido coimeados y que debían saberse públicamente en la sesión.
Según esta información exclusiva a la que pudo acceder esta agencia, está descartado entonces por el momento que la diputada haya denunciado concretamente a alguno de sus colegas, aunque sí dice conocer quiénes fueron los que, desde la empresa minera, hicieron llamados y ofrecimientos e incluso aporta información sobre la cifra ofertada para votar a favor. Por ello, aportaría en el escrito datos concretos de hora, día y lugar, sumados a nombres de protagonistas, que darían pistas a los fiscales para hacer el recorrido hacia atrás apoyados en la tecnología, como pueden ser los teléfonos móviles de los involucrados.
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Los abogados que asesoraron a la diputada para realizar la presentación fueron los dos integrantes de la Defensoría General hace no mucho tiempo atrás, el ex diputado Arnaldo “Chiche” Barone y el abogado Alfredo Pérez Galimberti. Por otra parte, se supo que apenas recibió esta presentación, el procurador Jorge Miquelarena envió todas las actuaciones al titular de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, quien pondrá a trabajar a todo el equipo especial de peritos en informática y contabilidad para chequear estos datos, tal como anticipó días atrás ADNSUR.