RÍO DE JANEIRO (ADNSUR) - Por seis votos a favor y cinco en contra, el STF concluyó que nadie debe ser considerado culpable hasta que no se hayan cumplido todas las etapas judiciales, como garantiza la Constitución de 1988. Ese había sido el entendimiento de la Corte hasta 2016, cuando, en medio de las revelaciones de la Operación Lava Jato, modificó su jurisprudencia y estableció que los condenados ya por un tribunal colegiado, es decir de segunda instancia, podrían empezar a cumplir sus penas de prisión. El cambio suscitó entonces muchas críticas de juristas "garantistas".

 Fueron presentadas tres acciones para revertir nuevamente el entendimiento, y después de muchos retrasos, la cuestión empezó a ser discutida el mes pasado. Según el Consejo Nacional de Justicia, la medida beneficiaría a 4895 personas que quedaron detenidas luego de dictámenes de cortes de apelaciones, y supone un duro golpe para la Lava Jato, que podría ver como 38 condenados en segunda instancia salgan de la cárcel, entre ellos, Lula, máximo líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

En julio de 2017, Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, fue sentenciado a nueve años y medio de reclusión en Curitiba por el entonces juez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. El exmandatario fue hallado culpable de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá como soborno a cambio de garantizar a la empresa contratos con la petrolera estatal Petrobras.

La defensa de Lula apeló el fallo, pero en enero de 2018 el Tribunal Regional Federal de la 4ª región, en Porto Alegre, lo reafirmó y aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión. El expresidente fue detenido el 7 de abril en medio de acusaciones del PT de una persecución política para evitar que pudiese volver al poder en las elecciones del año pasado, para las que era el candidato más popular, muy por encima de Bolsonaro.

Los abogados de Lula volvieron a apelar, esta vez ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en abril de este año confirmó la condena pero redujo su pena a ocho años y diez meses. La defensa también presentó un recurso ante el STF para solicitar la anulación de todo el proceso luego de que el sitio The Intercept reveló comunicaciones impropias entre los fiscales de la Lava Jato y el juez Moro; para el expresidente, quedó demostrado que el magistrado fue arbitrario y estuvo motivado por sus posturas políticas.

Tal como destaca La Nación, ahora con la alteración de la jurisprudencia, se espera que los abogados de Lula presenten hoy mismo un pedido para que el exmandatario sea liberado. En tanto, el PT ya hacía planes para diseñar una fuerte agenda política para Lula de cara a los comicios municipales del próximo año, además de perfilarlo como el líder de la oposición a Bolsonaro.

Durante las siete horas que duró la sesión del STF, militantes petistas y simpatizantes de Lula mantuvieron una vigilia frente a la Corte para celebrar su decisión. Por su parte, el grupo Vem Pra Rua, que fue muy activo en las movilizaciones de 2016 que llevaron al juicio político de la presidenta Dilma Rousseff (PT), cuestionó el cambio de jurisprudencia y convocó a marchas de rechazo en todo el país para el sábado.

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