RAWSON (ADNSUR) - La convocatoria para este martes al mediodía a los diputados que integran la Sala de Acusar de la Legislatura generó la expectativa de que ya comienza el análisis de los pedidos de juicio político contra el gobernador, un ministro y un juez de la corte, pero en realidad, el trámite es un poco más complejo. Se trata de cuatro pedidos que en la sesión pasada fueron derivados a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que ahora tiene la pelota. De todos modos, es un buen momento para observar la relación de las fuerzas políticas dentro de cada una de las salas que fueron sorteadas en la sesión del pasado 3 de marzo.

Lo primero que hay que recordar es cuáles son los cuatro pedidos de juicio político: hay dos contra el gobernador Mariano Arcioni, uno presentado por la ciudadana Mabel Alejandra Pérez, madre de Evelyn Lehr quien fue asesinada con ensañamiento por Archie Phillips, y cuestiona que en Chubut "no hay partidas presupuestarias para prevenir y erradicar la violencia de género según lo establecido en la Ley XV NRO. 26, y acusa al mandatario de incumplir los deberes a su cargo; el otro pedido fue presentado por Carlos Arazi y Rosa Contrera, por la falta de pago de haberes en tiempo y forma de manera reiterada a todos los empleados de la Administración Pública que afecta también a los jubilados, retirados y pensionados de la Provincia y de la Obra Social Seros, y también argumenta incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por otra parte, los otros dos pedidos son, uno contra el ministro del Superior Tribunal, Miguel Donnet, presentado por Celia Debono y María Luisa Gómez, por mal desempeño, por sus expresiones en redes sociales contra el género femenino en una publicación sobre Milagros Sala; y el otro presentado por los abogados Gastón Bordier y Cynthia Castro, solicitando se promueva juicio político contra el Ministro de Seguridad, Federico Massoni, por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, inobservancia del orden constitucional y abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones.

Lo segundo a tener en cuenta, es que un pedido de juicio político es, como dice la palabra, una cuestión eminentemente política. Es decir que depende de las voluntades mayoritarias de los diputados de turno para que avance. Por ejemplo, el primer paso que es la admisibilidad formal por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, puede dormir en los cajones meses, y hasta años. Ha ocurrido con varios juicios pedidos en los últimos tiempos, que nunca salieron de la comisión y quedaron archivados, en todo caso, si alguno de estos pedidos tuviera la mayoría de 5 votos dentro de la comisión como para ser admitido de manera formal, recién allí sería elevado a la Sala de Acusar, que comenzaría su investigación interna.

LAS SALAS

Para que esto ocurra, es indispensable el paso que se dará mañana, según el cual la Sala de Acusar se dará las autoridades de su seno, eligiendo un presidente, y luego definiendo cuáles serán los 5 diputados que integrarán la Comisión Investigadora que tendría el rol de hacer una instrucción sumaria, como si fueran una especia de fiscales, para determinar luego en un dictamen si hay méritos o no para avanzar a la Sala de Juzgar, es decir, el juicio propiamente dicho. para ello tienen amplias facultades de citar testigos y tomar declaración, así como pedir documentación.

Recién una vez que está el dictamen de la Comisión Investigadora, si es que recomienda el avance del juicio, esto debe ser votado por el pleno de la sala y obtener dos tercios de los votos, es decir, 10 de los 14 integrantes deben votar por la acusación, lo que requiere de una relación de fuerzas políticas muy particular.

La integración actual, marca lo siguiente: hay 4 diputados del bloque oficialista que responden al gobierno, que son Carlos Gómez, Emiliano Mongilardi, Maria Cativa y Juan Pais; 2 diputados de Juntos por el Cambio (Aguilera y López); 4 diputados del PJ (Mansilla, Mantegna, Goic y Casanocas) y 4 del interbloque (Mariela Williams, José Giménez, Xenia Gabella y Gaberiela De Lucía).

En el caso de que una acusación avanzara a la Sala de Juzgar, se sustanciaría un juicio político y el tribunal sería presidido por el presidente del Superior Tribunal, aunque sin poder de voto. Los que definen son los 13 diputados integrantes, quienes para destituir a un funcionario, necesitan una mayoría especial de 9 votos.

Analizando la relación de fuerzas actual, hay que decir que la Sala de Juzgar tiene a 3 integrantes del oficialismo (Nouveau, Ingram y Cigudosa), uno de Juntos por el Cambio (Pagliaroni), 5 diputados del interbloque (Lloyd Jones, Chiquichano, Anden, Antin y Artero) y 4 del PJ (Baskovc, Eliceche, Saso y Rafael Williams).