RAWSON (ADNSUR) - A esta altura de los acontecimientos, se podría trazar un paralelismo histórico y comparar a la minería en Chubut con aquel Río Rubicón que Julio César dudó en cruzar porque sabía que después ya nada sería lo mismo. Ese hecho simboliza desde hace siglos lo que significa tomar una decisión que tendrá fuertes consecuencias sobre las que no se puede volver atrás. En Chubut, desde hace 17 años que se sobrevuela el tema de habilitar o prohibir la explotación minera a gran escala. Pero en los últimos meses, como nunca antes, parece haber llegado el momento crucial. La definición está en manos de 27 diputados que no terminan de fijar una postura, como volvió a verse esta semana, cuando se decidió suspender la convocatoria prevista para tratar el tema el último viernes.

El motivo del oficialismo para sacar la pelota al córner y esperar a más adelante fue uno sólo: la falta de garantías para tener una mayoría ante la votación general de la Cámara. El “poroteo” previo daba una ajustadísima suma de 14 votos, pero ante el llamado de un diputado de Trelew que tuvo apagado el teléfono todos estos días, que antes había dicho que sí y que a última hora dijo que no, cambió los planes del oficialismo, que ya estaba preparado para sacar un dictamen de la comisión de Recursos Naturales. Ese cambio, sumado a otra diputada que se mostraba muy “asustada”, hicieron modificar la estrategia, a pesar de que la mirada desde Fontana 50 era jugar a todo o nada y forzar la votación el viernes.

Fue una derrota para el gobierno, tanto para la gestión de Mariano Arcioni como para la de Alberto Fernández, tener que asumir que aún no está dado el consenso entre los legisladores para sancionar el proyecto 128 de zonificación de la meseta, que abriría las puertas a la explotación minera. Para este fracaso hubo varias razones, muchas de las cuales ya veníamos anticipando desde esta columna desde el mes de diciembre. Y todas ellas pasan por las falencias en la negociación política, y por una dirigencia provincial que se sigue mostrando incapaz de dar un debate para llegar a algún tipo de acuerdo.

Ante la masiva presencia de vecinos en las calles manifestando su oposición al proyecto, sumado a la recolección de más de 30 mil firmas para que se apruebe una ley que prohíba la actividad, se instaló en muchos legisladores el temor al castigo electoral, así como al escrache individual, y hubo varios dirigentes y diputados que hace algunos años se mostraban proclives a esta actividad que se convirtieron de la noche a la mañana en defensores del ambientalismo.

Lo que sigue estando ausente entre los responsables políticos es una discusión seria sobre los puntos centrales del proyecto, los argumentos por sí o por no a cada uno de los ítems del articulado sobre renta, controles, mano de obra local, uso del agua, método de extracción. Nadie habla de las posibles reformas a la ley, que bien fueron informadas por ADNSUR esta semana a través de un documento exclusivo.

Y ante esto, un dato indiscutible es que la mirada, tanto desde Casa Rosada como desde Fontana 50, es que se perdió una batalla, pero no la guerra: las fuentes consultadas por esta agencia aseguran que –más allá de una medida cautelar dictada por una jueza de Esquel que consideran irregular- se volverá a la carga en breve lapso, ya sea en febrero o en marzo, para insistir en la búsqueda de más votos para sancionar la ley.

DOS MIRADAS

Hace dos meses, el último 6 de diciembre en esta misma columna anticipábamos que el gobierno tendría dificultades en obtener los votos para esta la zonificación antes de fin de año, y que si bien el gobierno de Alberto Fernández tenía un marcado interés en el proyecto minero en la meseta, el justicialismo local hacía la vista gorda, entre otras cosas, porque el mensaje de Cristina Kirchner era de pragmatismo puro: no descuidar las elecciones, con la prioridad de conservar las bancas en el Congreso, y de no tomar riesgos con medidas que no tienen apoyo popular.

En cambio, el mensaje presidencial apunta a la seguridad jurídica para atraer inversiones de capitales externos, la necesidad de mejorar la balanza comercial y la recaudación a partir de las exportaciones, y en los beneficios que podría traer a la gestión del Frente de Todos que se genere un efecto cascada de este tipo de proyectos en otras provincias.

Dos cabezas con miradas y objetivos diferentes: uno para recaudar y gobernar; otra para mantener poder y dar la batalla legislativa y judicial. Dos mensajes para un Partido Justicialista en Chubut que sigue afrontando una fuertísima disparidad de criterios puertas adentro. Marcadas divisiones internas, falta de liderazgos claros, atomización de sectores. En ese contexto enrarecido, para esta semana se habla de una convocatoria del gobierno provincial a esta fuerza política para hablar de las objeciones al proyecto minero. Se dice que en la propuesta tendría un fuerte peso el vicegobernador Ricardo Sastre para tratar de acercar a las partes. Para eso va a tener que convencer a dos figuras que no se pueden ver ni en figuritas, como Arcioni y Linares.

A esta altura del partido, y más allá de las presiones desde el gobierno central, ¿será posible un acercamiento entre el Ejecutivo y el PJ para tratar de arribar a un acuerdo? Y en todo caso, ¿a quién responden los diputados peronistas de la Cámara? Se trata de un bloque que es una sumatoria de voluntades individuales que hasta ahora vienen haciendo malabares para mantener cierta cohesión, pero que en cada caso responden a diferentes sectores, como el PJ de Comodoro, el Frente Peronista de Gustavo Mac Karthy, el Sindicato de Camioneros, un sector disidente de petroleros, la senadora Nancy González, dos ex intendentes cordilleranos.

Lo que está claro, es que ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner tienen diálogo directo con ninguno de estos legisladores, por lo que cabe preguntarse: ¿influyen de manera decisiva en alguno de los diputados, o estamos en presencia de librepensadores? Como muestra de la diferencia de criterios sobre el tema, dirigentes del PJ que dialogan con esta columna calificaron como "irresponsable" la actitud de diputados de Trelew que se sumaron a la marcha antiminera, poniéndose al nivel del vecino común.

Y el otro interrogante que viene a cuento es qué consecuencia puede tener la cuestión minera en la definición de candidaturas para 2021 y 2023. Hay quienes creen que el PJ se encamina nuevamente a una numerosa interna para definir postulantes en octubre, y que el pase de facturas desde arriba sería inevitable. Otros apuestan por el mensaje cristinista de jugar las mejores armas para mantener las bancas actuales, y postergar el debate minero para más adelante. De allí, el pedido de “más tiempo” para analizar el tema.

EL VOTO QUE FALTA

Luego de una semana tan intensa, en el bloque oficialista se nota una sensación de agotamiento. Los últimos dos meses fueron de alto voltaje en la contención de aquellos diputados que, en su mayoría sin admitirlo públicamente, saben que van a tener que levantar su mano para aprobar la zonificación. Al día de hoy, esos votos suman 13. Según esa cuenta, 10 son oficialistas, y 3 provienen de otros bloques.

Es decir que si se toma el pleno de la Cámara, al gobierno le faltaría un sólo voto para obtener la mayoría. Incluso con alguna abstención y algún ausente, el oficialismo podría haber aprobado la ley el viernes con esos 13 votos, pero hubiera sido una “victoria pírrica”, que hubiera mostrado debilidad, y hubiera dejado la ley tambaleando ante una medida judicial, incluso con la posibilidad de algún estallido social.

De hecho, casi al mismo tiempo del levantamiento de la sesión se conoció el viernes una medida cautelar de oficio de la jueza Alicia Arbilla de Esquel, que dispone suspender el tratamiento del tema hasta que se resuelva un planteo de fondo de la Unión de Asambleas de Vecinos Autoconvocados, que apunta a la ilegalidad de la zonificación por el vencimiento del plazo de la Ley 5001. En el gobierno no ahorran epítetos contra la magistrada, a quien lo que menos le dicen es “demagoga”, y si bien piensan en avanzar de todos modos porque afirman que su fallo es irregular, esto es una muestra de que la Justicia también puede jugar su partido en este tema.

Si un impulsor del proyecto pretende ver el vaso medio lleno, podría decir que le falta sólo un voto. Y también se la podría responder, que nada más y nada menos. Porque desde la mirada del analista parlamentario, es justo decir que a esta altura parece poco menos que imposible que el gobierno salga a obtener el voto que le falta a la ley, cuando está atenta la mirada de toda la opinión pública de la provincia. Conseguir la mano que falta obligaría a un legislador en particular a cambiar de opinión de un momento a otro, cuando hasta aquí no había querido votar. Un proceso de negociación que podría hacerse con otro tema menos sensible y de manera menos evidente, pero que en este caso es imposible que pase desapercibido.

De todos modos, habrá un nuevo intento. Más allá de no haber tenido quórum para tratarlo en diciembre, y de haber fallado para darle tratamiento en febrero, todas las fuentes cercanas al gobierno coinciden en que habrá una nueva embestida, y que se apuntarán en breve todos los cañones para conseguir los votos que faltan. En los últimos encuentros con el Presidente, hubo pedidos de al menos un mes de plazo por parte de los referentes del PJ. En la Cámara, hay dos diputadas como Adriana Casanovas y Rossana Artero que dejaron bien en claro que no están en contra de la minería, pero que el proyecto necesitaba más tiempo de análisis. Se habla de una reunión Gobierno-PJ, mientras muchos vecinos siguen movilizados en las calles, y ya se animan a cortar rutas. El último viernes hubo que volver a poner el proyecto 128 en el freezer, pero el asunto aún está lejos de estar definido.