El madernismo y la oposición en el Concejo Deliberante de Trelew arribaron a un principio de acuerdo para que las personas que tengan condenas penales ratificadas en segunda instancia no puedan presentarse a cargos electivos ni ser funcionarios públicos a partir de las próximas elecciones en 2023. 

La medida también regirá para las próximas elecciones de las vecinales. La ordenanza denominada "Ficha Limpia" saldría aprobada por consenso con los aportes del madernismo, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y el Partido Municipal por Trelew. 

PROYECTOS ALINEADOS

El concejal de Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, presentó el año pasado un proyecto de Ficha Limpia, que impide que los ciudadanos condenados por corrupción, delitos contra la integridad sexual y violencia de género no puedan aspirar a cargos electivos.

El concejal de Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, autor de uno de los proyectos de Ficha Limpia. Foto: Concejo Deliberante.
El concejal de Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, autor de uno de los proyectos de Ficha Limpia. Foto: Concejo Deliberante.

La semana pasada, el concejal Juan Aguilar presentó un proyecto similar pero ampliado que directamente prohíbe ser candidatos en Trelew a todas aquellas personas condenadas por delitos penales en segunda instancia.

Ambos proyectos fueron analizado este miércoles en la comisión de Legales. El edil radical Cáceres adelantó que hubo acercamientos con el oficialismo y en poco tiempo saldrá aprobada la ordenanza consensuada.

Al parecer la discusión hoy en día pasa por qué tipo de delitos penales quedarán comprendidos en esta ordenanza de Ficha Limpia; es decir, si la prohibición abarca a todos los delitos penales del Código o selecciones solamewnte aquellos que están vinculados con las buenas prácticas en la administración pública y otros temas sensibles como la violencia de género.

LOS ÚLTIMOS AJUSTES

El proyecto del oficialista Aguilar deja expresado claramente que no podrán ser candidatos ni ocupar cargos públicos en la Municipalidad de Trelew aquellas personas condenadas en segunda instancia cualquiera sea el delito penal.

"No podrán ser precandidatos/as o candidatos/as a cargos públicos electivos municipales o ser designados para ejercer cargos públicos dentro del ámbito de la Municipalidad de Trelew, aquellas personas que hayan sido juzgadas por delitos dolosos cuya sentencia condenatoria esté confirmada en segunda instancia del proceso, abarcando la totalidad de los delitos contemplados en el Código Penal de la Nación, y demás delitos contemplados en tratados internacionales celebrados por el estado nacional", reza el proyecto de Juan Aguilar en su artículo 2º.

También se aclara que en caso de revocarse la sentencia el ciudadano recobra el derecho de ser candidato u ocupar un cargo en la Municipalidad. 

El edil madernista Juan Aguilar promueve un proyecto de Ficha Limpia que abarca todos los delitos penales. Foto: archivo Concejo Deliberante de Trelew.
El edil madernista Juan Aguilar promueve un proyecto de Ficha Limpia que abarca todos los delitos penales. Foto: archivo Concejo Deliberante de Trelew.

Por otro lado, el proyecto de Aguilar deja en claro que no podrán ser candidatos en Trelew aquellas personas que hubieran sido inhabilitadas para ejercer cargos públicos, ya sea mediante un juicio político u otro procedimiento legalmente previsto "para la  expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública hasta el cumplimiento efectivo de la sanción".

El proyecto del radical Cáceres se refiere concretamente a "las personas condenadas por delitos dolosos contra el orden público y constitucional, la administración pública, el orden económico y financiero, contra la libertad e integridad sexual de las personas o la seguridad pública", reza el artículo 1º de la ordenanza.

La idea es que la ordenanza salga aprobada por unanimidad, durante el transcurso de los próximos meses, y estará vigente en las próximas elecciones municipales de Trelew del 2023.

La iniciativa va en sintonía con proyectos que fueron impulsados en la Legislatura provincial para evitar que personas involucradas en delitos de corrupción o de violencia de género entre otros, ocupen cargos públicos.

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