Ética y corrupción: ¿un punto de inflexión o cortinas de humo?

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - O, por lo contrario, ¿se trata del tributo que debe entregar el sistema de vez en cuando, a fin de garantizar que algunos negocios sigan funcionando en las profundidades, construyendo fortunas intocables, más allá de lo que muestra la punta del iceberg?

Una aclaración elemental. La pregunta formulada en segundo término para nada pretende desconocer el trabajo de los fiscales que llevaron éste y otros casos a juicio, logrando sentencias que desde Chubut están marcando puntos de referencia importantes, como lo ocurrido con la condena por lavado de activos, además del enriquecimiento ilícito y la asociación ilícita, en el marco de la causa ‘el embrujo’.

Sin embargo, se sabe, los sistemas suelen imponerse a las voluntades individuales. Y si bien los individuos también pueden cambiar los sistemas, muchas veces la fuerza del primero termina imponiéndose a los temores y limitaciones individuales. Sobre todo, si la impunidad sistémica no tiene el contrapeso de una sociedad interesada en exigir una ética pública diferente.

No tan giles

Tampoco se trata de caer en relativismos que inmovilizan. El consabido “caen sólo los perejiles” excede en éste y otros casos a los límites de una mera frase hecha, para transformarse en bandera de complicidad. Una condena por enriquecimiento ilícito, que además profundiza en argumentos que dejan asentado que los funcionarios públicos deben poder probar el origen de las fortunas amasadas mientras ejercen una función, puede dejar sentado un precedente más que importante hacia al futuro cercano.

Según el reciente pronunciamiento, no alcanza sólo que no se les pueda probar (a los acusados) que el fruto de su fortuna fue sustraído a las arcas públicas del Estado. Sino que el acusado –funcionario público- debe poder probar que el origen es lícito. Es decir, que no se aprovechó de las ventajas que otorga ocupar un cargo público –y la cercanía directa con el poder de turno- para enriquecerse a costa de un sistema que premia las lealtades con silencios y tráfico de influencias varias.

Mientras sea posible que haya funcionarios ad honorem a cambio de digitar mejor sus negocios particulares desde adentro del sistema, nada de lo que se diga en nombre de la ética y la búsqueda del bien común tendrá siquiera un atisbo de credibilidad.

El desafío para la sociedad es verificar cuánto de estos preceptos se aplican de aquí en adelante. Que el control de legalidad llegue no sólo hacia aquellos que gozaron del poder en otros tiempos, pero que hoy cayeron en desgracia ante el fallecimiento de su líder, sino que abarque también –en lo que respecta al límite ético y garantía de de penalización imparcial- a quienes hoy se disputan la crema de la torta del poder.

De igual modo, no se trata sólo de lo que pueda hacer el Poder Judicial. Son también los organismos creados para el control, como la Oficina Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, los que deberían accionar de modo más activo para ejercer dicha función, evitando que la ley de Ética Pública continúe siendo menos que un alambre caído. En todas las causas de corrupción abiertas en el último tiempo, ninguna comenzó a instancias de alguno de esos organismos.

Decomiso de bienes

Otro de los aspectos novedosos en los recientes procesos judiciales, que pusieron el foco en los hechos de corrupción en la función pública, es el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita, a fin de recuperar bienes para la provincia. 

En el caso de Alarcón, esto se combinó con una multa equivalente al mismo monto de las propiedades que serán decomisados, por valor de 50 millones de pesos. Se trata también de un mecanismo novedoso, vigente en el Código Penal pero pocas veces aplicado en el país, que por otro lado debatió sin éxito el año pasado el proyecto de “ley de extinción de dominio”, para perseguir la misma finalidad.

En Chubut ya se trabaja incluso en un proyecto de ley para administrar estos bienes recuperados por el Estado, tanto en estos como en futuros juicios por hechos de corrupción en la función pública.  Vale repasar un dato: si se suma este juicio y el del ‘Embrujo’, si quedan firmes las condenas, los bienes decomisados superarán largamente los 100 millones de pesos.

Quedará por ver cuál de las dos preguntas planteadas al comienzo es la correcta. Si es la segunda, lo de hoy se habrá esfumado en poco tiempo, quedando inscripto en los archivos de efímeras memorias, funcionales al “todo sigue igual”. La punta del iceberg seguirá garantizando los negocios más profundos, o ni siquiera tanto, a media agua.

Si la pregunta correcta es la primera (más allá de los matices que puedan aceptarse en las respuestas), habrá que empezar a hacer espacio: si las investigaciones preliminares que hoy están iniciadas avanzan sobre pasos firmes, si realmente éste es el inicio de un camino que podría arrojar resultados sorprendentes, como cuentan algunos fiscales por lo bajo, el Estado podrá engrosar sus deprimidos ingresos.

No es poco, en una provincia que suele darse el vulgar “lujo” de perder meses completos de clases, por no poder pagar el arreglo de calefacciones en escuelas pobres, mientras soporta la impune ineficiencia de funcionarios ricos.