RAWSON (ADNSUR) - Este viernes llegará a la Legislatura el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021, que lleva la firma del gobernador Mariano Arcioni, y que tomará estado parlamentario en la sesión del próximo martes 1° para ser tratado antes de la finalización del actual período de sesiones. De acuerdo a la información que pudo obtener ADNSUR, el número previsto rondará los 140.500 millones de pesos, con un crecimiento interanual del orden del 15 %, teniendo en cuenta que el anterior era de $ 121.500 millones.  

Si bien el detalle del proyecto de la ley que es la madre de leyes aún se mantiene en estricta reserva, esta agencia pudo recabar algunos puntos a modo de anticipo. Uno de los datos centrales es que no se prevé ingreso de personal a la planta de la administración pública que depende del Ejecutivo, precisamente uno de los compromisos asumidos con la gestión de Alberto Fernández a la hora de solicitar ayuda económica y presentar un plan para salir de la crisis.

Pero también se pudo saber que la ley iría más allá, y además de no presupuestar nuevos ingresos, por primera vez en la historia se eliminarán todas las vacantes de cargos, que hoy ascienden a más de 1.750. Con esta medida, se lograría eliminar la masa presupuestaria que cada cargo demanda una vez que se designa a una persona para cubrirlo.

Según trascendió, de aquí en adelante, la creación de cada cargo deberá ser autorizada exclusivamente por el gobernador, y luego ser aprobada por la Legislatura. Esto quiere decir que ningún ministro tendrá autoridad para hacer entrar gente a la cartera de su competencia.

Otro dato importante al que pudo acceder ADNSUR, es que a diferencia del Presupuesto 2020, que estimaba el déficit anual en más de $ 10 mil millones, en este caso se calcula reducirlo a la mitad, unos $ 5 mil millones, sin tener en cuenta el déficit financiero, en el que deben incluirse las masas salariales adeudadas y los compromisos de deuda, que se modificarían en caso de que se apruebe la renegociación de la deuda con los bonistas.

De acuerdo a una alta fuente del gobierno, el criterio que se aplicará en la ley será de “prudencia, realidad económica y coherencia”, y se buscará reducir de manera paulatina el desfasaje entre ingresos y egresos que provocó la demora en los cumplimientos salariales durante el último año.