RAWSON (ADNSUR) - Este miércoles será un día clave en la Legislatura de Chubut para conocer si finalmente la comisión de Presupuesto y Hacienda logra consensuar algunas modificaciones y sacar dictamen al proyecto enviado por el Ejecutivo que busca obtener la autorización para renegociar con los tenedores de los bonos Bopro y Bocade, un nuevo acuerdo que postergue los vencimientos de deuda al menos hasta 2023. ADNSUR habló en la previa con diputados de todos los bloques, para conocer por dónde pasan los puntos centrales de la discusión, que en principio serían los siguientes: garantías, nueva deuda, pago de comisiones, y mayor control. La reunión de esta tarde será fundamental porque es el paso previo a que la Cámara pueda tratar el tema en la sesión de este jueves por la mañana.

Por estas horas, es intenso el ida y vuelta entre diputados del oficialismo y la oposición para terminar de consensuar los puntos de la reforma: se trata de un equilibrio delicado en el que tiene una opinión decisiva el ministro de Economía, Oscar Antonena, ya que es el que da la aprobación para algún tipo de cambio o pone un freno a algún término que puede hacer fracasar la etapa posterior, que es sentarse con los bonistas a tratar de lograr un acuerdo.

De acuerdo al relevamiento realizado por esta agencia, no hay ningún problema con el punto inicial, que es el eje clave: postergar los vencimientos de aquí a tres años. La redacción original, estipula que “se autoriza al Poder Ejecutivo a poner en práctica los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, en el marco del artículo 62 de la Ley de Administración Financiera (Ley II Nº 76, antes Ley Nº 5447), con relación a los siguientes títulos de deuda emitidos por la Provincia: bonos garantizados de la Provincia al 7,750% con vencimiento en 2026 (BOCADE), y bonos garantizados de la Provincia al 8,875% con vencimiento en 2023 (BOPRO)”.

El otro tema sobre el que no hay discusión, es el que expresa que “las operaciones que se lleven adelante en el marco de lo previsto por la presente ley deberán cumplir necesariamente con los lineamientos para la sostenibilidad de la deuda bajo legislación extranjera publicados por el Gobierno Nacional vigentes a la fecha de la presente ley y prever que la primera cuota de amortización de capital que deba afrontar la Provincia no se produzca con posterioridad al ejercicio 2023”.

Donde comienzan las objeciones es en los siguientes puntos: el tema uno, es la toma de nueva deuda. Donde el proyecto expresa que se autoriza a “la realización de operaciones de crédito público establecidas por el artículo 62 de la Ley de Administración Financiera (Ley II Nº 76, antes Ley Nº 5447), incluyendo todas las emisiones necesarias para instrumentar dichas operaciones, los canjes y/o las reestructuraciones de los títulos públicos existentes y sus garantías a efectos de mejorar los montos, plazos y/o intereses de las operaciones para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública en los términos del artículo 1° de la presente ley”, diputados del bloque del PJ quieren incorporar una nueva redacción en la que quede claramente establecido que no esto no habilita a ninguna toma de un nuevo empréstito.

El segundo tema polémico, son las garantías. El proyecto agrega más garantías de las que existían, al sostener que “la afectación en garantía, cesión en pago y/o en propiedad fiduciaria de los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o el régimen que en el futuro lo reemplace, y/o de las regalías hidrocarburíferas y/o el canon extraordinario de producción, y/o los recursos propios de libre disponibilidad, en todos los casos netas de coparticipación a los  municipios, a efectos de instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas en la presente ley”. En este punto, la oposición quiere volver a lo que dice la ley original, y que la única garantía siga siendo la de regalías hidrocarburíferas.

COMISIONES Y CONTROL

El punto que se sabe es imposible de modificar, porque haría fracasar toda la negociación -por más que algún diputado del PJ haya hecho un planteo de este tipo-, es el que se refiere al mantenimiento de condiciones ya firmadas, respecto a que tiene jurisdicción la ley extranjera: de hecho, el proyecto expresa “la inclusión en la normativa y en los documentos pertinentes necesarios para instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas en la presente ley, de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, la determinación de la ley aplicable a las operaciones de crédito público autorizadas por la presente norma incluyendo leyes extranjeras, la renuncia a cualquier inmunidad soberana y/o defensas de no justiciabilidad, y/u otros compromisos habituales para operaciones con títulos en los mercados internacionales”.

Pero hay dos temas finales que también se van a discutir, uno de los cuales es al agregado de instancias de control, que no se cree genere mayor problema, mientras que otro planteo sí sería más polémico, y es la determinación de un porcentaje final para el pago de comisiones a las entidades que intervengan en la renegociación.

Respecto a una mayor intervención de entes de control, se hablaba por estas horas de incorporar una etapa posterior del Tribunal de Cuentas o de la Contaduría General, e incluso también se mencionaba la posibilidad de incorporar un artículo que exija la autorización final del gobierno nacional, a través de la Unidad de apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, que conduce Rafael Brigo. No se cree que haya objeciones del gobierno chubutense en esta materia.

Donde sí es probable que se genere una fuerte discusión, es en el capítulo que se quiere agregar por el lado del PJ, para establecer un monto de pago de comisiones a los intermediarios, algo que no es abordado por el proyecto de la provincia. Si bien el tema fue hablado de manera informal en algunas reuniones con Antonena, el gobierno no considera prudente que forme parte de esta ley, pero hay diputados que se muestran inflexibles, más aún, después de que Nación “marcó la cancha” con el avance de canje que se anunció en estas horas.

De acuerdo a la propuesta a la que pudo acceder ADNSUR; el PJ va a pedir que el pago de comisión sea del 0,1% en todo concepto, sobre un monto total que ronda los 900 millones de dólares. El punto promete crear una fuerte polémica, por lo que habrá que esperar entonces a esta tarde para conocer el resultado final de las negociaciones, más allá de que en el gobierno reina el optimismo, tal como lo expresó ayer en sus declaraciones el gobernador Mariano Arcioni. Pero como siempre enseña la Legislatura, los votos no están hasta que no se levantan las manos.