En medio de la ola polar, el Gobierno liberó el precio de las garrafas

El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación en el marco regulatorio del gas licuado de petróleo (GLP), con el objetivo de fortalecer la producción, optimizar la comercialización y asegurar un acceso equitativo al recurso para los consumidores.

La medida quedó establecida a través del Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

La disposición contempla una nueva participación del Estado en el sector del GLP. Desde el Ejecutivo señalaron que la medida tendrá un impacto directo en la eficiencia operativa de la industria y en los precios finales para los usuarios, al introducir herramientas que buscan dar mayor dinamismo y previsibilidad al mercado.

El texto normativo aclara que se reduce la injerencia estatal en el sector del GLP, limitando el rol de la Secretaría de Energía -dependiente del Ministerio de Economía- únicamente a tareas de control sobre parámetros de seguridad, y elimina la exigencia de contar con autorizaciones previas para operar en los distintos niveles de la actividad.

“Dicha intervención estatal debe limitarse exclusivamente a la fiscalización del cumplimiento de los parámetros de seguridad correspondientes, sin interferir en aspectos operativos que competen al funcionamiento del mercado”, especificó el Ejecutivo en el documento.

“Se eliminan los precios de referencia. Los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano”, escribió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger en un posteo en su cuenta oficial de X en el que detalló otras medidas para desregular el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

El objetivo del nuevo esquema regulatorio es “asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes”. También se habilita a la Secretaría de Energía a delegar funciones de control y fiscalización a organismos públicos o privados, así como a jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La normativa elimina el requisito de solicitar aprobación previa para construir nuevas plantas de fraccionamiento o ampliar las ya existentes. A partir de ahora, bastará con presentar la documentación correspondiente y ajustarse a la reglamentación vigente. La autoridad de aplicación solo podrá revisar la información presentada y, si detecta irregularidades, deberá requerir las correcciones necesarias dentro de los diez días hábiles siguientes.

A su vez, establece una flexibilización en lo referente al régimen de marcas y envases, permitiendo que los fraccionadores envasen GLP procedente de cualquier productor, importador o comercializador, incluso bajo distintas marcas o leyendas. En cuanto a la etapa de comercialización, el nuevo marco legal prohíbe expresamente que los fraccionadores impongan cláusulas de exclusividad o compromisos de compra a los comercializadores.

Asimismo, la medida redefine el alcance de la autoridad de aplicación, limitando su tarea a aspectos técnicos y de seguridad. “La Autoridad de Aplicación de la presente ley tendrá las siguientes funciones y facultades: a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia; b) Dictar las normas reglamentarias para cada una de las etapas de la actividad, exclusivamente a fines de seguridad”, detalla la medida.

Por último, se instruye informar a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, la cual posee facultades para evaluar la validez de los decretos delegados. Esta medida se enmarca en el estado de emergencia pública declarado por la Ley 27.742, que autoriza al Poder Ejecutivo a reorganizar organismos y funciones en el área energética.