Los sucesivos bonos de deuda emitidos por la provincia y garantizados a través de las regalías petroleras han significado un mal negocio para los habitantes de Chubut, que hoy sufren las consecuencias de una economía diezmada. La intermediación financiera, sin embargo, ha cosechado buenos dividendos, según se observa en la evolución comparativa de comisiones pagadas a lo largo de cada emisión. Claro que, como dice el refrán, la culpa no es del chancho…

No hay mucha complejidad en las operaciones, más allá de los nombres pomposos de cada etapa: los bonos son papeles que la provincia emite, a manera de un “pagaré”, que se coloca en mercados internacionales a cambio de fondos frescos, con la garantía de devolver a través de regalías petroleras.

La intermediación sería la de colocadores y asesores especializados en el mundo de las finanzas: estudios de abogados y contables que se especializan en ese tipo de mercados. Así, se paga una comisión por “Colocación y organización” (que resulta la más alta en cada caso, por ser la actividad central); “Asesoramietno jurídico de colocadores”, “Honorarios de calificadoras de riesgo”, entre otros. Tarea específica, que requiere conocimientos técnicos y contactos internacionales, pero que en términos sencillos consiste en buscar a los inversores interesados en cambiar dólares por un papel que asegura buena rentabilidad en pocos años, con un fuerte respaldo como el que ofrece Chubut por sus actividades hidrocarburíferas.

Las comisiones pagadas por colocar los “papelitos” de Chubut

La historia se remonta al año 2010, con la emisión del “Fideicomiso 2020” (año en que se terminó de pagar) en el segundo gobierno de Mario Das Naves, con una colocación de 138 millones de dólares y un costo total de emisión por 2,9 millones de dólares, equivalente al 2,14 por ciento del total autorizado a emitir.

Luego, en 2013, durante el gobierno de Martín Buzzi, se colocó el BODIC 1 por 220 millones de dólares, con una comisión de 2,8 millones de dólares, lo que representó el 1,27 por ciento del total colocado.

Un año más tarde, el BODIC 2, con casi 90 millones de dólares y un costo de emisión total de 1,3 millón de dólares, equivalente al 1,5 por ciento de la deuda colocada. Hasta aquí, estas dos comisiones resultan más bajas, de casi la mitad, que la aceptada en el primer endeudamiento.

Posteriormente, en 2016, con el BOPRO, que tuvo autorización para emitir deuda por 120 millones de dólares, aunque se colocaron finalmente 50, pero al pagarse la comisión sobre el total, el costo ascendió a 2 millones de dólares, equivalente al 1,69 por ciento.

Y por último, el BOCADE, que tomó deuda por 650 millones de dólares, a un costo de 4,2 millones de dólares, equivalente al 0,64 por ciento del total. Si bien ésta es la comisión más baja de todas las pagadas por emisión de deuda, ese “mérito” palidece ante la irracionalidad de un endeudamiento que hoy nadie en la provincia puede explicar, con precisión, en qué se invirtió.

El costo de la refinanciación

Al sumar las comisiones pagadas en cada emisión de deuda, se llega a un monto de 13,2 millones de dólares, a lo que debe sumarse el costo de la reestructuración, tal como informó ADNSUR el domingo 9 de mayo, por un costo final de 2,2 millones de dólares, sobre una comisión de 0,322 por ciento sobre el monto refinanciado, que asciende a 678,7 millones de dólares.

Una vez más: aunque la operación para refinanciar la deuda tuvo el costo más bajo de toda la serie anterior, el mérito (algo así como festejar un gol de tu equipo en los últimos minutos, cuando vas perdiendo 6 a 0) termina desluciéndose frente a la realidad de una provincia endeudada más allá de los límites racionales, pero sobre todo por la inviabilidad de los proyectos que iban a respaldarse con esa toma de deuda y que resultaron poco menos que “cartón pintado”.

A nivel nacional se impulsa una investigación judicial sobre los endeudamientos tomados con el FMI en el año 2018, por 44.000 millones de dólares, durante el gobierno de Mauricio Macri. En Chubut no hay cuestionamientos al procedimiento legal de los préstamos, porque todos tuvieron respaldo legislativo. Sin embargo, la legitimidad de tales decisiones es fuertemente cuestionable. 

Lo que la provincia ha gastado sólo en comisiones representa, por ejemplo, un perjuicio mucho mayor que todas las causas acumuladas de corrupción, tanto El Embrujo, Revelación y las que están por venir. Esta afirmación no va en desmedro de aquellas acciones judiciales, bienvenidas y necesarias, sino que busca enfatizar la importancia de los daños provocados por malas decisiones políticas.

Sólo una decisión en contrario, también política, que ordenase auditar el gasto ejecutado sobre el endeudamiento, para determinar en qué se gastó cada uno de los dólares que habrá que devolver con fuertes intereses hasta el año 2030, permitiría poner un límite para gestionar, en adelante, este tipo de operaciones. Por lo visto hasta aquí, de poco han servido. O de mucho: han sido un excelente negocio para intermediarios, a costa del sacrificio de más de 600.000 chubutenses.