RAWSON (ADNSUR) - Ante la prohibición expresa de la Constitución, que inhabilita a los Gobiernos a utilizar fondos de un endeudamiento para gastos ordinarios, el gobernador Mariano Arcioni le pidió al Superior Tribunal de Justicia una declaración de certeza (Expte. N°25.133, año 2019) para que lo autorice a usar fondos del BOCADE (Bono de Cancelación de Deuda) para liquidar los sueldos que restan de este mes a empleados estatales. 

Puntualmente, el Gobierno pidió la declarción de la "inconstitucionalidad del inciso 15 del artículo 135 de la Constituciónd el Chubut, en cuanto veda la posibilidad de utilizar el resultado de empréstitos públicos para equilibrar gastos ordinarios de la administración". 

El inciso 15 del artículo 135 menciona: "Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de sus miembros, para contraer empréstitos o captar fondos públicos con bases y objetos determinados mediante la emisión de títulos, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. Los papeles de crédito público llevan transcriptas las disposiciones de la ley autorizante. La aplicación del crédito a un objeto distinto del solicitado hace incurrir en falta grave a quienes lo autoricen o consientan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder". 

El gobernador Arcioni hizo una presentación la semana pasada a la Corte chubutense de esta acción, previendo alguna objeción de tipo constitucional al uso de estos fondos -que originalmente estaban previstos para obra pública y pago de deuda- para el pago de sueldos.

De todos modos, tal como anticipó ADNSUR este lunes, el Gobierno ya envió el proyecto pidiéndole autorización a la Legislatura y ya se está buscando el quórum para sesionar este jueves. Allí solicita autorización, en el marco de la grave crisis financiera que atraviesa la provincia, para utilizar hasta 15 millones de dólares (alrededor de 850 millones de pesos) del saldo disponible del BOCADE (Bono de Cancelación de Deuda), sobre un remanente de algo más de 80 millones de dólares que todavía tiene depositados la provincia en el Banco Chubut. 

La finalidad es para completar el pago de salarios de julio, cuyo último tramo debe abonar este viernes 29 de agosto.

Según pudo establecer ADNSUR, esta presentación ya tiene un dictamen de parte del procurador general, Jorge Miquelarena, quien consideró que no es necesaria tal declaración de certeza de la Corte ante un caso de este tipo. Explicó que el Gobierno está pidiendo que resuelva sobre un hecho a futuro y el Superior sólo puede resolver estas cuestiones sobre hechos que ya han ocurrido. 

Según trascendió, la Corte se reunirá este miércoles a resolver la cuestión de fondo, con una conformación integrada en su mayoría por conjueces, ya que el presidente, Mario Vivas, no está en la zona. El tribunal estará integrado por Alejandro Panizzi, Miguel Donnet, y tres camaristas de Trelew. 

Por lo tanto, habrá que esperar a mañana miércoles para ver qué definición tomará la Corte ante un tema polémico como es tomar un empréstito que se devolverán de aquí a varios años para el pago del último tramo de los salarios más altos del Estado, entre los cuales, paradójicamente, se encuentran los de los magistrados que deberán resolver al respecto.