El proyecto que comenzó a tratarse en Diputados apunta a incorporar a otros 3 millones de usuarios bajo el sistema de tarifas diferenciales, extendiendo un beneficio que ya rige en las provincias patagónicas, además de la localidad de Malargüe, en Mendoza y La Puna, en Jujuy.

El subsidio a la tarifa de gas en la Patagonia, que implica un costo del 40 por ciento sobre el valor total, quedó extendido por 10 años a través de su inclusión específica en el presupuesto nacional 2021, según se aseguró desde el despacho del senador Mario Pais ante la consulta de ADNSUR.

La inquietud fue trasladada porque el mismo legislador nacional había impulsado, en los últimos 3 años, un proyecto de ley para garantizar la prórroga del sistema hasta el año 2031, habida cuenta de que se vencimiento estaba previsto para fines de este año.

A  partir de su inclusión en el último presupuesto nacional, según se indicó desde el despacho del legislador chubutense, no será necesaria su discusión en una norma específica.

El sistema de subsidio a la tarifa de gas en la región se sostiene a partir de un aporte que realizan todos los usuarios del sistema de distribución de gas natural, que se elevó del 3 hasta el 5 por ciento, en un cargo adicional que se paga sobre las tarifas en todo el país, para conformar dicho aporte.

Ampliación para otras zonas del país

La iniciativa que comenzó a discutirse este lunes, en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto -que conducen los oficialistas Omar Félix y Carlos Heller-, cuenta con el aval de Sergio Massa y Máximo Kirchner y apunta a incluir a municipios de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, San Juan y Salta, que sufren bajas temperaturas y que no cuentan con ningún beneficio.

Además, según informó el Parlamentario.com, la iniciativa sería más extensa y abarcará nuevas regiones de las provincias de Córdoba y Santa Fe, además de otras localidades de Catamarca, Jujuy y La Rioja.

De ese modo, el proyecto contaría con apoyo desde todos los bloques, incluidos desde la oposición, por lo que se prevé pueda avanzar rápidamente y obtenerse la aprobación en la sesión prevista para el jueves de esta semana.

En este caso, el beneficio en la tarifa sería de un 30 por ciento para la mayor parte de los nuevos beneficiarios, que totalizan unos 2,3 millones de usuarios, mientras que otro medio millón contaría con descuentos del 50 por ciento, previa certificación de condiciones sociales vulnerables.

Discusión por el déficit del Estado

La discusión ahora está centrada en cómo se financiará la ampliación del subsidio. Si bien una parte importante se financia con el cargo que se realiza en las tarifas, hay estimaciones que dan cuenta de que el porcentaje debería incrementarse hasta el 5,2 por ciento, para recaudar alrededor de 25.000 millones de pesos anuales. Desde la oposición, incluso, se asegura que el costo sería mayor, hasta los 40.000 millones de pesos, lo que necesariamente derivaría en un incremento de aportes por parte del Estado nacional.