El STJ hizo lugar a la medida cautelar y la jueza Martini continúa como jueza de Rawson

La jueza María Laura Martini logró a su favor que se haga lugar a una medida cautelar y continuará como jueza de Rawson hasta que el Superior Tribunal resuelva en el conflicto de poderes entre el Consejo de la Magistratura y la Legislatura por el traslado aprobado en 2024.

Su caso motivó un fuerte cruce político, ya que la Legislatura reclamó que su pliego había sido aprobado en 2021 como jueza para Comodoro, y para un cambio de jurisdicción era necesario un nuevo acuerdo, que no concedió, exigiendo que volviera a su lugar de origen.

Ante esta situación de incertidumbre, la jueza -que argumenta que el sistema de traslados nunca había pasado por el Poder Legislativo porque la Constitución no lo exige- recurrió al Superior Tribunal con una acción declarativa de certeza sobre la interpretación del artículo 170, y en paralelo, con una medida cautelar para no innovar su situación laboral.

Quien confirmó esta información a ADNSUR fue la abogada particular de Martini, la doctora Cristina Pagasartundúa. La letrada repasó que “Martini en su momento rindió examen, fue designada por el Consejo de la Magistratura como jueza penal en Comodoro Rivadavia con el acuerdo de la Legislatura” y “ya cuando llevaba más de dos años en la función por razones personales y familiares pidió su traslado a la ciudad de Rawson”.

Sostuvo que en Rawson “justo en ese momento estaba vacante un cargo de juez penal no se había llamado a concurso con lo cual no había ningún perjuicio ni ninguna consecuencia hacia terceros” por lo que “el Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional encargado de resolver los traslados de los jueces, le acordó la conformidad en junio del año 2024”.

CONFLICTO

Indicó Pagasartundúa que “a partir de julio de 2024 ella asumió el cargo de jueza penal en la jurisdicción de Rawson” pero “un tiempo después se suscitó una cuestión que nosotros entendemos que es un conflicto de poderes, porque la Legislatura hizo una interpretación de la Constitución, porque no es lo que dice el artículo 170”.

Se trata del artículo que habla de los traslados, que según la abogada “prevé la figura del traslado de los jueces y dice que ningún juez es trasladado a jurisdicción distinta sin su consentimiento y la aprobación del Consejo de la Magistratura”.

Pero señaló que “la Legislatura, haciendo una extraña interpretación dijo que era necesario para el traslado el requisito también del acuerdo legislativo como si se tratara de un nombramiento, es extraña porque no era el primer traslado que ocurría en la provincia de magistrados había habido muchos otros”.

Lo llamativo, para la letrada, es que “en ningún otro caso la Legislatura había pretendido esta interpretación ni digamos interferir en el procedimiento de los traslados, siempre los traslados de los jueces y juezas en la provincia del Chubut se hicieron de la misma manera”.

Explicó además que una vez que el Consejo de la Magistratura aprueba, “luego el Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano de superintendencia, pone en funciones al juez, y esto fue lo mismo que hizo con el caso Martini”.

“Pero en este caso la Legislatura dijo que faltaba el requisito el acuerdo legislativo, hubo entre medio un dictamen del Fiscal de Estado que indicó que era un acto complejo y sugirió que la Legislatura debía dar o no dar el acuerdo” por lo que “en noviembre es decir cuando ya la jueza tenía seis meses trabajando en Rawson la Legislatura solicitó los pliegos el pliego de la doctora los antecedentes y decidió no darle el acuerdo para el traslado”.

SITUACIÓN COMPLICADA

Ante esta decisión -explicó la abogada Pagasartundúa-  “Martini quedó en una situación muy complicada” ya que “el órgano competente constitucionalmente le había autorizado el traslado, su jefe que es el Superior Tribunal de Justicia le había puesto en funciones y otro poder extraño, el Poder Legislativo no le parecía” por lo que “esto fue el contexto que obligó a la doctora Martini a recurrir a la justicia”.

Concretamente, se plantean dos acciones, dijo la letrada: “primero una que se llama es una medida cautelar previa a una acción declarativa de certeza” ya que “la medida cautelar buscaba mantener la situación laboral de la doctora Martini como jueza de Rawson hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.

“Y la acción de fondo que ya a esta altura está también iniciada es una acción declarativa de certeza para que el Superior Tribunal de Justicia determine si está bien el procedimiento que se llevó a cabo con el traslado de la doctora Martini”, explicó.

En ese sentido “la acción de la medida cautelar tiene que ver con que no se modifique la situación, o sea que ya pueda permanecer hasta tanto no esté determinado cuál es el procedimiento para los traslados en la provincia de Chubut de los jueces”.

Finalmente, indicó Pagasartundúa que el Consejo de la Magistratura ya evaluó el desempeño de Martini “porque se cumplieron tres años de la de su designación y se la declaró idónea en lo personal y en su desempeño para continuar en el cargo”.

Y respecto a la denuncia presentada por el condenado en el juicio de la Masacre de Pingüinos, sostuvo que “la doctora no fue notificada formalmente de esa denuncia, no obstante buscamos en las actas en la página del Consejo de la Magistratura y encontramos el acta donde se trató la denuncia y ya fue desestimada”.