RAWSON (ADNSUR) -  En una economía jaqueada por compromisos muy difíciles de cumplir, tanto en Chubut como en otras provincias e incluso a nivel nacional, una palabra empezó a circular con fuerza en las últimas horas a nivel mediático: se trata del tan temido concepto de la “cuasi moneda”, que en el idioma de la calle, la gente lo traduce como un “papelito de colores”, recordando aquellas épocas posteriores a 2001 cuando circularon los Patacones y las Lecop. El ciudadano de a pie, el asalariado, recuerda con terror aquellos tiempos en que debía recorrer distintos comercios para ver quién aceptaba esos billetes paralelos a los oficiales emitidos por el Banco Central. Por eso, la aparición de ese concepto juega hoy un rol casi “desestabilizador” y pone los pelos de punta al gobierno nacional, que en medio de las negociaciones con el FMI, quiere alejar toda señal de descalabro en las economías provinciales.

Cuando el gobierno chubutense reconoció en los últimos días que está pensando en un bono para cancelar obligaciones, medios nacionales comenzaron a difundir especulaciones sobre el inminente lanzamiento de un papel para ser canjeado en comercios por los empleados públicos. Ante estas versiones, las fuentes gubernamentales consultadas por ADNSUR fueron tajantes en desmentir la información, y sostuvieron que, en primer lugar, las cuasi monedas son “ilegales” y que incluso podrían caberle sanciones penales a los funcionarios que las emitieran.

Especialistas en materia económica explicaron a esta columna que de acuerdo a la Constitución Nacional, los estados provinciales delegaron la facultad de emitir moneda en el Congreso de la Nación, y además, explicaron que la Ley 24.144 establece en su artículo 30 que el Banco Central de la República Argentina es el “encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación Argentina”, por lo que “ningún otro órgano del Gobierno Nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes ni monedas metálicas ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda”.

También abogados consultados por este medio aclararon que el Código Penal establece en su artículo 287 que “serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.”

Uno de los letrados especificó que “la Corte Suprema ya dijo que corresponde distinguir entre la facultad de emitir títulos de deuda y de acuñar moneda, concluyendo que la permisión legal de emitir títulos de deuda provinciales no conlleva la autorización para que las provincias emitan moneda, y cuando aquellos se asimilan a ésta, incurren en violación de la Constitución”.

¿CÓMO SERIA EL BONO?

Descartada la emisión de una cuasi moneda, la consulta de ADNSUR fue ¿qué tiene en mente el gobierno cuando reconoce públicamente que piensa en un emitir nuevo bono? En primer lugar, la respuesta es que aún todo está en terreno del análisis, y que no hay definiciones concretas. En principio, se estaría pensando en una herramienta financiera similar a las características de otros bonos como el Bodic o el Bocade, pero en vez de ser emitidos para tomar fondos, tendrían la finalidad de cancelar deudas a futuro. ¿Qué tipo de deudas pueden estar incluidas en este nuevo bono? No está claro todavía, pero podrían ser todo tipo de compromisos que hoy el gobierno no está en condiciones de cumplir en lo inmediato, y que podrían entrar en un terreno negociable y voluntario para ser cancelados en un futuro cercano, aunque tampoco definido.

Más allá de que son pocas las precisiones, porque tampoco está claro aún qué tipo de interés podría reconocer este bono en el tiempo y a quiénes estaría dirigido –aunque esta semana el gobernador Mariano Arcioni y el ministro Fabián Puratich reconocieron, por ejemplo, que están hablando del tema con representantes de trabajadores de la Salud a quienes se adeudan compromisos salariales de 2019-, lo que sí es un hecho es que en la cabeza del gobierno tienen en mente la creación de una herramienta de ingeniería financiera, como la emisión de un título público que pudiera ser negociable en el mercado financiero y que cotice en la Bolsa de Valores.

Al igual que otros bonos que ha emitido Chubut tiempo atrás, podría tener como garantía los futuros ingresos por coparticipación o por regalías petroleras, según reconocieron en despachos oficiales. Pero fueron tajantes en asegurar que “no hay plazos aún, ni tampoco destinatarios concretos, todo está en terreno de análisis”, atajándose ante la repercusión que esto podría generar en la cabeza de potenciales destinatarios.

MALAS EXPERIENCIAS

Ante la consulta de ADNSUR por la mala experiencia que significó para las pymes de Chubut el caso del Ticadep, lanzado para cancelar deudas con comerciantes locales que aún se lamentan por la pérdida de su poder adquisitivo, la explicación fue que a diferencia de ese título “cerrado” y “obligatorio”, que debió ser aceptado porque así lo marcaba una ley con un solo operador como el Banco del Chubut, en este caso se trataría de un título “voluntario” y “canjeable”, es decir, negociable en el mercado financiero con garantías de ingresos provinciales a futuro.

“No se piensa en salir a buscar plata, sino en pagar deuda a futuro”, es lo que explicó un funcionario a esta columna, ante la consulta por el parecido con el Bodic y el Bocade, que también fueron títulos públicos con las garantías de las regalías, y cuyas cancelaciones periódicas traen hoy tantos dolores de cabeza a las cuentas provinciales.

El problema con esos bonos fue que en el primero, emitido en la gestión de Martín Buzzi, el dinero en pesos se devaluó y no alcanzó para hacer las obras comprometidas; y en el segundo, lanzado en la tercera gestión de Mario Das Neves, fue que la mitad del dinero se destinó para obra pública y la otra mitad se terminó usando para gastos corrientes, como pago de sueldos en los municipios, y en saldar viejas deudas con distintas empresas, en un listado que nunca quedó claro, y que incluso dio lugar a una causa penal como Revelación, en la que se acusa a un grupo de funcionarios de integrar una asociación ilícita que recaudaba fondos provenientes de los aportes de empresas de la construcción, que depositaban un porcentaje para que acceder a la cancelación de sus obligaciones.

Si llega a tomar la decisión finalmente de lanzarlo al mercado, el desafío que enfrenta el actual gobierno chubutense ante estos malos ejemplos de gestiones anteriores, será que la provincia logre ser confiable ante los potenciales destinatarios de este bono, y que pueda convencer a los nuevos acreedores de que es mejor negocio para ellos tomar ahora un titulo de cancelación de deuda que puede ser negociable, que esperar el pago inmediato en efectivo, en una provincia con un déficit mensual de 1100 millones sólo en salarios, sin contar el resto de las obligaciones.