El Gobierno reactivó la motosierra: disolvió, fusionó y transfirió más de una decena de entes clave
A través del decreto 396/2025, la gestión nacional comenzó una nueva etapa de su plan de ajuste y desregulación, transformando organismos técnicos importantes para reducir el sobredimensionamiento estatal y centralizar funciones.
En una ofensiva de última hora, el Gobierno nacional profundizó la reestructuración del Estado y avanzó con una serie de decretos que disuelven, fusionan o transfieren más de una decena de organismos, regímenes y comisiones bajo la órbita del Ministerio de Economía, principalmente en las secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Obras Públicas.
Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial a veinte días del vencimiento de las facultades delegadas autorizadas por la Ley de Bases, marcan un nuevo capítulo en la política de ajuste y desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.
DECISIONES A CONTRARRELOJ Y SIN LA FIRMA DE STURZENEGGER
Los decretos 396/2025, 408/2025 y 410/2025 llevan las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, pero no la del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a pesar de que el propio funcionario había anticipado en medios la profundización de la denominada “motosierra” antes del 8 de julio, fecha en la que expiran las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso.
Según fuentes oficiales, la actividad de reforma y desburocratización del Estado continuará después de esa fecha, aunque con un alcance y características diferentes, ya sin el paraguas de las facultades delegadas que permiten eludir el trámite parlamentario.
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA: DE DESCENTRALIZADO A CENTRALIZADO
El decreto 396/2025 dispuso que el Instituto Nacional del Agua (INA) deje de ser un organismo descentralizado para pasar a formar parte de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas. Esta decisión implica que el INA pierde la autonomía administrativa y financiera que le permitía, entre otras cosas, el cobro de aranceles, tasas y tarifas para su propio financiamiento.
En los considerandos, el Gobierno argumentó que las competencias del INA “pueden ser desarrolladas con igual grado de eficacia, rigor y profesionalismo desde la Administración Pública Nacional centralizada”, y que la medida permitirá “fortalecer la coordinación de las políticas públicas en materia de infraestructura hídrica”, además de simplificar la estructura administrativa y suprimir unidades de apoyo consideradas redundantes.
FUSIÓN DE ORGANISMOS TÉCNICOS: INPRES Y SEGEMAR
El mismo decreto establece la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) en el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). El objetivo es “dar mayor eficiencia administrativa y funcional” aprovechando que ambos organismos comparten campos de actuación vinculados a la geociencia, el estudio del subsuelo, los riesgos geológicos y la gestión territorial.
La fusión, según el Ejecutivo, permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales, en línea con los objetivos estratégicos del Estado en materia de planificación territorial y gestión de emergencias.
DIAGNÓSTICO DE UNA ESTRUCTURA “ONEROSA”
La reestructuración se apoya en un informe presentado en febrero por la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que relevó la existencia de 40 organismos desconcentrados y 71 descentralizados en la Administración Pública Nacional, con un total de 477 autoridades superiores.
El informe destaca que la planta de personal pasó de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024, lo que representa un incremento del 148,3% en catorce años, considerado por el Gobierno como una estructura “excesivamente onerosa” para el Estado.
GANADERÍA: DISOLUCIÓN DE REGÍMENES Y ENTES DE PROMOCIÓN
El decreto 408/2025 concentra el mayor número de disoluciones, en este caso en el área de Ganadería. Se eliminan el Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas y su Comisión Asesora Técnica, el Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda y el Registro Nacional de Sericicultura, el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina y su Comisión Asesora Técnica, el Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, y el Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis (búfalos de agua), junto con el Consejo Federal Bubalino.
El Gobierno derogó las leyes que habían creado estos organismos, argumentando que respondían a “un escenario productivo, institucional e histórico muy diferente al actual”. La administración Milei sostiene que, en el nuevo contexto, la política nacional apunta a reducir la intervención estatal y maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, revisando funciones consideradas redundantes o superpuestas para asegurar una asignación más racional y focalizada de los recursos.
SANIDAD VEGETAL: DEROGACIÓN DE REGISTROS Y GUÍAS OBLIGATORIAS
El decreto 410/2025 deroga la ley 17.606 de 1968, que obligaba a productores y comercializadores de plantas a inscribirse en un registro oficial y a despachar sus productos con una guía de sanidad específica.
El Gobierno justificó la medida señalando que esas competencias ya están bajo la órbita del Senasa y que la normativa derogada representaba una “carga innecesaria” para el Estado, generando burocracia y costos administrativos para la ciudadanía, además de imponer restricciones consideradas desproporcionadas para productores y comerciantes.
