RAWSON (ADNSUR) - El gobierno adjuntará expedientes de algunas escuelas y una auditoría realizada por la Contaduría General, con las que busca demostrar que se estaría ante acciones que podrían encuadrar en la presunta violación de los deberes de funcionario público –en el caso de los directores responsables- y presunta retención indebida, para aquellos docentes que se demuestre que lo han percibido.

En la denuncia –a la que tuvo acceso de manera exclusiva ADNSur- se expresa que la Contaduría General de la Provincia efectuó un relevamiento en las oficinas del Ministerio de Educación y también en la escuela N° 7705 de Rawson, que dio como resultado de esa auditoría que durante los últimos dos años y medio, el presupuesto educativo viene sufriendo “una pérdida monetaria mensual de aproximadamente 38 millones de pesos, ya que tales sumas dinerarias no reingresan a las arcas estatales dado el incumplimiento de aquellos actos de oficio contables y de rendiciones que tienen los directores encargados de las instituciones educativas de nuestra provincia, como así también la indebida retención por parte de los docentes que perciben los haberes y no los restituyen”.

Para el gobierno, según esta denuncia que presentará el Fiscal de Estado, la maniobra es “un manifiesto ardid”, ya que los directores de los establecimientos “omiten o retardan realizar los respectivos informes hacia el Ministerio de Educación para que el mismo organismo efectúe la baja de los haberes”, como así también “de aquellos agentes de la educación pública que reciben aquellos haberes indebidos en su cuenta bancaria y no los informan a través de los informes de devolución que deben presentar”. Justamente esta metodología había sido denunciada por el ex subsecretario de Educación, Daniel Ehnes, quien renunció hace dos semanas a su cargo.

LA MANIOBRA

De acuerdo a la denuncia del gobierno, la maniobra consistiría en una “omisión por parte de los directores de los establecimientos educativos de informar al Ministerio de Educación el pago de haberes indebidos a los agentes cuyos cargos han dejado de prestar servicios, ya sea por renuncias, cambios de funciones, ceses de suplencias o licencias sin goce de haberes y sin embargo se les continúa abonando por varios meses los sueldos de los cargos como si los hubieran continuado prestando”.

Y a los docentes -aunque en ningún caso da un nombre y apellido en forma puntual-, los acusa porque “a sabiendas de que reciben mensualmente en su cuenta bancaria haberes indebidos por cargos u horas cátedras que no cumplen, no efectúan el trámite administrativo respectivo a los efectos de dar conocimiento de tal irregularidad y por ende de evitar de que lo sigan percibiendo”.

El planteo de Fiscalía de Estado es que si bien se puede cuestionar al estado provincial su responsabilidad por la enorme suma de dinero que mensualmente pierde, “dado que posee un sistema anacrónico y deficitario” de liquidación de sueldos, en realidad “la única manera que tiene el Ministerio de Educación de poder ingresar la baja de las horas y/o cargos de los agentes de la educación se materializa a través de la información que deben brindar los encargados de la rendición y administración de las unidades educativas, es decir a través de los directores”.

Para el gobierno, los directores –a los que se refiere de manera general sin individualizar caso por caso- lejos de agilizar las bajas utilizando un nuevo sistema de información exigido por Educación,  “hacen caso omiso generando lo que pareciera un indicio de connivencia clara para que los docentes sigan teniendo estos salarios en exceso o indebidos, que en la práctica se traducen como préstamos a tasa cero y en cómodas cuotas”.

 

RETENCIÓN INDEBIDA

Una parte importante de la denuncia penal que se presentará en las próximas horas, apunta contra la falta de acción de los docentes, quienes “a sabiendas que percibieron haberes indebidos, hacen caso omiso del trámite administrativo correspondiente para lograr en definitiva que la Provincia a través de las áreas pertinentes inicien el trámite administrativo de recupero monetario”. En este sentido, se expresa que del relevamiento de la auditoría efectuada, surge que “muchos docentes percibieron sumas dinerarias en exceso, que se resumen en cientos de miles de pesos, lo cual genera la imposibilidad de que el agente alegue su desconocimiento en la detección de cobros de haberes indebidos”.

Argumenta el estado en esta denuncia que el efecto de esto es que “genera un incremento en los aportes y contribuciones tanto de obra social Seros, como los previsionales al ISSyS, generándoles créditos a favor de dichas instituciones, sin corresponder, por no haber trabajado los agentes”. Por ello sostienen que “la falta de aviso por parte del agente que se encuentra percibiendo haberes incorrectos hacia el responsable del establecimiento educativo”, se encuentra tipificado en el inciso 2º del artículo 173 del Código Penal, “considerándose como casos especiales de defraudación”.

Concluye la acusación contra los docentes que estarían reteniendo “como propia una cosa que le es ajena, con conciencia de que se tiene la obligación de restituir”, lo que demostraría que “tiene ánimo de conservar la cosa para sí, a fin de tener un beneficio patrimonial”.