El gobierno de Chubut apunta a captar la renta energética a través de EPECH: la absorción de cooperativas deficitarias y $1.500 millones para renovables

Uno de los aspectos más relevantes del estatuto de EPECH S.A. es su amplio objeto social, que le permite incursionar en múltiples áreas estratégicas. Si bien el foco principal es la energía eléctrica en todas sus fases (explotación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización), la empresa no se limita a las fuentes tradicionales.

Un punto clave es la inclusión específica de la investigación, desarrollo, exploración, explotación y comercialización de recursos electroenergéticos renovables y no renovables.

Esto significa que EPECH S.A. está facultada para construir, adquirir y operar centrales hidroeléctricas, térmicas, eólicas, solares y otras fuentes de energía eléctrica disponibles. Además, puede dedicarse al desarrollo y generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como la eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, de biomasa e hidrógeno.

Más allá de esos objetivos para el mediano plazo, en el ‘corto’ la Empresa Provincial de Energía de Chubut (EPECH) podría absorber el funcionamiento de algunas cooperativas fuertemente deficitarias de la provincia.

Absorción de cooperativas de Rawson, Sarmiento y de Servicios Públicos

En efecto, en otro de los roles que podría cumplir la empresa provincial EPECH se vincula a los servicios de distribución.

En ese sentido, uno de los técnicos que colaboró en la elaboración del proyecto comentó que una situación en la que podría intervenir la nueva empresa es en relación a la cooperativa de Rawson, que atraviesa una situación de quebranto por tarifas atrasadas y una elevada deuda con CAMMESA, que ha derivado en embargos de sus cuentas y torna a la entidad prácticamente inviable.

Fuentes cercanas al despacho gubernamental no desconocieron esa posibilidad y sumaron incluso otra cooperativa con problemas similares, como es la de la ciudad de Sarmiento, Coopsar. Días atrás, el intendente de la localidad, Sebastián Balochi, admitió la sintonía con el proyecto provincial, pero reiteró que su gestión impulsa también la creación de una empresa con participación municipal, por lo que habrá que ver cómo se armonizan ambas iniciativas.

En todo caso, según aclaró otra fuente vinculada al ámbito jurídico, el tema no puede ser resuelto unilateralmente por la provincia, ya que los municipios continúan siendo poderes concedentes; por eso, deberá ser una medida consensuada.

Precisamente, uno de los aspectos que se priorizó en la ley aprobada el jueves, en comparación al primer proyecto enviado semanas atrás, es preservar el respeto a las autonomías municipales.

Un ámbito en el que sí se daría un rápido avance de EPECH es en la absorción de Servicios Públicos. En ese plano, el primer paso se daría en la zona de la cordillera, donde hay una serie de situaciones que buscarán corregirse, a partir de la falta de criterios técnicos para la fijación de la tarifa, con servicios que se prestan y no llegan a cobrarse, como la distribución de agua, o también la situación que atravesó años atrás la localidad de Lago Puelo, donde directamente no se facturaba a los usuarios el servicio de distribución de energía eléctrica.

Ese tema es un punto de tensión con el sindicato de Luz y Fuerza, ante quienes desde el ámbito gubernamental se brindaron garantías de que el personal de Servicios Públicos será absorbido por la nueva empresa.

Los 1.500 millones del ENRE que se destinarán a un proyecto de energías renovables para el interior

La creación de la empresa provincial se vio complementada con otra ley aprobada el jueves, que consiste en la intervención del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE).

Esta agencia ya divulgó los detalles que llevaron al gobernador a impulsar el descabezamiento del organismo, también de estrecha vinculación con Luz y Fuerza, a partir de los altos costos que erogaba y un presupuesto de 1.500 millones de pesos que el organismo pensaba destinar a un negocio inmobiliario.

Según confió a esta agencia una calificada fuente de Fontana 50, esos fondos serán destinados al desarrollo de un proyecto de energías renovables, a fin de reemplazar los motores a combustión que hoy alimentan a localidades del interior, a un alto costo y con problemas en la continuidad del servicio.

De acuerdo con esa visión, el gobernador apunta a conformar un Ente Regulador de funcionarios con capacidad y conocimiento para la fijación de tarifas con criterio técnico, avanzando progresivamente hacia un valor uniforme para toda la provincia y basado en los costos reales de generación.

Precisamente, otra de las funciones de EPECH que algunos imaginan podría ser la mediación ante CAMMESA para la compra de energía (que a partir de la desregulación que impulsa el gobierno nacional, ya no tendrá el monopolio de la venta, por lo que se podría comprar en forma indistinta a diferentes generadores), lo que a su vez deberá ser sustentado por una tarifa acorde, para poder afrontar la compra del insumo.

Desde ese punto de vista y frente a la política del gobierno nacional de eliminar los subsidios en forma acelerada, crecerá la importancia de obtener nuevas fuentes de generación, con el propósito de atenuar los impactos y garantizar la asequibilidad de la energía en el territorio provincial.

La pulseada que viene con Nación por las represas

Hay una apuesta del gobierno provincial, que consiste en adquirir protagonismo en la generación de energía, con la mirada puesta en el próximo vencimiento de la concesión de Futaleufú.

Además de la creación de la empresa provincial, la ley también establece la creación del Mercado Eléctrico Mayorista del Chubut (MEMCH), administrado por EPECH SA. Según la norma, el objetivo es "promover la participación en la renta energética en todo el territorio de la provincia en función del uso de los recursos naturales afectados a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica".

En definitiva, el gobierno provincial busca insertarse en el negocio de la generación de energía no sólo regulando, sino también operando directamente a través de EPECH SA. La participación en la renta se lograría al ser el accionista mayoritario de la empresa, que erá el Estado provincial, con un 60%, dirigiendo su cuota parte de las ganancias ("utilidades netas") hacia un fondo destinado a inversiones en infraestructura, alineando así el objetivo de rentabilidad económica con el desarrollo estratégico provincial.

Por eso adquiere relevancia el vencimiento de la concesión de Futaleufú, el próximo 15 de junio. Se trata de un tema que el mandatario provincial viene anunciando desde antes de ganar las elecciones, cuando en abril de 2023 interpuso una acción declarativa de certeza ante el Juzgado Federal N°1 de Rawson, solicitando se declare a la provincia de Chubut como “la única y exclusiva legitimada para concesionar nuevamente o explotar en forma directa las centrales hidroeléctricas”.

Ese recurso judicial no tuvo resultados concretos, pero el gobernador ha reiterado su postura en varias oportunidades y lo intensificó en los últimos meses: “El recurso del agua es provincial y por lo tanto, ante el vencimiento de Futaleufú, que se va a estar discutiendo este año, el poder concedente tendría que ser la provincia y no de la Nación”, le dijo Torres a esta agencia, semanas atrás, citando lo que establece la Constitución Provincial.

La pelea con el gobierno nacional, por ese objetivo, no será sencilla. En la concesión que vence el próximo 15 de junio, Chubut tiene un 39% de participación, en una sociedad controlada mayoritariamente por un grupo encabezado por ALUAR. Para asumir una participación mayor o quedarse con el control de la presa, habría que escuchar el ‘precio’ que puso el presidente Javier Milei en las últimas horas:

“Si quieren participar, que paguen”, dijo el líder libertario esta semana, en el marco de la discusión que mantiene con los gobiernos de Neuquén y Río Negro por las represas de esas provincias. Entre las condiciones con las que Nación busca licitar nuevamente esos complejos, cedió un cupo del 10% para los Estados provinciales, pero deberían pagarlo al mismo precio que los privados.

“Chubut se va a tener que mirar en el mismo espejo que Neuquén y Río Negro”, dijo un dirigente de la oposición, poniendo límite a la expectativa del gobierno provincial.

El pensamiento del gobernador sobre las represas también quedó plasmado en julio del año pasado, en un acto Aniversario de la villa Florentino Ameghino: “Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que, de una vez por todas, esta represa vuelva a donde tiene que estar, que es en manos de todos los chubutenses”, dijo en esa oportunidad. El vencimiento de la concesión de esa planta hidroeléctrica tiene un vencimiento más lejano, en el año 2044.

Los nombres para EPECH Y EL ENRE ad honorem

Desde el gobierno ya se tienen apuntados los nombres que eventualmente ocuparán los principales cargos en la nueva empresa, como también en el ENRE, que además funcionará ad honorem, según definió Torres días atrás. Será un fuerte contraste, frente a los sueldos de más de 8 millones de pesos que hoy dispone el organismo para cada uno de sus 3 integrantes, ubicándose en el punto más alto de la escala salarial provincial.

Como interventor de este organismo, la figura que tendría en mente el gobernador es el del actual de ministro de Economía, Miguel Arnaudo.

Para el Directorio de EPECH, Torres propondría como presidente al actual secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, mientras que el rol de gerente de la empresa quedaría en manos de su número dos en el cargo, Ezequiel Suazo, ex gerente de la SCPL.

La conformación del Directorio contará con cinco directores titulares y tres suplentes. Esta conformación refleja la dualidad de accionistas prevista, distribuyendo la representación entre el Estado Provincial y los futuros participantes privados.

Los accionistas de Clase A, que representan el 60% del capital social y corresponden a la Provincia del Chubut, designarán a cuatro directores titulares y dos suplentes. Dentro de esta mayoría estatal, se asegura la representación del Poder Ejecutivo (dos titulares y un suplente), de la primera minoría parlamentaria (un titular y un suplente), y de los trabajadores (un titular).

Por su parte, los accionistas de Clase B , que representarán el 40% del capital, tendrán derecho a designar a un director titular y un suplente. El estatuto especifica que el presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, mientras que el vicepresidente también será designado por el Poder Ejecutivo.

El estatuto señala que la asamblea general ordinaria de accionistas "establecerá las asignaciones mensuales que han de percibir los directores y síndicos", anualmente. Otro de los cambios acordado con la oposición fue la participación de un síndico y un director propuesto por la oposición parlamentaria, a fin de garantizar un mejor control de funcionamiento, algo que no estaba contemplado en el primer proyecto enviado a Legislatura, semanas atrás.